Destaca que entre los principales desafíos se encuentra la necesidad de que los tribunales adopten medidas contundentes para garantizar el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución.
Es indispensable un Poder Judicial confiable para garantizar el Estado de Derecho y la paz social, afirma la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Magda Zulema Mosri Gutiérrez, quien considera que entre los principales desafíos que enfrenta la justicia en el país está la necesidad de que los tribunales adopten medidas contundentes para convertirse en vehículos de la justicia social.
Con una larga trayectoria en el ámbito judicial, se manifiesta porque los juzgadores apliquen las perspectivas de género y de derechos humanos en la justicia para garantizar las garantías fundamentales y evitar la desigualdad, para lo cual es necesario que estén debidamente capacitados y de esa manera puedan ejercer el cargo de forma responsable y sin perjuicio del interés social.
Coordinadora y autora del libro La perspectiva de género en la justicia administrativa federal, Mosri Gutiérrez asevera que con este tipo de textos lo que se busca es promover una justicia accesible para todas y todos en la que el sexo, la edad, el grupo étnico, la discapacidad o la situación económica de las personas no sea un obstáculo para ejercer sus derechos ni para hacer cumplir la ley.
Respeto
Al hablar acerca de la necesidad de publicar una obra que aborde la perspectiva de género en la justicia desde el ámbito de la administración federal, la magistrada Magda Zulema Mosri resalta que los juzgadores y los tribunales tienen la obligación de promover la cultura de la legalidad, es decir, mostrarle a la gente cuáles son los beneficios de cumplir la ley, porque si las personas no ven las ventajas que tiene el orden jurídico en la conservación de la paz social, no van a respetar ni defender a sus instituciones.
Explica que el libro tiene como propósito fundamental enseñar a las personas que hay juzgadoras y juzgadores en el TFJA comprometidos con los derechos humanos que conocen y aplican la perspectiva de género, ya que esta se puede aplicar también en materia administrativa, no solo en la civil o penal como a veces se piensa erróneamente.
Apunta que la obra pretende también enseñar a las y los estudiantes, litigantes y público en general acerca de cómo se aplica la perspectiva de género en la práctica, mediante la descripción de casos reales, además de buscar contribuir al fortalecimiento de la cultura de la legalidad, ya que promueve el respeto a los derechos humanos y la igualdad entre mujeres y hombres.
—Se habla mucho de la perspectiva de género. ¿En qué consiste?
—La perspectiva de género es una metodología para analizar los juicios considerando un enfoque diferente. Antes nos decían que la justicia era ciega, ahora no, la justicia se quita la venda de los ojos para ver a quienes está juzgando y determinar si esas personas están en condición de desventaja por su sexo o por estereotipos de género, para que dicha circunstancia se tome en cuenta al estudiar el caso y resolverlo, de manera que no se le revictimice o discrimine con la sentencia o medidas que se adopten durante el proceso.
—¿Cuál es el enfoque que se le da al libro?
—El libro está integrado por doce capítulos en los que se analizan distintas resoluciones, medidas o votos particulares que fueron emitidos mediante la aplicación de la perspectiva de género para garantizar los derechos de las personas involucradas en estos, especialmente sus derechos a la igualdad y la no discriminación.
Añade que las resoluciones incluidas en el libro fueron ganadoras en concursos organizados por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para reconocer las mejores sentencias o medidas particulares dictadas con perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos.
En cada artículo las magistradas y magistrados que emitieron las resoluciones o votos explican qué elementos tomaron en cuenta al juzgar con perspectiva de género, sus razonamientos y argumentaciones.
Explica que “es un libro muy completo porque aborda juicios de responsabilidad patrimonial del Estado, específicamente por casos de negligencia médica, un juicio relacionado con reproducción asistida y tres en materia de pensiones, en los que las personas beneficiadas son hombres, porque la perspectiva de género no solo favorece a las mujeres, ya que hay casos en que los prejuicios y estereotipos de género condicionan o limitan a los varones el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad”.
—¿Por qué se tiene que aplicar la perspectiva de género al juzgar?
—Porque en México pese a todos los esfuerzos hechos para combatir la pobreza, especialmente en los más recientes sexenios, la desigualdad social persiste, así que para contrarrestar las consecuencias de las discriminaciones históricas que siguen afectando las oportunidades y derechos de mujeres, indígenas, personas con discapacidad o afrodescendientes, por citar algunas. Es necesario que las y los juzgadores veamos, al conocer de los juicios, si las personas que intervienen en los casos pertenecen a alguna de estas poblaciones, llamadas en derecho categorías sospechosas, y si eso puede poner en riesgo su derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
Refiere el caso de una mujer indígena que no hable español, en situación de pobreza y que sea adulta mayor, lo que se trataría de una persona en vulnerabilidad porque va a enfrentar obstáculos institucionales y sociales que personas que no comparten su misma pertenencia étnica o de edad no van a encarar para hacer valer sus derechos.
Esa situación “debe ser vista por quienes impartimos justicia, es nuestra obligación, de lo contrario los tribunales y juzgados se pueden convertir en fábricas de injusticias como han alertado distintas asociaciones civiles”, asevera la magistrada.
De ahí que considere lamentable que las personas que han tenido que hacer un gran esfuerzo para que sus casos lleguen a los tribunales, al encontrarse en esa situación se les revictimice o discrimine nuevamente, situación que no puede pasar y se debe garantizar el derecho de acceso a la justicia de todas las personas sin discriminación en las instituciones, principalmente en las que imparten justicia porque estas también pueden promover la justicia social.
—¿Cómo promueven la justicia social los órganos jurisdiccionales?
—El Estado debe generar las condiciones legales y materiales necesarias para que las personas podamos desarrollar libremente nuestros proyectos de vida. Así que tanto cuando los tribunales resuelven controversias entre particulares como entre las autoridades y los ciudadanos, pueden adoptar medidas para garantizar la igualdad entre las partes, si es que se advierte que existe asimetría de poder que pueda trascender al fallo, es decir, una persona con mucha posibilidad económica se enfrenta en juicio a otra en pobreza y si requieren peritajes costosos para dilucidar el fondo del asunto se tienen que adoptar medidas por quien esté juzgando para que la persona sin dinero pueda presentar un peritaje, ya sea por conducto de una institución pública o de alguna otra que brinde un costo accesible.
La magistrada Mosri Gutiérrez recalca que el propósito es que no estén en desventaja durante el desarrollo del juicio y que la pobreza no le impida ejercer en igualdad de condiciones su derecho de acceso a la justicia. Con estas medidas las asimetrías se van reduciendo porque se dará la razón a quien la tenga, no a quien pueda pagar. Así, con la aplicación de las perspectivas de género y de derechos humanos en la impartición de justicia se garantiza que las desigualdades existentes no se profundicen, promoviendo la justicia social.
Desafíos
—¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la impartición de justicia?
—Uno de los principales retos está en la desconfianza ciudadana. A diferencia de los otros dos poderes de la Unión, y salvo excepciones, la labor del Poder Judicial solo se conoce cuando se ha hecho mal. Es decir, conocemos de los casos cuando las personas no son sancionadas o ganan los juicios por tener dinero, por nepotismo o compadrazgos. Eso, con mucha razón, indigna a la sociedad y crea una idea generalizada de desconfianza en los tribunales, lo que daña profundamente a la democracia porque un poder judicial confiable es indispensable para garantizar el Estado de Derecho y la paz social; por ello es necesario que esas prácticas, donde existan, sean erradicadas.
Afirma que otro de los principales desafíos que enfrenta la justicia está en que los tribunales no han adoptado medidas contundentes para convertirse en vehículos que impulsen la justicia social, de manera que las personas juzgadoras apliquen las perspectivas de género y de derechos humanos para garantizar estos, no para profundizar la desigualdad; por ello deben ser debidamente capacitadas para no hacer uso artificioso de estas metodologías en perjuicio del interés social.
—¿Qué tipo de justicia se promueve con la publicación de este libro?
—Una justicia accesible para todas y todos. Una justicia en la que el sexo, la edad, el grupo étnico, la discapacidad o la situación económica de las personas no sean obstáculos para ejercer sus derechos ni para hacer cumplir la ley. Una justicia sin impunidad y que promueva el bienestar social. Esa es la justicia a la que aspiro y en la que pensé al preparar este libro, porque materializa uno de los anhelos que tengo como juzgadora: el de que todas y todos tengamos la plena certeza de que todas las personas podrán acceder a la justicia sin discriminación ni violencia.
Trayectoria
La magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez cuenta con más de 34 años de experiencia en el campo jurídico; 15 de ellos los ha desempeñado como juzgadora.
Su experiencia jurisdiccional abarca su desempeño como magistrada del TFJA, por concurso de oposición, con cero rezagos y altos índices de productividad.
Fue integrante de la Junta de Gobierno y Administración del TFJA y funge como presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal, con importantes logros en materia de género.
Fue magistrada de la Sala Regional del Noroeste I del TFJA en Tijuana, Baja California.
Fungió como diputada Local en la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, así como diversos cargos en la administración federal.