Ciudad de México, a 22 de febrero. Durante la conferencia matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, detalló que el Gobierno de México sustenta la necesidad de cambiar el actual sistema electoral por tres razones fundamentales:
1. El sistema electoral mexicano es uno de los más caros del mundo
El costo de las instituciones electorales por persona (en dólares) es: Estados Unidos, 23.8; Canadá, 9.3; México, 9.07; Perú, 7.3; Nicaragua, 7.3; Ecuador, 6.1; Guatemala, 6; Argentina, 5.6; Chile, 5.3; Brasil, 4 y Colombia, 2.7.
Los 33 órganos electorales existentes en el país -el Instituto Nacional Electoral (INE) y 32 locales- tienen un presupuesto conjunto de 49 mil 838 millones de pesos (mdp) para 2024.
Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene un presupuesto de tres mil 622 mdp. Los partidos políticos nacionales recibirán 10 mil 444 mdp, y los partidos locales, ocho mil 390 mdp, es decir, un total de 18 mil 834 mdp. El financiamiento público para las elecciones de 2024 asciende a 72 mil 294 mdp.
2.- Duplicidad de funciones
Entre el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), tiene lugar la duplicidad de funciones, debido a que los institutos estatales llevan a cabo sus propias elecciones.
Igualmente sucede con el TEPJF, que resuelve todos los asuntos que llegan a los tribunales electorales estatales.
Ante ello, el planteamiento de reforma del Ejecutivo federal propone:
- Reducir a la mitad el financiamiento ordinario y de campañas de los partidos políticos.
- Eliminar por completo el financiamiento para actividades partidistas específicas, lo cual generará ahorros superiores a 32 mil mdp en el periodo de 2025 a 2030.
- Creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) en sustitución del INE y con la tarea de absorber todas las funciones de los OPLE.
- Fortalecer al TEPJF, que absorbería las funciones de los 32 tribunales electorales.
Con ello, se podrá reducir el número de 11 a nueve consejeras y consejeros, y que su periodo ya no sea de nueve años, sino de seis, y esa misma reducción para las magistradas y los magistrados electorales; en ambos casos, sin posibilidad de reelección.
Un elemento fundamental de esta iniciativa de reforma es que tanto consejeros como magistrados sean electos por voto popular; “hoy conocemos que estas negociaciones se dan en la cúpula de los partidos, se dividen a través de cuotas, te tocan tantos magistrados, te tocan tantos consejeros electorales y eso ha trastocado nuestra democracia.
“Democracia directa, que sea la ciudadanía los que elijan quiénes son los consejeros que integran al INEC y quiénes serán los magistrados y magistradas que integren el Tribunal Electoral; esto se hará junto con la otra propuesta del Poder Judicial en una elección extraordinaria, que de aprobarse la reforma se llevaría a cabo el próximo año.”
Por el otro lado, eliminar 200 diputaciones y 64 senadurías plurinominales que no se eligen por voto directo.
Con lo anterior, el Congreso quedaría con 300 diputadas y diputados y con 64 senadoras y senadores, todas y todos electos por el principio de mayoría relativa en los distritos y en los estados que representen, lo que garantiza arraigo, legitimidad y rendición de cuentas.
Para el caso de las entidades federativas también se plantea que se eliminen las y los diputados plurinominales, en total 459, aunado a que los estados con menos de un millón de habitantes tendrán hasta 15 diputaciones, mismos que podrán ir incrementando en uno por cada 500 mil habitantes, hasta un máximo de 45.
Se reduce el número de regidores y concejales. Solo habrá una sindicatura por ayuntamiento, y hasta nueve personas regidoras y concejales, en función al número de habitantes del municipio o la alcaldía.
3.- Fortalecer la democracia con consultas populares y la revocación de mandato
- Se reduce de 40 por ciento a 30 por ciento el porcentaje de participación requerido para que sean vinculantes, es decir, el equivalente a 30 millones de votos.
- Las consultas se realizarán el mismo día de las elecciones ordinarias (cada tres años en consultas populares, y cada elección intermedia en revocación de mandato).
- Se permite que los temas electorales y las obras de infraestructura puedan ser consultados.
- Permitir el registro de nuevos partidos políticos cada tres años.
- Las organizaciones ciudadanas podrán registrarse como partidos políticos cada 3 años antes del proceso electoral, y no cada seis años después de las elecciones, como sucede actualmente.