Las proyecciones del conteo rápido dan una amplia ventaja al oficialismo en el Poder Legislativo federal, por lo que se abre la pauta para que la futura presidenta pueda impulsar reformas constitucionales sin obstáculos.
Con base en las cifras del conteo rápido la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, dio a conocer la noche del domingo pasado que Morena y sus aliados obtendrían entre 76 y 88 escaños en el Senado y entre 346 y 380 curules en la Cámara de Diputados, con lo que el bloque oficialista alcanzaría la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.
Para la estimación de la cámara alta el conteo se realizó en mil 90 casillas, lo que se traduce en alrededor de 67% de la muestra total, mientras que para San Lázaro el mismo se llevó a cabo en tres mil 107 casillas, con una misma representación porcentual del total. En ambos casos hubo un nivel de confianza de 95 por ciento.
En el Senado el PAN obtendría entre 19 y 22 curules; el PRI, de 15 a 18; el PRD, entre cero y tres; Morena, de 57 a 60; el PVEM, entre diez y 15; el PT, de nueve a 13; y MC, entre cuatro y ocho.
Para San Lázaro el PAN podría alcanzar de 64 a 80 diputaciones; el PRI, entre 30 y 41; el PRD, de cero y ocho; MC, entre 23 y 32; Morena, de 233 a 251; el PVEM, entre 67 y 77; y el PT, de 46 a 52.
Con estas proyecciones ya suenan algunos de los legisladores que comenzarán a trabajar en la próxima Legislatura, a partir del 1 de septiembre.
En la cámara alta, por ejemplo, se perfilan los morenistas Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, quienes compitieron en el proceso interno contra la futura presidenta de la República.
Además de ellos podrían llegar Alejandro Esquer, Higinio Martínez, Omar García Harfuch y Javier Corral. Y se reelegirían Citlalli Hernández, Susana Harp, Malú Mícher, Félix Salgado Macedonio y Geovanna Bañuelos.
Por parte del bloque opositor se perfilan los líderes partidistas Marko Cortés (PAN), Alejandro Alito Moreno (PRI) y Jesús Zambrano (PRD).
A ellos se sumarían Ricardo Anaya (PAN), Mauricio Vila (PAN), Carolina Viggiano (PRI), Carlos Aceves (PRI) y Manlio Fabio Beltrones (PRI).
En su caso, Movimiento Ciudadano (MC) incluiría a Clemente Castañeda y Luis Donaldo Colosio Riojas.
En la Cámara de Diputados Morena podría incluir a Ricardo Monreal, Dolores Padierna, Alfonso Ramírez Cuéllar, Napoleón Gómez Urrutia, Ifigenia Martínez y Olga Sánchez Cordero.
A ellos se agregarían, por parte del PT, Francisco Amadeo Espinosa, Maribel Martínez, Pedro Vázquez, Reginaldo Sandoval y Magdalena del Socorro Núñez.
De la oposición, Jorge Romero (PAN) volvería a tener su escaño y repetiría su papel como coordinador de su fracción parlamentaria; algo semejante a lo que sucedería con Rubén Moreira (PRI).
Participarían también Kenia Lopez Rabadán (PRI), Sylvana Beltrones (PRI), Mario Zamora (PRI), Julen Rementería (PAN) y Germán Martínez (PAN).
Finalmente, la fracción de MC incluiría a políticas como Patricia Mercado, Claudia Ruiz-Massieu y Laura Ballesteros.
Continuidad
En la LXV Legislatura Morena y sus aliados ya concentraban 74 curules del Senado y poco más de 270 diputaciones federales. De hecho, al solo tener mayoría simple los legisladores oficialistas requerían de negociar y dialogar con otros partidos para alcanzar la mayoría calificada en ambas cámaras. Con las elecciones de este año el mapa político cambia.
Más aún, en la Legislatura que termina el 31 de agosto el PAN constituía la segunda fuerza política del país, concentrando 111 curules en San Lázaro; y en tercer lugar estaba el PRI, con 70. Ahora, con los resultados proyectados por el conteo rápido, el PVEM se estaría asentando como la segunda fuerza política, desplazando al PAN y prácticamente poniendo en riesgo de desaparición al PRD.
Ahora bien, con la mayoría calificada en el bolsillo el Congreso de la Unión podría aprobar sin problema las iniciativas que presentó hace unos meses el presidente López Obrador.
Según un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) hubo una tasa muy baja de aprobación de iniciativas enviadas por el Ejecutivo, pues durante su administración solo se aprobó 63 por ciento, lo que comparado con sus antecesores representa una disminución de más de l0% en las reformas legislativas.
De hecho, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 8 de mayo de este año el Ejecutivo federal ha enviado 101 iniciativas, de las que solo 64 han sido discutidas, aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Este mismo estudio, titulado La tasa de aprobación de las iniciativas del Ejecutivo federal 2018-2024: entre el gobierno dividido y la falta de oficio político, señala que entre las razones detrás de esta disminución legislativa está la falta de mayoría calificada en ambas cámaras, necesaria para la aprobación de reformas constitucionales.
Con Adán Augusto López como coordinador morenista en el Senado y Ricardo Monreal como líder de los diputados federales, a decir de los analistas, sería más sencillo destrabar y aprobar algunas de las reformas que el presidente López Obrador envió el 5 de febrero al Congreso, entre las que se incluye una reforma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Plan C
Durante su conferencia matutina del lunes 3 de junio el jefe del Ejecutivo federal puntualizó que acordará con Sheinbaum el comienzo y desarrollo de las reformas que ha enviado con anterioridad: “Lo voy a hablar con ella, con la virtual presidenta electa, porque presentamos iniciativas que están en el Congreso, a ver cuáles podemos impulsar y que se alcancen a aprobar”.
El presidente insistió en la necesidad de reformar al Poder Judicial: “Sí pienso que se tiene que abordar el tema, porque no es posible mantener un Poder Judicial que no esté al servicio del pueblo, de la sociedad; que esté al servicio, como es de dominio público, de una minoría y a veces de la delincuencia, de la organizada y la de cuello blanco”.
Según comentó el presidente, a lo largo de su administración buscó la manera de consolidar esta modificación, pero no lo logró: “Yo he buscado con otros mecanismos la reforma al Poder Judicial y la verdad no los veo eficaces. Por ejemplo, no se puede pensar en la desaparición del Poder Judicial con una reforma constitucional y crear un nuevo Poder Judicial, algo parecido a lo que hizo Zedillo; no estoy de acuerdo con eso”.
En este sentido, remarcó que se trata de obligar a que el Poder Judicial represente a los mexicanos y que sea “incorruptible”, algo que solo se consigue si ministros y magistrados son elegidos a través del voto popular. “Que el pueblo elija a los magistrados y a los ministros. Ahí es donde se puede llegar a un acuerdo, se puede matizar sobre los requisitos, pero que al final sea en elecciones libres, directas, en las que el pueblo decida quién debe ser juez, magistrado o ministro, después de conocer trayectorias y saber quiénes son los candidatos, mujeres y hombres”.
Otra de las iniciativas que López Obrador buscó consolidar durante su administración fue vincular a la Guardia Nacional (GN) con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), misma que declaró inconstitucional la SCJN.
A mediados de mayo el Ejecutivo federal destacaba que dicha reforma constitucional “es importantísima porque es un blindaje para que no vaya a suceder lo que se padeció, de que la seguridad pública estaba en manos de la delincuencia”.
Luego de la reforma aprobada el pasado 10 de febrero, en la que se aseguraba que la transición gubernamental era menos eficaz cuando se daba en diciembre, la administración de López Obrador concluirá el próximo 1 de octubre. La siguiente Legislatura, por su parte, iniciaría el 1 de septiembre, por lo que hay un espacio de un mes en el que ambas administraciones conviven.
En este sentido, López Obrador señaló que durante ese mes podría motivar el inicio de los procesos legislativos de sus propuestas enviadas en febrero: “No quiero imponer yo nada, me siento muy satisfecho. A lo mejor como es muy poco un mes, que inicien los procesos y luego ya, como el Congreso es libre, que los diputados y senadores resuelvan”, concluyó.