El Congreso de la Unión adjudicó al titular de la SSPC la coordinación y dirección de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, además de apoyar a la titular de la Presidencia en materia de seguridad nacional.
La Operación Enjambre, dirigida contra altos funcionarios públicos y policiacos corruptos en el Estado de México, se delineó bajo una sigilosa y novedosa estrategia de investigación e inteligencia, concepto que ya fue legislado en el Congreso de la Unión para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, orqueste por ley este modelo en coordinación con otras dependencia federales y estatales a nivel nacional, privilegiando así “el uso de la inteligencia sobre la fuerza”.
La nueva legislación también faculta a García Harfuch para coordinar y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad, así como para auxiliar a la presidenta Claudia Sheinbaum en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para auditar fondos de ayuda federal para la seguridad pública.
Además, permitirá la coordinación con las fiscalías o procuraduría generales de Justicia de las 32 entidades federativas, además de que la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública será un mecanismo de coordinación de las instancias de seguridad que permitirá la vinculación de las instituciones de seguridad con la Fiscalía General de la República (FGR).
Con esta iniciativa que aprobaron la Cámara de Diputados y la mayoría de los Congresos estatales se concreta la conformación de una estrategia novedosa que dirigirá García Harfuch con amplias atribuciones, como la investigación especializada de los delitos que compartirá con el Ministerio Público y la Guardia Nacional (GN).
En la práctica esto se traducirá, según lo planteado, en que la inteligencia naval, militar y financiera se integren en un solo mecanismo de consulta y se generen productos cibernéticos operables por parte de agentes de investigación.
Con este nuevo sistema de inteligencia las dependencias encargadas de la seguridad podrán hacer uso de la tecnología para anticiparse a los delitos, identificar patrones, comprender las dinámicas de las zonas con mayor incidencia, así como dar pie a estrategias más efectivas para combatir a las organizaciones delictivas.
Investigación
El 26 de noviembre la Cámara de Diputados emitió el proyecto de declaratoria sobre reformas y adiciones al artículo 21 de la Constitución en materia de seguridad pública, con nuevos lineamientos para investigar delitos.
Una vez realizado el cómputo de votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, la diputada María del Carmen Pinete, en funciones de presidenta de la Mesa Directiva, emitió el proyecto de declaratoria.
“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformado y adicionado el artículo 21 de la Constitución en materia de seguridad pública. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales”, expresó.
Ahí se comunicó que se recibieron 19 votos aprobatorios de las legislaturas de Baja California, Campeche, Colima, Chiapas, Durango, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y la Ciudad de México.Conforme a lo aprobado, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público (MP), a la secretaría del ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, a la GN y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esa función, en este caso Omar García Harfuch.
Se estableció que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional, serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines, mismos que serán auditados y su debido ejercicio vigilado por el Sistema Nacional de Seguridad a través del Secretariado Ejecutivo.
Además, el sistema contará con un Secretariado Ejecutivo que podrá ampliar las bases, emitir acuerdos y lineamientos, realizar las acciones necesarias para lograr la homologación de estándares y criterios, así como una coordinación eficiente, transparente y responsable, en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes de gobierno.
La SSPC podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán proporcionar la información de que dispongan o que recaben en la materia conforme a la ley.
Podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos.En el régimen transitorio menciona que en el término de 90 días naturales, contados a partir de la publicación del decreto, la SSPC realizará la armonización normativa de los instrumentos jurídicos que correspondan.
Mientras, las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del decreto se cubrirán con cargo al presupuesto asignado a la secretaría, por lo que no se asignarán partidas presupuestales adicionales durante el presente ejercicio fiscal.
Estratega
Durante un encuentro con los principales líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados, García Harfuch dio los pormenores de esta reforma constitucional que permitió sentar las bases normativas para el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad a su cargo.
En este cónclave de alto nivel con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y los seis coordinadores de los grupos parlamentarios, el titular de la SSPC explicó que estas reformas fortalecen las capacidades de investigación para reducir los índices de violencia y combatir la impunidad.
Destacó que con estas modificaciones “se mejorará la eficiencia de las investigaciones y las detenciones, así como la judicialización efectiva y la obtención de sentencias condenatorias privilegiando el uso de la inteligencia sobre la fuerza”.
Advirtió que con la reforma al artículo 21 constitucional se podrán realizar funciones de investigación de delitos con las demás instituciones de seguridad, siempre bajo la conducción y mando del agente del MP.
Propuso también la reforma a 14 de las 27 fracciones del artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el fin de establecer de manera amplia y clara las funciones y alcances en materia de investigación y persecución de los delitos con base en inteligencia, información estratégica, análisis, colaboración, operaciones especiales y el aprovechamiento de la tecnología, además de que la SSPC realice funciones de coordinación con policías estatales cuando así se requiera.
Describió que con la creación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública se establecerá un marco jurídico que posibilite la obtención y uso de información para el combate de la delincuencia, sobre todo de la investigación y persecución de los delitos de alto impacto.
Ejes
Con estas reformas se busca fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad del gobierno federal para dar cumplimiento a los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad.
Estos ejes, propuestos el 8 de agosto fueron atención a las causas; consolidación de la GN; fortalecimiento de la inteligencia e investigación con la creación de un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia; así como la coordinación con las entidades federativas.
Al respecto, hablaron varios diputados federales. Jessica Saiden Quiroz indicó que la reforma se compone de tres elementos esenciales, como son la integración de la SSPC en la investigación de delitos, la coordinación interinstitucional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el fortalecimiento en las acciones de seguridad ciudadana.
Mencionó que dentro de las modificaciones al artículo 21 se establece que la investigación de los delitos corresponde al MP y se adiciona a la secretaría del ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo federal y otras instancias como la GN y las policías.
También se fortalece la investigación de los delitos, garantiza el control y la vigilancia de los fondos federales destinados a la seguridad pública; y establece la existencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como sus atribuciones generales para emitir acuerdos y lineamientos para la realización de acciones que homologuen estándares de actuación.
Además, expuso, se robustecen las atribuciones de la secretaría en cuanto a la coordinación y a la dirección de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y en auxilio de la persona titular de la Presidencia de la República.
Consideró que el dictamen consolida la estrategia combatiendo la delincuencia y reduce la criminalidad reforzando las atribuciones de la SSPC al dotarla de mayores herramientas para mejorar su capacidad operativa, combatir el crimen y ayudar a contribuir a la construcción de un país más seguro.
Azucena Arreola, por su lado, celebró la aprobación de las reformas que fortalecen las funciones de García Harfuch.
Destacó que estas innovaciones impulsadas por la presidenta Sheinbaum contaron con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. “Celebro que todas las fuerzas políticas en el Congreso hayan apoyado estas reformas constitucionales que amplían las facultades de la SSPC y refuerzan la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”, afirmó la legisladora.
De esta manera, el Poder Legislativo en concordancia con el Ejecutivo lanzan estas reformas que ofrecen herramientas para la coordinación interinstitucional, lo que permitirá fortalecer las acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad para beneficio de millones de ciudadanos.
Enjambre
Como preámbulo a las nuevas disposiciones legales para la SSPC, luego de efectuar labores de investigación e inteligencia las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del gobierno federal llevaron a cabo la Operación Enjambre en el Estado de México para cumplimentar siete órdenes de aprehensión en contra de presidentes municipales, directores de Seguridad Pública municipal y otros funcionarios ligados con grupos delictivos.
El operativo fue ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).