Con una población cada vez más longeva, la jubilación comienza a suponer un reto para la carga fiscal en todo el mundo, mientras gobiernos y organizaciones proponen incluso incrementar la edad para pensionarse.
Aunque en México la expectativa de vida sigue estancada en los 75 años, es un hecho que alrededor del mundo las personas viven más: para el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) y muchos gobiernos de todos los continentes es necesario, aunque complicado, repensar la economía, la fuerza laboral y el sistema de pensiones a partir de esta salud extendida.
Más aún, los empresarios y sus compañías también deben afrontar el reto de una población envejecida, donde escasean los jóvenes adultos en edad de trabajar y los empleados pueden pensionarse por ley a partir de los 57 años en ciertos países.
Para el WEF el problema atraviesa seis grandes ejes, que a su vez dan la pista de cómo enfrentar esta realidad socioeconómica: la resiliencia financiera; la educación financiera; el envejecimiento sano y digno; la fuerza laboral intergeneracional; el aislamiento o conectividad durante la vejez; y la desigualdad en cómo se vive la vejez según la clase social, el género o la raza.
Los primeros dos están profundamente relacionados: si hubiese algún accidente o evento que obligara a las personas a dejar de trabajar, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la mitad de ellos se terminarían sus ahorros en un mes y alrededor de 28%, en una semana. En otras palabras, la poca educación financiera tendría consecuencias bastante serias en caso de algún imprevisto.
Para la economista chilena Alejandra Cox el sistema de pensiones y la promesa del retiro son el centro de una economía sana, pues representan “el motor para invertir, crear empleos y ahorrar”.
No obstante, el envejecimiento demográfico provoca un aumento en el gasto público para las pensiones no contributivas.
Y, como señala Cox, “el tema se complica porque en nuestros países hay un sector informal importante: no contribuyen con lo que estipula la ley y, por tanto, sus ahorros dependen de ellos. Y si ellos no se preocupan por ahorrar, llegan a la edad para pensionarse con muy poco dinero”.
Realidad
La gente vive más, es cierto. Pero también se aproxima una desproporción importante entre las personas mayores de 60 años y el resto de la población. Es decir, si antes la pirámide demográfica consistía en una base amplia de niños y jóvenes y una punta angosta de adultos mayores, la situación se revertirá en unos cuantos años debido a la poca natalidad y a la alta migración en ciertas regiones.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para 2025 la cantidad de adultos de 65 años o más será prácticamente el doble que la de niños menores de cinco años y casi el equivalente a los menores de doce.
Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) detalla en su informe Observatorio demográfico 2023 que la edad media en la región es de poco más de 30 años y la natalidad ha decrecido de casi seis hijos por mujer, a dos.
La conclusión es evidente: América Latina envejece como el resto de regiones y continentes.
Tan solo en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a mediados de 2023 había poco menos de 18 millones de personas de 60 años o más; es decir, alrededor de 14% de la población. Para 2030 esta cantidad está previsto que se duplique.
Además, hay que considerar que las pensiones pueden dividirse en las contributivas y las no contributivas: las primeras pertenecen a los trabajadores del sector formal, que tienen contratos que incluyen seguridad social; las segundas están destinadas a grupos específicos de la población, en su mayoría aquellos que han vivido a través de empleos informales y no poseen un esquema de ahorros particular.
Para las primeras, naturalmente, hay que considerar que un porcentaje importante de los trabajadores del país no tiene un empleo formal. En México, según datos del INEGI, hay poco más de 16 millones de empleados que trabajan de manera informal, y otros 32 millones que aun cuando tienen contrato, no cuentan con prestaciones de ley. Para todos ellos la posibilidad de pensionarse depende enteramente de su capacidad de ahorro.
Respecto de las no contributivas, al menos en nuestro país se destinarán cerca de 500 mil millones de pesos. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha advertido que de seguir con un aumento en los montos como en los últimos años, para 2050 se gastarían cerca de dos billones de pesos para continuar con las pensiones no contributivas.
“Frente a esta dinámica poblacional, un aumento en el gasto en pensiones tendría implicaciones de inequidad intergeneracional al favorecer de manera desproporcionada a las personas adultas mayores, a expensas de otros grupos de edad que verían reducido el gasto destinado a áreas fundamentales como educación, salud y seguridad”, detalla el instituto.
Soluciones
A pesar de ser un problema que lleva años gestándose, fue hasta años recientes que los gobiernos comenzaron a ofrecer alternativas para afrontar esta desigualdad intergeneracional y el envejecimiento acelerado de la población.
Quizás el caso más famoso es el de la reforma de pensiones en Francia, aprobada en abril del año pasado. A través de ella se aumentó la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, se creó un sistema universal de pensiones para “homologar” los 42 que existían, y en lugar de calcular los montos a partir de los años trabajados se hará a través de un sistema de puntos.
Para el gobierno encabezado por Emmanuel Macron fue necesario modificar un sistema que, previo a la reforma, estaba destinado a volverse insostenible por la poca natalidad del país, la disminución en la fuerza laboral y el aumento de la esperanza de vida, misma que en Francia ronda los 83 años. En otras palabras, comenzaba a sentirse la carga para las generaciones más jóvenes de pagar las pensiones de los adultos mayores jubilados.
Naturalmente, los trabajadores se opusieron a la reforma y hasta se manifestaron, pues además de haber sido aprobada de manera exprés y unilateral, denunciaron que perjudicaba a aquellos que estaban por jubilarse, que el sistema de puntos no garantizaba una pensión justa y digna, y que al eliminar los regímenes especiales muchos empleados quedaban en situación de desventaja, extendiendo la brecha de desigualdad en la vejez.
Otros miembros de la OCDE, como Países Bajos, prevén un aumento paulatino en la edad de jubilación hasta llegar a los 70 años, de forma que su economía logre adaptarse al aumento en la esperanza de vida. De hecho, el gobierno neerlandés también aprobó en 2023 una reforma para fomentar la reintegración laboral de los adultos mayores, de modo que a largo plazo la carga fiscal no depende enteramente de los jóvenes adultos que trabajan de manera formal.
Para Japón, por ejemplo, el fenómeno ha sido distinto, ya que en menos de una década la población mayor de 65 años que buscaba involucrarse de manera laboral aumentó al doble. En este caso el gobierno y las empresas han tenido que transformarse para hallar espacios y puestos adecuados para ellos.
El WEF es uno de los principales promotores de esta cultura de la inclusión para trabajadores mayores y, en general, fomenta la oferta de estudios para personas de más de 50 años, de forma que la vida se mantenga como un continuo aprendizaje y trabajo.
A esta medida se le está sumando la OCDE, que a finales del año pasado hizo un llamado a sus países miembros para retrasar la edad de jubilación y aumentar la tasa de empleo digno en adultos mayores.
Finalmente, en el caso de nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso transformar el sistema de pensiones para que, entre otras cosas, los empleados puedan jubilarse con 100% de su último salario, siempre y cuando ganen menos de 16 mil 700 pesos.
Consciente del gran peso económico que esto supone, incluso ha dicho que el gobierno puede aliviar al sector patronal encargándose de una parte de la pensión.
De esta forma, parecería que las pensiones no contributivas se mezclan con las contributivas y además del enorme presupuesto destinado al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBPAM) una parte de los egresos públicos iría a subsanar ese otro porcentaje de los adultos mayores que obtienen 100% de su sueldo.
En México la edad para jubilarse son los 65 años, aunque ya se han dado a conocer propuestas para reducirla a 60 e incluso a 57 en la Ciudad de México (CDMX).
Sobre los espacios laborales de aprendizaje y desarrollo socioeconómico para mayores de 55 no hay novedad en el frente.