El jefe de Gobierno, Martí Batres, envió al Congreso local una iniciativa de reforma para modernizar los principios de justicia restaurativa, entre otros beneficios.
Para garantizar la justicia social a grupos y personas hoy en desventaja para acceder a ella, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó una iniciativa de reforma en materia judicial al Congreso capitalino que busca beneficiar a miles de ciudadanos.
El objetivo de las modificaciones propuestas es que la función judicial se rija en la capital del país por los principios de igualdad, justicia restaurativa y justicia redistributiva.
Al momento el artículo 35 de la Carta Magna capitalina, dijo Batres, señala que la función judicial se rige por los principios de “legalidad y honradez, accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas”.
En este sentido, el gobernante anunció que con la propuesta de reforma se sugiere agregar un párrafo para que las formalidades no esenciales del proceso judicial nunca estén por encima de la aplicación y los fines de la justicia social para las personas más desprotegidas ante la ley.
Con esta propuesta de modificación la reforma moderniza diversos preceptos que establecen que en la ciudad impere un sistema de justicia auténtico que garantice y favorezca la tutela efectiva de los derechos humanos, especialmente de grupos sociales y personas que se encuentren en situaciones de pobreza, exclusión, marginación y desventaja social.
El planteamiento de modificación se encuentra ya en el Palacio Legislativo de Donceles a consideración de los diputados locales, ante lo cual Batres argumentó que esta decisión responde a la reflexión realizada desde diversos ámbitos de la sociedad, que exige una respuesta a la resolución de casos en los que ha faltado un sentido de justicia por parte de los jueces.
Propuestas
Batres puntualizó que en la Constitución de la CDMX el artículo 35 del Poder Judicial apartado A señala que “la función judicial se regirá por los principios de legalidad y honradez, accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas”, pero a ello debe añadirse “el siguiente párrafo, que es muy puntual: Aunado a lo anterior, en la función jurisdiccional se observarán los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa y justicia redistributiva. De tal manera que las formalidades no esenciales del procedimiento nunca estén por encima de la aplicación y los fines de la justicia social, a fin de que impere un sistema auténtico que garantice y favorezca la tutela efectiva, sin dilataciones indebidas de los derechos humanos, especialmente de grupos sociales y personas que se encuentren en situaciones de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad, discriminación o desventaja social”.
Explicó que la iniciativa aborda los objetivos de la impartición de justicia desde una perspectiva social e impulsa el reconocimiento de las desigualdades. “Nos parece importante arribar a un estadio de sensibilidad de las personas juzgadoras para detectar las condiciones en que ocurren los hechos y, por supuesto, la vulnerabilidad, desventaja o desigualdad en que pueda situarse toda persona al momento de acudir ante el sistema de administración e impartición de justicia”.
Mencionó que la Constitución Política de la Ciudad de México establece el principio de justicia social a lo largo de su letra, pero no lo vincula a la función jurisdiccional.
Por lo tanto, explicó, “nos parece indispensable vincular el principio de justicia social a la tarea que realiza toda persona servidora pública responsable en la administración de justicia”.
Ejemplificó la necesidad de la aprobación de la iniciativa con dos casos recientes. Narró que Fabián “N”, uno de los principales generadores de violencia en la ciudad —quien desde el año pasado forma parte del Programa de Recompensas de la Fiscalía General de Justicia capitalina—, fue detenido el 2 de marzo de 2024 y liberado semanas después por un juez federal con el argumento de falta de racionalidad o necesidad e ilegalidad en la aprehensión.
Al respecto, Batres dijo: “¿Y la justicia? ¿Y las víctimas de esta persona? ¿Y el Programa de Recompensas que abrió la Fiscalía General de Justicia? Nada de eso contó para el juez. Es más, aunque el propio Código Nacional de Procedimientos Penales señala el deber de denunciar y dice que quien en ejercicio de sus funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, a pesar de ello ese juez federal ordenó la libertad de la persona, que se encuentra prófuga en este momento”.
Otro caso más que compartió fue el de la liberación de un sujeto que conducía a alta velocidad en estado de ebriedad y atropelló a tres trabajadores de limpieza en la carretera federal México-Cuernavaca.
Indicó el juez que los lesionados no eran peatones, sino trabajadores; por lo tanto, y considerando que podrían no haberse dado las condiciones de seguridad necesarias para realizar su trabajo, determinó la libertad del imputado.
Es decir, después de un hecho en el que el conductor iba a alta velocidad, en estado de ebriedad y atropelló a tres personas, se determinó la libertad del imputado.
Y destacó el jefe de Gobierno: “Es en estos casos que nos preguntamos: ¿Y dónde está la justicia?”
La iniciativa de reforma ya está en el Congreso de la Ciudad de México para que su presentación pueda ser enlistada en la próxima sesión extraordinaria.