Acapulco, Guerrero, 7 de enero. Un centenar de migrantes deambulaban sin saber muy bien qué hacer por distintos lugares de Acapulco, el puerto del Pacífico mexicano que intenta recuperarse de dos huracanes devastadores y donde la violencia se multiplica.
Después de un par de semanas de caminar en caravana por el sur de México, las autoridades migratorias ofrecieron a un grupo el traslado a esta ciudad del estado de Guerrero donde, según los extranjeros, les darían un permiso para moverse legalmente por el país. Recibieron un documento, sí, pero sólo para estar en Guerrero, una región con poco empleo y mucha violencia.
A dos semanas del cambio de gobierno en Estados Unidos, México sigue intentando descongestionar el sur de su país —por donde entran la mayoría de migrantes con rumbo a Estados Unidos— y dispersar a los extranjeros que han acelerado la formación de caravanas hacia el norte antes de que Donald Trump asuma el poder el 20 de enero.
La política de “dispersión y agotamiento” se ha transformado en el eje del gobierno mexicano en los últimos años y en 2024 logró reducir sustancialmente las llegadas de migrantes a la frontera con Estados Unidos, aseguró Tonatiuh Guillén, sociólogo y extitular de la agencia migratoria.
Pero, tras la victoria de Trump, aunque entran menos extranjeros, esta estrategia se ha agudizado con la expectativa de que “si los números bajan, sería un argumento favorable para reducir las presiones” del republicano, agregó Guillén, que dejó el Instituto Nacional de Migración (INM) cuando México aceptó las presiones de la primera administración Trump para evitar la imposición de aranceles.
Las autoridades mexicanas dejan avanzar las caravanas hasta que les puede el cansancio y luego ofrecen traslados voluntarios a ciudades donde “se revisa su condición migratoria”. Esas palabras del INM tienen diversos significados y, al menos en dos episodios, han implicado dejar a los migrantes a su suerte en Acapulco, una ciudad de alta criminalidad, sin que las autoridades hayan explicado el porqué de su decisión.
Para Guillén, la única explicación es ponerles las cosas cada vez más difíciles para que decidan volver a sus países.
“Migración nos dijo que nos iba a dar un permiso de tránsito libre por el país durante 10-15 días y no fue así, nos dejó super botados sin poder salir de acá, no nos venden pasajes, no nos venden nada”, explicó el venezolano Ender Antonio Castañeda, de 28 años.
Algunos recibieron hospedaje en una iglesia cercana a las oficinas de Migración en Acapulco pero la mayoría se quedaron a dormir en la calle, junto a la playa, mientras los turistas mexicanos terminaban las vacaciones de Navidad entre edificios llenos de luces y otros en ruinas, desde el destructivo paso del huracán Otis de categoría 5 en octubre de 2023.
Ayer medio centenar de ellos se amontonaba frente a la sede de Migración para que les dijeran qué hacer, pero nadie les atendió.
Castañeda, que acababa de recibir dinero de su familia, optó por pagar al dueño de una camioneta de pasajeros que lo llevó el mismo lunes hasta Ciudad de México, la única persona que le dio confianza entre los muchos que se acercaron ofreciendo transporte y cobrando hasta cinco veces más de lo normal para el trayecto.
Mientras otros de sus compañeros buscaban alternativas sin poder salir legalmente del estado, en Escuintla, un pueblo de Chiapas, se entregaban el domingo cientos de permisos de libre tránsito durante 20 días a integrantes de la última caravana que se apresuraban a tomar autobuses que les acercaran a Ciudad de México.
Eso es lo que hicieron la cubana Dayani Sánchez, de 33 años, y su esposo. “Tenemos un poco de miedo por la inseguridad ahora al agarrar los buses, que nos vayan a parar”, dijo Sánchez, temerosa de extorsiones o de que los cárteles los pudieran secuestrar, algo habitual entre los migrantes que cruzan México.
(Con información de Antonio Castillo y María Verza de AP)