Ciudad de México, a 29 de junio. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en octubre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitirá un informe sobre el caso Segalmex.
Reiteró que no habrá impunidad en este caso, el cual “vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias, porque el prestigio de este gobierno no se va a manchar”, cuyo tema con el informe de la ASF será llevado a la conferencia mañanera.
Sobre el caso de maquila de leche en Segalmex existen 25 ordenes de aprehensión que corresponden a: 12 ex servidores públicos, ocho personas pertenecientes a las empresas, cinco personas beneficiarias de los desvíos. Cuatro personas personas están sujetas a proceso y se encuentran detenidas.
En el caso del suministro de azúcar en Segalmex, las 22 ordenes de aprehensión que se dictaron son relativas a: 12 personas que laboraron en el organismo, seis personas pertenecientes a las empresas que se coludieron y cuatro a personas beneficiarias de los desvíos. 12 personas se encuentran ya sujetas a proceso y en presión preventiva.
En tanto Alfredo Higuera, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que todo lo relativo a la reparación del daño por el fraude a Segalmex, se está siguiendo conforme a los procedimientos legales, y aseguró que no habrá impunidad.
Informó el estatus de la judicialización del caso: 32 carpetas de investigación en trámite; cinco carpetas de investigación judicializadas relativas a siete casos; 26 personas detenidas por cumplimiento de orden de aprehensión.
Dijo que también hay 49 órdenes de aprehensión obtenidas contra 14 personas: 478 por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, una por defraudación fiscal y una por uso ilícito de atribuciones y facultades.
De igual forma, hay 19 personas vinculadas a proceso, 17 por orden de aprehensión y 2 por citación: siete ex servidores públicos y 12 particulares.
Higuera Bernal informó que en total hay 100 denuncias recibidas en la Fiscalía, por parte de 87 personas o entes del gobierno, por el fraude a Segalmex.
Investigación
El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo, precisó que no pueden ser consideradas como daños patrimoniales hasta que no se agoten las instancias para su aclaración, y señaló que no es precisa la información que refiere que se trata de 15 mil millones de pesos (mdp).
Indicó que los actos de fiscalización a las cuentas públicas de 2019 y 2020, de los que se informó en agosto de 2022, dieron lugar a observaciones por 9 mil 500 mdp, de los cuales 6 mil mdp fueron señalados por la SFP y 3 mil 500 mdp por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Refirió que a la fecha la SFP ha recibido información de 2 mil mdp de los 6 mil mdp observados, y a la ASF se han proporcionado otras evidencias en relación con las observaciones pendientes de atender, por lo que se espera que con la documentación aportada el monto observado por ambas instancias de 9 mil 500 mdp se reduzca sustancialmente.
Por otra parte, en lo que corresponde a los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2021, expuso que la ASF emitió observaciones cuyo monto no puede ser sumado a los 9 mil 500 mdp de los años anteriores, ya que forman parte de un proceso que aún no concluye, pues no se han agotado las etapas previstas por la normativa para que las entidades fiscalizadas puedan documentar, aclarar o solventar las observaciones determinadas, y se encuentran dentro de los plazos legales para efectuar las aclaraciones pertinentes.
El secretario Salcedo Aquino afirmó que las observaciones resultantes de un proceso de fiscalización son señalamientos que la institución auditada debe aclarar, y ese es el proceso en el que actualmente se encuentran los casos de Segalmex, Liconsa y Diconsa.
Expuso que las evidencias adicionales aportadas por las tres instituciones se analizan caso por caso, para esclarecer el motivo de las observaciones: si fue porque en su momento no se presentaron los documentos justificativos y comprobatorios del gasto, o porque corresponden a presuntas irregularidades que pueden constituir faltas administrativas o actos delictivos, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Dejó en claro que todo lo que no se aclare dará lugar a un proceso de investigación, que determinará si existieron faltas administrativas graves, que serían turnadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o probables hechos ilícitos que, en su caso, se convertirán en denuncias penales.
El secretario Roberto Salcedo manifestó que las tres instituciones auditadas realizan esfuerzos para atender las observaciones de la SFP y de la ASF. A la fecha han entregado alrededor de 1 millón 200 mil documentos para atender las observaciones.
Afirmó que las observaciones son conclusiones preliminares de lo que los auditores tuvieron a la vista y que requieren mayor información, evidencias, aclaraciones y precisiones para solventarlas o para dejar en firme una presunta responsabilidad.