El gobierno federal promulgó un nuevo decreto en sustitución del emitido en diciembre de 2020 sobre el maíz genéticamente modificado, para aclarar que se puede seguir empleando para alimentación animal y procesos industriales para alimentación humana, pero no para elaborar masa ni tortilla.
Además, prorroga hasta el 30 de marzo de 2024 el plazo para “el desarrollo y escalamiento de las acciones” que lleven a eliminar el uso del glifosato en México.
Cabe recordar que el decreto de 2020 ordenaba eliminar por completo el maíz transgénico de la alimentación de los mexicanos a más tardar el 31 de enero de 2024, pero no distinguía entre los diversos usos del grano.
El nuevo puntualiza y prohíbe este tipo de grano para consumo humano directo en el sector de la masa y la tortilla, pero no pone fecha para eliminar el maíz transgénico para alimentación animal y uso industrial, aunque mantiene la intención de eliminarlo gradualmente.
Respecto del uso de “maíz genéticamente modificado para el forraje y la industria se elimina la fecha límite para prohibir su uso, quedando sujeto a que exista suficiencia en el abasto. Se instalarán mesas de trabajo con el sector privado nacional e internacional para lograr una transición ordenada”, indica el documento.
En el país, la producción del maíz blanco —que usamos para tortillas y consumo humano— es autosuficiente y se demanda menos de lo que se produce, pero no es el caso del maíz amarillo: actualmente México importa 75% de su consumo de maíz amarillo.
De los 23 millones de toneladas que se consumen en el país de este grano, tres millones son producción nacional y el resto importadas. De ese ingreso del exterior, 90% llega desde Estados Unidos.
El maíz amarillo, que es modificado para resistir el glifosato, se usa como forraje, lo cual está directamente relacionado con la capacidad para producir carne de res, de puerco, de pollo, huevo y leche, entre otros productos.
Negociaciones
Grupos agrícolas de EU piden públicamente a su gobierno que impugne en el marco del TMEC la decisión de México de vetar al maíz transgénico, advirtiendo de un posible daño económico por miles de millones de dólares en ambos países.
Mediante su secretario de Agricultura, Tom Vilsack, y otros miembros de la administración de Joe Biden, el gobierno estadunidense señaló en los últimos meses la presunta falta de justificación científica como un problema que contradice las disposiciones del TMEC. En específico, el capítulo 9 del tratado (Medidas sanitarias y fitosanitarias) establece que toda medida que implique prohibición o restricción al comercio de mercancías debe tener siempre debidamente bases en principios científicos.
Además, el capítulo 2 (Trato nacional y acceso a mercados) indica que ningún país socio del TMEC podrá imponer restricciones arbitrarias a la importación de mercancías de otros socios; y el capítulo 3 (Agricultura) prevé procesos de aceptación y revisión de solicitudes para la autorización de productos de biotecnología agrícola como el glifosato.
Para EU el comercio del maíz amarillo es un eje fundamental de su economía, ya que 26% de sus exportaciones de este producto (con valor de más de 19 mil millones de dólares en 2022) se dirige a México.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) esta cifra es particularmente relevante para los estados de Illinois e Iowa, que envían 77 y 66% de sus respectivas exportaciones de maíz a territorio mexicano.
En respuesta al nuevo decreto, Vilsack señaló que su oficina revisa “cuidadosamente” la nueva disposición de México sobre maíz y trabajará con el representante comercial de EU (USTR, por sus siglas en inglés) para garantizar que el comercio con base en la ciencia “se mantenga firme”.
“Estados Unidos cree y se adhiere a un sistema de comercio con base en normas; y mantiene su compromiso de evitar perturbaciones en el comercio agrícola bilateral y daños económicos a los productores estadunidenses y mexicanos”, indicó a través de un comunicado.
Glifosato
En cuanto al glifosato, este es el segundo decreto contra el químico. La nueva disposición señala que la medida se tomó con el objetivo de “salvaguardar la salud, un medio ambiente sano y la seguridad y autosuficiencia alimentaria”.
Por ello, indica, las dependencias de gobierno tendrán la obligación de establecer medidas de seguridad y sancionar a quienes importen y usen glifosato para uso humano.
De acuerdo con organizaciones ambientalistas, aunque el glifosato sea un herbicida “de amplio espectro, no selectivo y sistémico”, hay estudios que comprueban que algunas especies de plantas desarrollan resistencia contra él. Esto provoca que las malezas se hagan más fuertes y los agricultores incrementen el uso para eliminarlas, además de las fuertes acusaciones en su contra alrededor del mundo como agente cancerígeno.
Hasta 2000 la empresa Monsanto mantuvo la patente, por lo que después de esa fecha se sumaron más compañías para fabricar el herbicida, como Dow Chemical-Dupont y Syngenta-ChemChina.
En México este herbicida se usa de manera extendida desde 1981, sobre todo en la región sureste. En el país algunos de los nombres comerciales del glifosato son Cacique, Faena, Trinchera, Látigo, Herbifox, Mochilero, Secafín, Bombazo, Torbellín, Aquamáster y Potro.
En 2019 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) frenó la importación de mil toneladas del herbicida considerando el “principio precautorio”, el cual prevé que una decisión política pueda tomarse debido a un posible impacto negativo en el ambiente, sin que haya evidencia absoluta.
Para agosto de 2020 el Ejecutivo federal aseguró que el gobierno no utilizaría glifosato en ningún programa de gobierno con el objetivo de reducir su uso hasta eliminarlo por completo en 2024, para evitar una caída en la producción de alimentos.
Actualmente, de acuerdo con el nuevo decreto, para compensar la salida del glifosato de México el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) “continuará con sus labores para proponer alternativas y prácticas agroecológicas y saludables que permitan prescindir de este herbicida y que no se vea afectada la producción agrícola en el país ni tampoco la salud de los consumidores del grano”.