Arranca el segundo periodo ordinario de la LXVI Legislatura con diputados y senadores en su mayoría listos para acompañar el primer semestre de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Para este periodo de sesiones, que concluirá en abril, la mandataria adelantó que se alista un “paquete de reformas muy trascendentes” que enviará al Congreso el 5 de febrero, sumado a “muchísimas leyes secundarias” que quedaron pendientes.
Por su lado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que se avecina un periodo “muy intenso, con una agenda legislativa muy amplia” que tendrán que desahogar con al menos 73 ordenamientos jurídicos, muchos de ellos de nueva creación, así como un “cúmulo de obligaciones derivadas de las reformas constitucionales” que aprobaron el periodo pasado.
Mientras tanto, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, aseguró que el periodo ordinario de sesiones que está por venir será un “momento histórico” para el país e intenso para los legisladores, porque se discutirán alrededor de 60 proyectos sobre legislación secundaria, debido a que de septiembre a diciembre del año pasado se aprobaron varias reformas constitucionales.
En sus marcas, listos, ¡a legislar!
Fiel al mandato plasmado en la Constitución de 1927, “Sufragio efectivo no reelección”, Sheinbaum anunció una nueva iniciativa en materia de no reelección que prohíbe que cualquier persona que tenga un cargo de elección popular pueda asumirlo por más de una ocasión.
Sensible a las necesidades de sus gobernados, esta modificación vendrá acompañada de otra reforma que prohibirá el nepotismo y que, según la presidenta, fue una “petición de la ciudadanía” que escuchó incontables veces durante la campaña electoral, por lo que alguien que haya sido presidente municipal no podrá “dejar” a ningún familiar directo como candidato para las siguientes elecciones. “Tendrá que esperarse al menos un periodo”, puntualizó la presidenta.
De la mano de esta iniciativa, más adelante se buscará eliminar a legisladores plurinominales y disminuir el financiamiento público a los partidos políticos.
Ante ello, Monreal anticipó que esta propuesta “será la que más dividirá al movimiento de la 4T”, pues algunos legisladores del PT y el PVEM han expresado su inconformidad.
Ante dicha aseveración, el coordinador del PVEM, Carlos Puente, respondió que “no puede haber una posición como partido porque la iniciativa aún no existe”, por lo que invitó a “no opinar sobre algo que no se conoce”.
Otra de las nuevas reformas por discutir y aprobar es la que prohíbe la siembra de maíz transgénico en suelo mexicano. La iniciativa busca proteger su integridad y promueve su plantación mediante técnicas de la agroecología, así como la eliminación progresiva del uso de químicos.
“Es un tema de identidad y de resguardar nuestra biodiversidad; no hay que olvidar que sin maíz no hay país”, dijo la presidenta.
Aunque todavía sin fecha para discusión y muy esperada por todos los trabajadores, está de igual manera la reforma que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
Esta propuesta, presente desde 2022, busca ofrecer un día de descanso adicional, lo que según varios legisladores representa “equilibrar las responsabilidades laborales y personales”.
Y ante la reciente toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y la amenaza de deportaciones masivas, Monreal señaló que no hay qué temer, pues en materia de migración, de terrorismo y aranceles se encuentran diseñando una “estrategia política” para sumar la mayoría en el Poder Legislativo y así “acompañar unánimemente” a la presidenta Sheinbaum.
Lo que falta
Uno de los retos mayores del periodo que se avecina es la modificación de por lo menos 60 leyes secundarias, resultado de las 16 reformas constitucionales que se aprobaron en tiempo récord —de octubre a diciembre— el año pasado.
Aunque se dice fácil, algunas de las modificaciones son de tal complejidad, que suponen cambiar hasta diez leyes secundarias o, en su caso, emitir nuevas normas.
Tal es el caso del cambio en materia de Guardia Nacional, que requerirá de la revisión y modificación de varias leyes como la Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como los códigos de Justicia Militar y el de Procedimientos Penales, solo por mencionar algunas.
Lo mismo aplica para la reforma que devolvió a Pemex y a la CFE su carácter de empresas públicas del Estado, que implica el ajuste de las leyes de la Comisión Federal de Electricidad, de la Industria Eléctrica, de Hidrocarburos, de Pemex, la Minera y de Energía.
Algo distinto sucederá con la reforma en materia de pueblos y comunidades indígenas afromexicanas, que al ser única en su tipo necesitará de una nueva legislación libre e informada en la que ya se encuentran trabajando los legisladores haciendo comisiones y encuentros con integrantes de la comunidad indígena y afromexicana, además de adecuar el marco legal del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y cambiar las normas de Protección del Patrimonio Cultural, entre otras más.
Producto de la extinción de los órganos autónomos, se chequeará una serie de leyes con miras a que las funciones que estos cumplían sean suplidas por otros órganos gubernamentales. Para ello se examinará la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley General de Protección de Datos Personales, por mencionar algunas.
Otras leyes que estarán a discusión para la elaboración de normas secundarias son la de Adquisiciones de Obra Pública, la de Órganos Reguladores en Materia Energética, la de la Carrera Judicial, la de Amparo, la Federal del Control de Precursores Químicos (fentanilo), la Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, la del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, la General del Sistema Nacional de la Seguridad Pública, la Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la Minera, la Ley de Bienestar Animal, la General de Equilibrio y la Ley de Recompensas y Estímulos de las Fuerzas Armadas.
Un recuento
El primer periodo de sesiones de la LXVI Legislatura comenzó con el inicio del gobierno de la primera mujer presidenta, asamblea que cerró con la aprobación de 16 reformas constitucionales, de las cuales doce fueron propuestas como parte del Plan C, dos por Claudia Sheinbaum y otras dos emanadas del grupo mayoritario en la cámara alta.
Algunas de estas fueron la reforma al Poder Judicial; la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar; la reforma que garantiza que el salario mínimo no esté por debajo de la inflación; la declaración de Pemex y la CFE como empresas estatales; la reforma al Infonavit; la prohibición de los vapeadores y el uso ilícito del fentanilo; el reconocimiento a los pueblos indígenas y afroamericanos como sujetos de derecho; la ley que prohíbe el maltrato animal; el impulso a proyectos ferroviarios; la extinción de siete órganos autónomos; la ampliación de la lista de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa; otorgar becas a estudiantes de familias de escasos recursos en todos los niveles; la ley de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y la reforma que busca fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.