ELECCIÓN DIRECTA PERMITIRÁ QUE JUZGADORES SEAN CERCANOS A LOS CIUDADANOS: GUSTAVO PEÑA

“Los ciudadanos están cansados de esperar una justicia pronta y expedita”.

Ángel Hernández
Nacional
Compartir
Gustavo Peña

El abogado se manifiesta porque quienes aspiran a algún cargo lo hagan con responsabilidad social, independencia, objetividad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos.

La elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la vía del voto directo permitirá que los juzgadores sean más cercanos con los ciudadanos, además de que tendrán la responsabilidad de ser imparciales y juzgar de manera eficaz, con transparencia y objetividad, comenta a Vértigo Gustavo Alberto Peña Escamilla, abogado y consultor en materia jurídica.

Maestro en Derecho Familiar, considera que la reforma al Poder Judicial implica cambios estructurales profundos en la conformación de ese poder, lo que representa un esfuerzo de actualización para que la impartición de la justicia a nivel local y federal sea más funcional, pues prevalece una inconformidad ciudadana porque no se tiene una justicia pronta y expedita como lo establece la Constitución.

Igual se pronuncia porque quienes aspiran a ocupar un cargo de juzgador lo hagan con responsabilidad social e independencia, objetividad, imparcialidad y respetando en todo momento los derechos humanos.

Renovación

En entrevista, Peña Escamilla considera que la reforma al Poder Judicial implica una renovación de gran calado que permitirá mejorar la justicia a nivel local y federal, pues entre otras innovaciones se creó el Tribunal de Disciplina Judicial que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal.

Agrega que esta renovación aprobada por el Congreso de la Unión viene de una inconformidad de los ciudadanos que están cansados de esperar una justicia pronta y expedita, además de la falta de empatía de los funcionarios judiciales a las necesidades y prioridades de los demandantes de justicia.

Con una trayectoria laboral que abarca cargos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la alcaldía Venustiano Carranza y en el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras actividades profesionales, subraya la importancia de la materia familiar en la que desde su punto de vista se tiene que dar una justicia más equilibrada, con equidad de género.

“Debemos tener presente que los asuntos que atiende el juez de lo familiar tienen un gran impacto dentro de la familia”, asevera.

Gustado Peña añade que hay juzgadores y personal judicial que son insensibles ante algunas circunstancias, y son los primeros en revictimizar o violar los derechos de los ciudadanos en materia familiar que acuden a exigir justicia.

También señala que hay funcionarios judiciales que “no pueden ver más allá de un expediente cuando se trata de problemas con personas que sienten, piensan y lo que esperan es recibir un buen trato por parte de los jueces”.

En materia del Derecho Familiar menciona la importancia de las pensiones alimenticias ya que muchas de ellas no son cumplidas por padres y madres sentenciados a otorgarlas a los hijos del matrimonio disuelto, ya que por lo general se esconden o incumplen con esa obligación determinada por un juez.

“La materia familiar tiene que ver mucho con la base de la sociedad, porque es el vínculo vital donde se crece con amor, con principios, con valores, y por eso es muy importante juzgar con responsabilidad social, independencia, con absoluta objetividad e imparcialidad, y respetando en todo momento los derechos humanos”, apunta.

—¿Qué perspectiva se abre con la elección directa de los juzgadores en el país?

—Para mí es muy importante porque anteriormente los ciudadanos no elegíamos a nuestros jueces, magistrados, ministros, ya que los cargos eran asignados por concursos internos. Hoy por hoy los mexicanos tenemos la responsabilidad de elegir a quien nos va a juzgar. Eso es muy importante porque todo mundo está de acuerdo en que sí debería de haber un cambio en la justicia.

Recalca que es muy importante que la sociedad sea participativa, que conozca a los candidatos, que salga a votar el primero de junio. Y refiere que a partir del 14 de abril el Instituto Electoral de la Ciudad de México abrirá un apartado que contendrá la información de quienes aspiran a ser jueces en la capital del país, cuál es su preparación y trayectoria profesional.

Añade que “ahora sí van a ser candidatos reales, gente con preparación y ganas de transformar un Poder Judicial para que sea sensible y cercano a los ciudadanos”.

—¿Cuáles son los retos para el Derecho Familiar con este nuevo esquema de la elección de jueces?

—El Derecho Familiar es muy importante porque se encarga de los vínculos familiares que son la raíz de la sociedad. Se tiene que juzgar bien porque se trata con personas, se debe ser sensible pues el juzgador tiene bajo su responsabilidad las vidas de niños, niñas y adolescentes que son el futuro de este país.

Reconoce que para las familias acceder a este tipo de derecho se ha vuelto costoso, además de que por la burocracia la justicia se ha vuelto lenta, insensible y alejada de la gente, a lo que hay que sumar que las personas muchas veces están desinformadas y no sabe a dónde acudir cuando tiene un problema de este tipo.

Finalmente, afirma que es importante que las y los candidatos a jueces, magistrados o ministros sean empáticos y cercanos a la sociedad, porque en la actualidad es muy complicado llegar hasta ellos y los mexicanos requieren juzgadores que tengan la puerta abierta para escuchar sus demandas de justicia.

Perfil

Gustavo Alberto Peña Escamilla

Cuenta con una maestría en Derecho Familiar en la Universidad de Tepantlato, así como una licenciatura en Derecho del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.

En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se desempeñó como secretario proyectista de la Primera Sala de lo Familiar y fue integrante de la Comisión de Igualdad de Género.

Ocupó diversos cargos en la alcaldía Venustiano Carranza y fungió como asesor jurídico en la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en materia fiscal y de amparo.