Para asegurar el derecho al acceso a la energía eléctrica de todos los usuarios y en particular de los sectores más vulnerables, la diputada Verónica Martínez García propuso una iniciativa para que eventos climáticos extremos derivados de las consecuencias del cambio climático tales como olas de calor, sequías e inundaciones, así como la humedad relativa del lugar deban ser contemplados en la determinación y ajuste de las tarifas finales.
Al presentar su propuesta para reformar el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, explicó que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrá establecer los mecanismos para considerar dichos fenómenos en la estructura tarifaria regulada, a fin de proteger a los usuarios ante dichos eventos.
Recordó que el uso de diversos aparatos que permiten mitigar los impactos del clima como ventiladores, aires acondicionados, climas, calentadores, entre otros son de uso diario y común, lo que implica un gasto extra en los hogares de las familias.
La legisladora señaló que el Ejecutivo Federal podrá determinar, mediante acuerdo y previa solicitud fundamentada de los congresos locales, un mecanismo de fijación distinto al de las tarifas finales para determinados grupos de usuarios del suministro básico, en cuyo caso el cobro hará transparente la tarifa que hubiere determinado la CRE.
“Sabemos que son diferentes factores los que determinan las tarifas eléctricas, desde la Tarifa 1A que cubre hasta los 25 grados centígrados hasta la Tarifa 1F que abarca hasta 33 grados centígrados, pero también creemos que debe de hacerse un nuevo análisis, cambiar las fórmulas para hacerlas más equitativas y realistas que beneficien a los sectores de la población más afectada por el calor y de la misma manera a quienes cuentan con escasos recursos para sostener sus hogares”, acotó.
La representante de Coahuila manifestó que los fenómenos climáticos se irán incrementando, de tal manera que se requieren más esfuerzos para diseñar políticas públicas que atiendan dicha problemática, además de generar programas e incentivos que permitan a la ciudadanía sobrellevar estos fenómenos sin poner en riesgo su seguridad física y su estabilidad financiera.