La ministra que hizo historia al convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia de la Suprema Corte, defendió el trabajo del Poder Judicial y advirtió que este debe ser ajeno a los vaivenes de la política.
En su segundo y último informe de labores como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Norma Piña afirmó que ninguna falla justifica la eliminación de la carrera judicial y menos aún el establecimiento de un sistema que según la experiencia comparada no solo no abona a la impartición de justicia, sino que la politiza.
Piña puntualizó que la existencia de un Poder Judicial autónomo e independiente, ajeno a los vaivenes de la política, “es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia”.
La ministra hizo además una defensa del trabajo de los juzgadores y alertó que “los derechos humanos están en riesgo permanente cuando el poder no puede ser contenido, frenado y controlado. Uno de los propósitos de un Poder Judicial independiente es, precisamente, proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que podría amenazar tales derechos”.
Aseveró que la independencia judicial está directamente vinculada con la esencia misma de las sociedades democráticas y en toda democracia el camino para fortalecer el Estado de Derecho debe ser evaluado, debatido y enriquecido.
Por ello, resaltó, “la democracia constitucional implica gobernar una comunidad de ciudadanos en libertad. Es un todo de mayorías y de minorías que debe garantizar los derechos fundamentales, universales, interdependientes, indivisibles y, sobre todo, progresivos del ser humano”.
Derechos y libertades
Fue el segundo y último informe de labores de Piña, pues le correspondían cuatro en su cargo como presidenta de la Suprema Corte, ya no dará los dos restantes debido a la reforma al Poder Judicial, que incluye la desaparición del tribunal constitucional creado en 1994 porque el 1 de junio se elegirá por voto popular a los jueces federales, magistrados y ministros de la SCJN.
En un ambiente de despedida y con la presencia de los integrantes de la Judicatura Federal (que también desaparecerá como instancia de administración y de vigilancia del trabajo judicial) y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la ministra que hizo historia al convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia de la Suprema Corte defendió el trabajo del Poder Judicial.
Resaltó que ese poder de la República ha hablado a través de sus sentencias y resoluciones, labor reconocida a nivel nacional e internacional porque ha protegido los derechos y las libertades de los mexicanos.
Aseveró que en 2024 la SCJN emitió resoluciones relevantes con impacto en la sociedad al establecer parámetros que deben seguirse al regular la forma de consultar a pueblos originarios y personas con discapacidad, imponer límites a la configuración y nombramiento de titulares de órganos garantes de transparencia locales, así como a la regulación del juicio político para evitar que se convierta en un medio de persecución.
Refirió que la SCJN garantizó los derechos a la salud y a la información de los consumidores al validar el sistema de etiquetado de productos, los derechos de las mujeres a un sistema normativo libre de estereotipos de género y el derecho a la información pública de la sociedad, al desclasificar información relacionada con los monitoreos de la pandemia, de la contratación de sistemas de espionaje y obras públicas de relevancia nacional.
Piña expuso que la centralidad y garantía efectiva de los derechos humanos son la piedra angular para que la justicia sea cercana, real y accesible para todas las personas, por lo que en el presente año se pusieron en marcha proyectos de formación y sensibilización con el fin de avanzar en la defensa de esas garantías fundamentales y en el acceso a la justicia en los campos de justicia intercultural, justicia ambiental y climática y promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
En cuanto a combate a la corrupción y fomento a la transparencia, dijo que fue una de las prioridades institucionales, para lo cual se aplicaron diversas acciones como el seguimiento a la evolución patrimonial del personal, la aplicación de medidas para facilitar la presentación de denuncias contra servidores públicos y la recepción de denuncias para la investigación de presuntas faltas administrativas, así como la efectiva aplicación de sanciones a las personas servidoras públicas como responsables, además de la realización de auditorías internas.
Avances
Durante 2024 la Suprema Corte estableció los parámetros que deben seguirse al regular la forma de consultar a pueblos originarios y personas con discapacidad; impuso límites a la configuración y nombramiento de titulares de órganos garantes de transparencia locales, así como a la regulación del juicio político, para evitar que se convierta en un medio de persecución. Con sus decisiones aseguró que los Congresos locales garantizaran los mínimos indispensables para que las minorías sean respetadas durante la deliberación parlamentaria. También estableció límites a las entidades federativas al regular los sistemas de pensiones, las obligaciones de las autoridades educativas, las medidas de protección a exfuncionarios encargados de la seguridad pública y las medidas de protección relacionadas con la violencia vicaria.