Más de 50 organizaciones de la sociedad civil firmaron un comunicado a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para pedirle que incluya las siguientes propuestas clave en materia de movilidad y seguridad vial en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND).
En el eje de desarrollo con bienestar y humanismo:
Establecer medidas integrales para disminuir los siniestros viales derivados del exceso de velocidad y por conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, con énfasis en áreas urbanas de alta incidencia.
Actualizar el marco normativo que regula a los vehículos motorizados, de dos y cuatro ruedas, para priorizar la protección de los usuarios vulnerables, protegiendo con ello a todos los usuarios de la vía.
Promover la formación de conductores responsables mediante capacitaciones rigurosas y estrictas evaluaciones periódicas tanto teóricas como físicas, psicológicas y de capacidades para la obtención de licencias de manejo.
Proteger a las infancias que viajan en auto.
En el eje de economía moral y trabajo.
Financiar la movilidad segura con énfasis en el desarrollo del transporte público, infraestructura segura que contemple y perdone el error humano y que cree espacios seguros para peatones y accesible a personas con discapacidad.
Promover la modernización de las flotillas públicas con enfoque en seguridad vehicular, eficiencia, sostenibilidad y desempeño ambiental.
Implementar un etiquetado nacional de seguridad vehicular que informe a los usuarios sobre el desempeño de protección y especificaciones de seguridad de cada vehículo.
Mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia para atender siniestros viales, con énfasis en zonas de alta incidencia.
En el comunicado se señala que, en México, los siniestros de tránsito cobran anualmente la vida de más de 16,000 personas, causando lesiones a 142,000 y produciendo discapacidad permanente a 40,000 personas.
Además del imponderable sufrimiento humano que causa, provoca altísimos costos económicos a la sociedad y al Estado Mexicano, estimados entre el 1% y el 3.5% del PIB.
“Esta es una emergencia de salud pública que exige una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades” comentan las organizaciones.
“La inclusión de estos objetivos en el PND 2025-2030 fortalecerá el trabajo ya iniciado, asegurando que los derechos adquiridos se traduzcan en políticas públicas efectivas y duraderas, priorizando la vida, la salud y la inclusión de grupos vulnerables como niñas, niños, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad”, finalizaron.