Ciudad de México, México, 8 de mayo. La Suprema Corte invalidó este lunes parte de una reforma electoral en México, en el más reciente revés para el presidente Andrés Manuel López Obrador —promotor de la iniciativa— y que anticipa un incremento en las tensiones entre el Ejecutivo y el máximo tribunal.
Nueve de los once ministros de la Suprema Corte votaron a favor de invalidar la reforma a las leyes de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas, que aprobó en diciembre el Congreso. El tribunal consideró que el Legislativo incurrió en violaciones a los procedimientos para su aprobación.
Un día antes de la sesión, la Consejería Jurídica de la Presidencia exhortó en un comunicado a los ministros a actuar con responsabilidad y afirmó que, de invalidarse parte de la reforma, estarían sustituyendo la facultad del Congreso de elaborar leyes y “violarían la división de poderes”, pronunciamiento que fue considerado por analistas como una acción de presión hacia la Corte.
En las últimas semanas las relaciones entre el gobierno y la Suprema Corte se han tensado luego de que los ministros invalidaron en abril una reforma que transfería al Ejército el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, lo que representó un duro revés para López Obrador, quien ha sustentado su política de seguridad en el uso de los militares para hacer frente a las poderosas organizaciones criminales que controlan vastas regiones del país.
Tras el rechazo de la reforma militar, el gobernante criticó duramente a los ministros y anunció que en 2024, último año de su sexenio, promovería una nueva iniciativa de reforma para consumar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
A fines del año pasado, López Obrador promovió la reforma de seis leyes para hacer ajustes en materia electoral, en un movimiento conocido como el “Plan B”, luego de que no logró los votos suficientes en el Congreso para modificar la Constitución en temas electorales.
Dos de las seis leyes se aprobaron en diciembre y las cuatro restantes, que redujeron la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) y le restaron facultades de supervisión y sanción a los partidos, se aprobaron dos meses después y están pendientes de evaluación por parte de la Corte.
El INE y los partidos opositores presentaron acciones contra el paquete de leyes en la Suprema Corte alegando que los cambios violaron la constitución, mermaron la autonomía de la institución, desequilibraron el modelo de comunicación social y perjudicaron la equidad en la contienda electoral.
López Obrador ha negado que el paquete de reformas pueda poner en riesgo la realización de comicios en México, como aseguraron las autoridades electorales, y planteó que la iniciativa buscaba recortar el oneroso presupuesto del INE y terminar con sus privilegios.
El mandatario señaló al expresidente del INE, Lorenzo Córdova, que salió el mes pasado el cargo luego de nueve años de gestión, de actuar más como opositor al gobierno que como árbitro neutral de los comicios. Córdova fue reemplazado en abril por Guadalupe Taddei, quien fue electa por la Cámara de Diputados, de mayoría oficialista.