La Cámara de Senadores avaló en lo general la reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que extingue a siete organismos autónomos y reguladores.
El dictamen fue aprobado en lo general con 86 votos a favor de Morena, PT y PVEM; y 42 en contra del PAN, PRI y MC.
En el debate, la senadora Amalia García Medina, de MC, asentó que la transparencia y la rendición de cuentas surgió de la ciudadanía, no del gobierno, pues desde la ciudadanía se definió que el acceso a la información del gobierno y la protección de datos personales eran derechos ciudadanos, y por ello se creó el INAI, con la intención de acabar con la opacidad y la llamada “partida secreta”.
Por el PT, Lizeth Sánchez García aseguró que la reforma responde a las demandas ciudadanas de tener un gobierno más eficiente, austero y enfocado a atender los retos que enfrentamos, por la que esta simplificación orgánica permitirá una reducción significativa del gasto público y la eliminación de estructuras administrativas redundantes y costosas.
De acuerdo con la reforma constitucional, las funciones del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) serán atendidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP); y las del Consejo Nacional de la Evaluación de la Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL) serán ejecutadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En cuanto al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sus funciones recaerán en la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial, en los Órganos de control de los Organismos Autónomos y de las contralorías del Congreso de la Unión, en el ámbito de sus competencias.
En lo referente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), será la Secretaría de Energía (SENER) quien realice sus funciones; las de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) recaerán en la Secretaría de Economía (SEECO); y las del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Luego de su aprobación en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto fue remitido a las legislaturas estatales para su consideración.