Para hacer efectiva la participación ciudadana y de especialistas en el debate sobre la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) que el Poder Ejecutivo propuso a finales de 2022, se sugirió realizar hasta siete foros para discutir minuciosamente las bases, medios y objetivos de la iniciativa.
Y aunque solo se han realizado dos foros —el 29 de marzo y el 11 de abril pasados— la Cámara de Diputados ya tiene listo un anteproyecto, lo cual preocupa a científicos, investigadores, académicos y legisladores porque temen que se apruebe un dictamen sin haber dialogado lo suficiente al respecto.
La propuesta del Ejecutivo federal busca dejar atrás la privatización del conocimiento científico, pues argumenta que en sexenios pasados las investigaciones en materia científica se usaron para favorecer intereses individuales, utilitarios y elitistas.
Puntualiza que durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto más de 40 mil millones de pesos que estaban previstos para el sector científico se otorgaron a empresas nacionales y trasnacionales a través de becas, fideicomisos y transferencias bancarias.
Propuestas
En estricto sentido, el anteproyecto realizado por la Comisión de Educación de San Lázaro no modifica demasiado la iniciativa del Ejecutivo, aunque sí incluye algunas de las propuestas que se presentaron en los dos Parlamentos Abiertos realizados, puesto que se buscó atender las inquietudes que expresó la comunidad científica y académica.
Algunas de estas demandas incluyen la apertura de espacios para que puedan participar en los órganos de decisión y de ahí la importancia de los Parlamentos Abiertos.
Otra de las propuestas presente en el anteproyecto es la entrega de becas de posgrado exclusivamente a estudiantes de nivel superior y a centros de investigación del sector público, siempre y cuando las investigaciones coadyuven a temas prioritarios de la agenda nacional.
El documento también exhorta a la participación social y privada en el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, pero limita la participación política, ya que solo vendrá por parte del Estado.
De igual manera, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) pasará a ser el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, que se conformará por una junta de gobierno donde haya representantes de sectores sociales y privados. La junta pasará de seis a ocho miembros y las decisiones sobre el órgano se tomarán por mayoría de votos. En caso de empate, quien sea elegido presidente de la junta tendrá voto de calidad.
Los legisladores puntualizaron que el Estado tendrá la obligación de otorgar anualmente y sin excepciones los recursos necesarios a la comunidad científica, mismo que “no podrá ser inferior en términos reales a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables”.
Además, para no reincidir en lo sucedido durante sexenios anteriores, la nueva ley prohibiría la creación de fideicomisos.
Por otro lado, la legislación estipularía que todos los estados, municipios y en general los tres niveles de la Federación deberán participar para integrar una agenda nacional de temas prioritarios y estratégicos, de modo que todo quehacer científico, humanístico y tecnológico esté emparejado a estos intereses.
Otras partes relevantes del anteproyecto incluyen la creación de convenios entre el Consejo Nacional y otras universidades e instituciones de educación e investigación, así como la promoción del desarrollo tecnológico en municipios, pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes.
El anteproyecto de dictamen ya se distribuyó entre los diputados de la otra comisión dictaminadora, a saber, la de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).
Sin embargo, la comunidad científica y algunos otros legisladores han alzado la voz al respecto.
Preocupación
El lunes 17 de abril el Colectivo por la Ciencia, un grupo integrado por más de mil investigadores de ciencias, humanidades y tecnología que pertenecen a instituciones públicas y privadas, emitió una carta conjunta dirigida a los próximos candidatos presidenciales, a legisladores y al público en general, donde exhortan a completar el proceso de discusión de la ley a través de los siete foros que se organizarían.
El documento afirma que los Parlamentos Abiertos han sido “un importante ejercicio democrático que ha permitido escuchar la voz de una comunidad diversa y plural”, aunque considera que el debate ha sido polarizado y por ello quienes rechazan cualquier cambio a la propuesta sostienen que “solo hay dos posturas posibles: la de quienes quieren apoyar al pueblo; y la de quienes sostienen opiniones críticas a la iniciativa, que constituyen una élite interesada en mantener sus privilegios, sus intereses particulares y quedarse con el dinero público”.
Cabe señalar que hay otros cinco proyectos para la HCTI, aunque el que más avance logró en San Lázaro es el que realizaron el Ejecutivo y el Conacyt.
El Colectivo por la Ciencia señala que el proceso de discusión peligra por la premura con la que los legisladores intentan aprobar la ley. “Es de gran importancia que se tomen en cuenta las ideas expresadas en el Parlamento Abierto y que intervengan, a través de sus fracciones partidistas y posiciones de liderazgo, para evitar la aprobación apresurada de una iniciativa unilateral con muchas áreas de oportunidad”, puntualizaron en su carta.
En estricto sentido, el colectivo no se opone a la creación de una ley como la HCTI. De hecho, reconoce que “es necesaria una ley general y moderna que impulse el desarrollo científico y tecnológico y la innovación y garantice el disfrute social de sus beneficios, como lo mandata nuestra Constitución”.
Por ello exhortan a concluir el análisis de todos los temas pendientes y a revisar las demás iniciativas de Ley de Ciencia que se han presentado en el Congreso de la Unión.
Diálogos
En los dos foros que se realizaron hasta ahora han participado académicos e investigadores del Tecnológico de Monterrey (Tec), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), además de empresarios y diputados de todas las bancadas.
José Antonio Romero Tellaeche, director general del CIDE, señaló que el número de profesionales ha crecido de 1 a 30 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, el incremento no se ha visto reflejado en la economía, el bienestar y el avance científico y tecnológico del país. Según indicó, esto se debe a que la investigación en centros científicos y universidades dejó de ser relevante y se alejó del aparato de producción gracias al neoliberalismo.
Por su lado, William Lee Alardín, coordinador de Investigación Científica de la UNAM, expuso que se debe asegurar un conocimiento científico que incida en la creación de oportunidades socioeconómicas. Esto mediante políticas públicas que sean útiles, congruentes, a largo plazo y sujetas de evaluación en todos los niveles y ámbitos.
Federico González, titular del Centro Público de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Infotec), defendió a su vez la iniciativa presidencial y señaló que la ley facilitará la cooperación entre instituciones y promoverá la independencia científica y académica. “Les pido consideren la aprobación de esta iniciativa como algo positivo para el sector, como una oportunidad de desarrollo y un paso hacia delante”, destacó.
La coordinadora de investigación del Campus Siglo XXI, María del Socorro Romero Figueroa, señaló en tanto que con la eventual centralización de la ciencia se dejarían fuera sectores importantes de la sociedad y, por el contrario, se priorizan las actividades y el crecimiento de otras dependencias federales.
Finalmente, el coordinador Rubén Moreira aclaró que todas las inquietudes presentadas durante los foros las harían llegar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro y aseguró que en caso de que la ley se aprobase como está interpondría una controversia constitucional.
Puntos importantes de la Ley HCTI
- Eliminará normas, políticas y prácticas que limiten el acceso a instalaciones, servicios y bienes científicos.
- Eliminará todo instrumento legal que socave la participación de mujeres y niñas en la investigación científica y tecnológica.
- Promoverá la educación científica en instituciones públicas y privadas.
- Apoyará aplicaciones e investigaciones científicas que sean fundamentales para el derecho a la salud y otros derechos económicos, sociales y culturales.
- Se adoptarán mecanismos que compaginen políticas y programas gubernamentales con pruebas científicas.
- Promoverá la información certera y veraz, limitando así la desinformación.
- Defenderá a la población de prácticas falsas, seudocientíficas y engañosas.
Fuente: Cámara de Diputados