Ciudad de México, a 24 de julio. Obtener los recursos necesarios para la infraestructura vial, así como créditos para nuevas unidades y tecnología, dependerá de la aplicación de la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano (PNTPCU), coincidieron diversos especialistas y autoridades que participaron en la redacción de este reciente instrumento, que pretende mejorar la manera como se mueve la mayoría de las personas en el país.
Señalaron que, aunque no se trata de un esquema rígido para todas las instancias de movilidad de México, ya sean estatales o municipales, sino de un instrumento adaptable a las circunstancias de cada entidad, su aplicación servirá para que las autoridades e instituciones correspondientes entreguen los recursos necesarios para modernizar los esquemas de movilidad locales.
La PNTPCU es un instrumento a nivel nacional que reconoce la existencia de diferentes contextos, problemas y niveles de avance en materia de transporte y acepta que no existe una solución única, por lo que es necesario generar acciones diferenciadas por grado de gestión, así como diferentes modelos de operación, con el objetivo de lograr que el servicio de transporte público colectivo se rija bajo los siguientes principios: rectoría del Estado, calidad del servicio, equidad e inclusión, justicia social, sostenibilidad financiera, seguridad y cuidado colectivo, innovación y tecnología.
Por ello, las principales autoridades que idearon su redacción, entre ellos Ricardo Serrano Rangel, presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM); Angélica Vesga, directora de Asuntos Públicos y Comunicación del Instituto de Recursos Mundiales (WRI); Jimena David, gerente de Incidencia y Asuntos Públicos WRI; Rafel Hernández Kotasek, director del Instituto de Movilidad de Yucatán, y Roxana Montealegre, directora de Movilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), accedieron a conceder entrevistas acerca de este documento, que la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) entregará de manera seriada, para emprender una iniciativa de difusión sobre su contenido.
La intención es generar un debate que ayude a aglutinar ideas y voluntades que deriven en un trabajo colectivo que contribuya a llevar a la práctica el derecho humano a la movilidad.
La PNTPCU, coincidieron los entrevistados, es una guía útil para que cada gobierno determine el modelo de gestión más adecuado, con el fin de operar sus servicios de transporte público colectivo en sus centros urbanos y también el nivel de integración de sus sistemas.
El documento recomienda modificar la distribución del gasto público dedicado a la movilidad, ya que en la actualidad más de 70% del presupuesto se dedica a infraestructura vial, que prioriza el traslado en automóvil y no el desarrollo de acciones de movilidad sostenible.
De acuerdo con resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), la mayoría de los viajes de nuestro país —alrededor de dos terceras partes— se hacen a pie o en servicios de transporte público.
Sin embargo, frente a esta realidad, lejos de haber una conciencia general sobre la necesidad de mejorar las condiciones que permiten estos modos de movilidad, en las últimas décadas, en el territorio han confluido múltiples intereses que han privilegiado el transporte privado en automóvil.
A la PNTPCU le anteceden la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, también la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. Para conocer el documento completo: