Ciudad de México, México, 25 de septiembre. La mayoría oficialista en el Senado de México aprobó una polémica reforma constitucional que traspasó la Guardia Nacional al control del ejército, un cambio anhelado desde hace varios años por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador cuestionado por organizaciones y analistas por ahondar en la militarización de la seguridad.
Tras una maratónica sesión que se extendió por más de ocho horas, los senadores del partido Morena aprobaron, con el apoyo de sus fuerzas aliadas, la iniciativa que fue criticada por organizaciones humanitarias y expertos de Naciones Unidas que aseguraron que la reforma profundizará la militarización de la seguridad y podría aumentar el riesgo de abusos contra los derechos humanos.
Sobre el impacto que tendrá en las políticas de seguridad, los analistas manifestaron dudas y reconocieron que la reforma solo llenará un vacío legal debido a que el ejército desde hace varios años tiene el control de la Guardia Nacional.
La iniciativa, que se aprobó con 86 votos a favor y 42 en contra, forma parte de un paquete de leyes que propuso en febrero pasado López Obrador y que incluyó una controvertida reforma judicial que sancionó hace dos semanas el Congreso en medio de protestas de jueces y empleados judiciales. La reforma deberá ser validada en los próximos días por al menos 17 de los 32 congresos estatales para su promulgación.
Al abrir las discusiones la senadora oficialista Citlalli Hernández negó que la reforma busque militarizar el país y aseguró que ayudará en la supervisión del desempeño de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública.
“No podemos normalizar la idea de que México necesita estar bajo control militar para estar en paz”, dijo Luis Donaldo Colosio, del opositor Movimiento Ciudadano, al rechazar la reforma y planteó que al entregar la seguridad pública a las fuerzas armadas se está resignado a los mexicanos a que “vivan con miedo porque la paz que les ofrecemos es la paz o de la confrontación armada o del silencio impuesto”.
El oficialismo y sus fuerzas aliadas — que controlan el Congreso — estaban decididos a aprobar la iniciativa, a menos de una semana del fin del sexenio de López Obrador, quien ha sido su principal promotor y defensor.
La iniciativa forma parte de un paquete de leyes propuestas en febrero por el mandatario, que incluyó la polémica reforma judicial que aprobó hace dos semanas la mayoría oficialista del Congreso.
El presidente saliente decidió promover la reforma militar pese a que el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una iniciativa similar que había recibido luz verde en el Congreso en 2022.
Desde hace varios años López Obrador se ha manifestado a favor de que la Guardia Nacional, su gran apuesta para hacer frente a la criminalidad en el país, esté manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para garantizar el “profesionalismo, disciplina, honestidad” y evitar que se corrompa, lo que asegura que ocurrió con la desaparecida policía federal.
Cuando creó el cuerpo en 2019, tenía una opinión diferente y lo dejó en manos de la Secretaría de Seguridad.
Para algunos analistas, la reforma, que prevé que la Guardia Nacional esté integrada en su totalidad por “personal militar con formación policial”, formalizará la presencia de los uniformados en el cuerpo, puesto que en la actualidad más del 80% de sus 130 mil miembros provienen del Ejército y la Marina.
El analista de seguridad David Saucedo indicó a la agencia The Associated Press que la transición no va a mejorar los procesos ni permitirá el incremento de los decomisos de drogas o la desarticulación de células criminales. “La reforma sólo es la formalización de algo que ya existía de facto”, agregó.
A la pregunta de por qué la Guardia Nacional no ha contribuido a resolver el problema de la inseguridad, Saucedo indicó que su planteamiento operativo es “nada más de presencia disuasiva, rondines y la instalación de cuarteles”. No tiene un esquema de confrontación de las células criminales ni de investigación e inteligencia.
Las fuerzas armadas mexicanas han cumplido desde 2006 un papel clave para mantener la seguridad en las calles, que se reforzó durante el sexenio de López Obrador, quien entregó a los militares numerosas tareas, proyectos claves y presupuestos que antes eran manejados por civiles.
Expertos de la ONU mostraron en un comunicado ayer sus objeciones a la iniciativa, apuntando que el traslado de la Guardia Nacional al ejército puede “aumentar el riesgo de abusos contra los derechos humanos, incluidas la tortura, la detención arbitraria, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”. A las críticas se sumaron organizaciones humanitarias locales e internacionales.
En la reforma se plantea que las investigaciones penales corresponderán al Ministerio Público, pero también se dan atribuciones en esa materia a la Guardia Nacional.