El Instituto Nacional Electoral (INE) solicita para 2024 casi 24 mil millones de pesos, recursos que se emplearán en gastos de operación (sueldos, sobre todo), la organización de las elecciones federales y el financiamiento público que se destina a los siete partidos políticos nacionales.
Adicionalmente, el organismo solicita un “presupuesto precautorio” de tres mil 568 millones a fin de utilizarlo en una eventual consulta popular o bien para realizar, de ser necesarias, elecciones extraordinarias.
En diversos foros los expertos apoyan año con año la exigencia ciudadana en el sentido de modernizar el sistema de organización de elecciones para que los procesos sean menos costosos, así como también hacen eco del reclamo social en cuanto a reducir el dinero que se otorga a los partidos, los cuales recibirán el año próximo diez mil 444 millones de pesos.
Sin embargo, ni la autoridad electoral impulsa la innovación para reducir sus costos de operación ni los partidos se muestran dispuestos a disminuir el dinero que se autootorgan cada año, haya o no procesos electorales.
Anteproyecto
El Consejo General del INE aprobó por unanimidad el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024 por un monto total de 23 mil 757 millones 453 mil 846 pesos para sus gastos de operación, que incluye “organizar el proceso electoral federal”, “organizar procesos electorales locales” y otros rubros como “fortalecer la cultura democrática”.
Los integrantes del Consejo General del instituto detallaron el tamaño de la organización del proceso electoral del próximo año: “En 2018 la Lista Nominal de electores estuvo conformada por 89.8 millones de ciudadanos. Para 2024 se tiene el pronóstico de que el listado nominal será de entre 97.8 y 98.4 millones de registros. Como se puede apreciar, la diferencia podría ser de hasta nueve millones de personas”.
Otro dato que destacaron es que para 2024 “se instalarán un poco más de 170 mil casillas en todo el país, frente a las 156 mil casillas que se instalaron en 2018”.
Además, resaltaron, “estarán en disputa poco más de 21 mil cargos de elección popular, 629 de ellos federales: la Presidencia de la República, 128 senadurías y 500 diputaciones”.
El resto son “cargos locales, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán; mil 98 diputaciones en 31 Congresos estatales; mil 803 presidencias municipales; mil 786 ayuntamientos en 29 entidades federativas; mil 973 sindicaturas; 14 mil 160 regidurías; 16 alcaldías y 166 concejalías en la CDMX; y del cuarto orden de gobierno, 22 juntas municipales en Campeche y 299 presidencias de comunidad en Tlaxcala”.
También destacaron que “se imprimirán 312 millones de boletas electorales tan solo para el proceso electoral federal; se capacitará a más de un millón y medio de ciudadanos como funcionarios de mesas directivas de casilla; se atenderán entre 13.5 y 15.1 millones de solicitudes en los 843 módulos de atención ciudadana, con el fin de producir 14.32 millones de credenciales para votar”.
De acuerdo con el Consejo General el presupuesto solicitado es 11.02% mayor que el de 2018, “pero con muchas nuevas obligaciones, deberes, programas y proyectos que hay que desplegar por primera vez”.
Por ejemplo, señalaron los consejeros, “se creará una defensoría especializada para la atención integral de las víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género, encargada de prestar servicios gratuitos de defensa jurídica, asesoría legal y primer contacto”.
Finalmente, el Consejo General aprobó un “presupuesto precautorio” para 2024 considerando “una eventual consulta popular y posibles elecciones extraordinarias”.
Para estos rubros solicitarán otros tres mil 568 millones 631 mil 776 pesos. Esto significa que el presupuesto del instituto (considerando el dinero que se destina a los partidos) podría ascender a más de 27 mil 300 millones de pesos.
El representante del PVEM ante el Consejo del INE, Fernando Garibay, convocó a que “en el ejercicio del presupuesto en 2024 se fomente y se practique la innovación a mediano y largo plazos, no solo en la práctica presupuestal, sino además en la forma de hacer las cosas, porque a la postre eso permite mejores condiciones de operación a menores costos”.
Como bien sabemos, uno de los grandes pendientes es la implementación del voto vía internet, que además de reducir de manera importante los costos de las elecciones, también facilitan el conteo de sufragios e incrementan la certeza de los resultados.
Partidos ricos, pueblo pobre
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó el anteproyecto de acuerdo por el que se determina el financiamiento público a los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2024 por un importe de diez mil 444 millones 157 mil 311 pesos.
Explicaron los consejeros que “con base en la fórmula que establece la Constitución, la bolsa total será finalmente distribuida entre los partidos con registro nacional en función de la fórmula aritmética que contempla el Padrón Electoral y la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo de la cifra final”.
Además, “el mecanismo toma en cuenta los resultados de la última elección ordinaria federal para elegir diputaciones federales y el porcentaje de votos obtenidos por cada fuerza política”.
Martín Faz Mora, presidente de la Comisión de Prerrogativas, exhortó a los partidos políticos a que “el ejercicio del financiamiento público se realice siempre dentro de los términos y objetivos que señala la ley”.
En cada foro para discutir cambios al sistema electoral los expertos demandan reducir el financiamiento público a los partidos políticos. Por ejemplo, la especialista en temas electorales Elena Sarayth de León Cardona consideró que eliminar el financiamiento público para actividades ordinarias e incentivar que sean sus militantes quienes cubran sus gastos incluso permitirá fortalecer a los partidos políticos: “Fortalecerá su democracia interna y el vínculo militancia-dirigencia; generará auténticas escuelas de cuadros; facilitará la posibilidad de acceso a cargos públicos y partidarios; abolirá cúpulas anquilosadas; propiciará una participación auténtica; privilegiará la transparencia y rendición de cuentas; optimizará gastos; obligará a una administración ordenada y eficiente y desincentivará al partido como un negocio personal o de grupo, porque el militante será su principal fuente de financiamiento”.
Asimismo, planteó que en la actualidad “el flujo de dinero para cubrir gastos de campaña muchas veces se utiliza para las llamadas actividades de campo que envuelven la denominada operación política: ‘compra de votos’, ‘traslado de votantes’, ‘pago de operadores y movilizadores’, ‘grupos de choque’, representantes generales y de casilla, y muchos otros gastos que la fiscalización no detecta y que no son tan sencillos de acreditar como ilícitos electorales”.
Pero este tipo de argumentos no convencen a los partidos y ellos mantienen sus cuantiosas prerrogativas, que el año próximo superarán los diez mil 400 millones de pesos.
