No solo excluye a los ciudadanos de los espacios de opinión política sino que intenta incluso sancionarlos por expresarse en redes sociales.
Se multiplicaron en los últimos días las voces de académicos, especialistas, legisladores y ciudadanos en general que catalogan al Instituto Nacional Electoral (INE) como un organismo que en lugar de vigilar a los candidatos y partidos políticos rumbo a las elecciones de 2024, como es su responsabilidad, se concentra en tareas que poco abonan a nuestra democracia como amordazar, reprimir y censurar espacios privados de opinión pública donde los ciudadanos hacen uso de su libertad de expresión, como son las redes sociales.
Advierten los analistas que no es buena señal para la sociedad en general que el árbitro electoral quiera imponerse como el agente de lo políticamente correcto, al convertirse en vigilante de conversaciones privadas y tratar de sancionar las expresiones públicas de cualquier ciudadano.
Los expertos en materia electoral aseguran que el organismo asume un papel de inquisidor desde que comenzó por silenciar a partidos, candidatos, legisladores y periodistas, pero ahora sube de tono al señalar a decenas de particulares por supuestamente violar la ley.
Se trata de ciudadanos comunes que hoy resienten una mordaza impuesta desde la denominada Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que encabezan los consejeros Claudia Zavala, Jorge Montaño y Rita Bell López.
Estos tres integrantes del INE aplican un modelo que obstaculiza la libertad de expresión de los ciudadanos al cerrar espacios de comunicación como X (antes Twitter) y ordenar el retiro de mensajes, censurar videos, desplegados e incluso acallar al presidente de la República bajo un aparente caso de violación de la ley.
Los especialistas reprueban el cierre de espacios porque ello excluye al ciudadano de la conversación social y le cierra foros de comunicación e intercambio de ideas.
Así, México es uno de los pocos países en el mundo que restringen las redes sociales porque el INE se convierte en un ente que busca controlar todas las esferas de la vida política.
Desde el Poder Ejecutivo, pasando por el Legislativo y el sector académico, hasta el ciudadano común exigen la revisión de estas normas restrictivas incitadas un tanto por el protagonismo mal entendido de los consejeros electorales, los mismos que autorizan quién puede hablar, cuándo y de qué, desterrando la libertad de expresión como derecho fundamental democrático que todo mexicano posee para comunicar sus pensamientos, opiniones, creencias y creatividad libremente, sin censura ni temor a la persecución.
Restricciones
Son tan antidemocráticas estas imposiciones establecidas por el organismo coordinador de las elecciones, que desde Palacio Nacional se reprocha ese mecanismo inquisidor que trastoca las redes sociales, que para los especialistas forman parte de un área de comunicación entre particulares.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció apenas el lunes 14 de agosto en favor de revisar las facultades del INE e impedir que con las medidas cautelares que emite se dañen derechos como la libertad de manifestación de ideas.
“Pienso que hay que revisar con mucha seriedad lo de las facultades del INE, del Tribunal Electoral, para que no se afecten derechos y que no se invadan facultades que corresponden a otros poderes; que se garantice la libertad, el derecho de manifestación; que no se limite a nadie el expresarse, manifestarse. ¡Libertad, libertad, libertad!”, aseguró.
Y es que desde el órgano electoral se ha determinado que el presidente debe abstenerse de realizar comentarios en materia electoral y política, así como frenar las críticas contra aspirantes a la candidatura presidencial.
“Es como lo que decíamos antes, y sostenemos: prohibido prohibir. Y como se decía en la época de los liberales: la prensa se regula con la prensa. No ejercer censura: ese es mi punto de vista. Pero, bueno, corresponde a estos organismos que vienen del antiguo régimen y hay que respetar sus decisiones aun cuando sean francamente violatorias de derechos constitucionales”, comentó.
Desde el 16 de agosto el presidente cuestionó las censuras del instituto electoral al asegurar que con las medidas cautelares ordenadas lo quieren silenciar, por lo que preguntó dónde queda la libertad de expresión.
A consideración de López Obrador el derecho a expresarse y replicar las menciones en su contra son “principios básicos de la democracia”. Al respecto explicó: “Me quieren silenciar, no quieren que yo hable. ¿Y dónde quedan la libertad de expresión, el derecho a la réplica, a disentir? ¿Qué no son principios básicos de la democracia?”
Exceso
El exdiputado federal Roberto Gil Zuarth, dijo a su vez que las medidas de la Comisión de Quejas y Denuncias para ordenar a particulares retirar mensajes en la red social X son un exceso, cuando los que están en el centro del debate son servidores públicos.
Admitió que este exceso se debe a que los denunciantes son servidores públicos que se enfrascan en discusiones con particulares, además de que incluso salen fuera de lugar porque no se está en periodo electoral e incluso argumentan que los comentarios de particulares coartan sus derechos político-electorales.
“Este precedente me preocupa. Si mañana yo, en mi cuenta de Twitter, le digo a una servidora pública; ‘Me parece esto nefasto’, la servidora, por el solo hecho de ser funcionaria pública, puede ir al INE a decir: ‘Callen a ese sujeto’. Me parece que eso ya es excesivo: no lo admite ningún régimen democrático que garantice la libertad de expresión”, acusó.
Advirtió que este caso puede significar un antecedente preocupante en tanto que ahora cualquier servidor público podría acudir ante el INE por cualquier expresión de un particular para que lo callen.
Gil consideró que los servidores públicos deben ser más tolerantes y tener la piel un poco más gruesa contra las críticas. “Este tipo de casos pueden terminar por debilitar a la autoridad electoral, además de generar cuellos de botella en casos donde ni siquiera tiene que ver el INE. Son expresiones de un debate político entre un particular y una servidora pública: nada tiene que ver el INE”, insistió.
Afirmó que la regulación excesiva del sistema electoral ha llevado a que estemos discutiendo estas cosas. “Prácticamente el INE se está convirtiendo ya en un corrector de estilo de los dichos que pueden decir las personas, los particulares, del debate que se da en las redes sociales”.
—¿En redes sociales se pueden vulnerar los derechos político-electorales de un servidor público?
—La libertad de expresión no está sujeta a la sensibilidad de los receptores. Mis derechos políticos-electorales son el derecho a votar, a ser votado, el derecho a afiliarme, el derecho a concurrir a un partido político y a participar en la política. ¿En qué medida violentan esas expresiones desde redes sociales el derecho de los servidores públicos a participar en política? A mi juicio en ninguna.
Expresó que el árbitro electoral y la Comisión de Quejas se toman atribuciones que no les competen, puesto que dictan medidas cautelares para pedir a la red social que retire contenidos difundidos. “Sobre todo bajo una lógica muy importante: los senadores y servidores públicos deben tener un umbral de tolerancia mayor a la crítica. Están expuestos a la crítica. Deben tener un poco más dura la piel frente a las expresiones que realizan los particulares”.
Costoso
Con todo y estas pifias legales que trastocan el funcionamiento de la democracia y la libertad de expresión, el órgano electoral le cuesta a los mexicanos muchos recursos.
Tan solo el Anteproyecto de Presupuesto 2024 resulta 11.02% mayor que el aprobado en 2018: el INE presentó y respaldó las cifras del presupuesto base y la cartera institucional de proyectos por un total de 23 mil 757 millones de pesos.
Para la operación básica y permanente del instituto se considera solicitar 13 mil 128 millones de pesos; para la cartera institucional de proyectos requerirá diez mil 629 millones de pesos; y como presupuesto precautorio solicitará tres mil 529 millones de pesos para enfrentar una eventual consulta popular y las elecciones extraordinarias que las autoridades competentes dispongan.
Comparado con los recursos ejercidos en 2018 la propuesta para el próximo año implica 11.02% de aumento a precios constantes de entonces, cuando recibió un monto de 21 mil 394 millones de pesos.
A los 23 mil millones que quiere el instituto habrá que sumar otros diez mil millones que tendrán los partidos el próximo año, para sumar un total de casi 33 mil millones de pesos.
Esto haría que el voto de los 98 millones de personas que estarían inscritas en el padrón electoral en 2024 sea uno de los más caros del mundo: 18 dólares por cabeza, sin considerar el abstencionismo.
Así, se elevan los costos muy por arriba de los doce dólares que, por ejemplo, cuesta el voto en Brasil; de los once en Estados Unidos; o de los dos dólares en Francia.
Para los expertos, el INE y sus consejeros han colocado en riesgo los procesos de elección popular por exceder facultades. Incluso sugieren revisar una legislación que tendrá que replantear la institución que supuestamente salvaguarda la democracia pero que hace todo lo contrario porque fue creada por y para los partidos políticos.
Los especialistas concluyen que para el órgano electoral nunca ha sido prioridad la ciudadanía, su educación política, el fomento a la participación, mucho menos la garantía de que los electores puedan hacer valer su voto y elegir libremente a sus gobernantes.
Al contrario, dicen estos especialistas: reprime, censura y amordaza a la sociedad.
¿Conflicto de intereses?
Desde el nombramiento de Guadalupe Taddei Zavala como presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) el 4 de abril, pesa en el ambiente político la denuncia de un conflicto de intereses con el cual llegó a ese cargo.
Y es que su familia pasó en los últimos años de ser una estirpe discreta en áreas relacionadas a la investigación y la docencia, a involucrarse en importantes cargos políticos.
En efecto, la consejera Taddei pertenece a una familia muy involucrada con la política en Sonora. Por ejemplo: es prima de Jorge Taddei Bringas, coordinador estatal de la Secretaría de Bienestar en la entidad; tía de Pablo Taddei Arriola, director de la empresa Litio para México, organismo descentralizado que desarrollará la explotación del mineral a nivel nacional; tía de Ivana Taddei Arriola, diputada local de Morena; además de que hay otros familiares como Jorge Carlos Taddei, exdirector regional de la zona noroeste de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp); Isabel Taddei Bringas, titular en áreas de Economía y Desarrollo regional del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) del CONACYT; Luis Rogelio Piñeda Taddei, director del Centro de Investigaciones del Congreso de Sonora; Jorge Francisco Piñeda Taddei, encargado de nómina del Instituto de Becas y Crédito Educativo; León Fernando Piñeda Taddei, secretario escribiente en el Tribunal de Justicia Administrativa; y Luis Alonso Taddei Torres, director de Estudios y Proyectos en el Instituto Sonorense de la Juventud.