Ciudad de México, México, 18 de julio. Estados Unidos dio un respiro a la pesca mexicana, señaló Oceana luego de que el gobierno de Joe Biden rechazó temporalmente imponer sanciones comerciales a México por la falta de combate a la pesca ilegal y propuso una vía de colaboración para encontrar soluciones a la problemática que se vive en el Alto Golfo de California.
La organización internacional, dedicada exclusivamente a la protección de los océanos. precisó que nuestro país tendrá un año para demostrar que está tomando las acciones necesarias para detener la pesca ilegal de totoaba y proteger a la vaquita marina. De lo contrario, Estados Unidos podría imponer sanciones que perjudicarían especialmente a las y los pescadores legales.
“Estados Unidos tomó la decisión correcta al no imponer sanciones comerciales. Esta es una buena noticia para el sector pesquero y para los mares mexicanos”, señaló Renata Terrazas, directora Ejecutiva de Oceana en México.
Hace unas semanas, integrantes de Oceana se reunieron con autoridades norteamericanas a quienes expresaron que los embargos no son medidas óptimas para combatir la pesca ilegal. En cambio, presentaron propuestas que contribuyen a reducirla y evitar el impacto social negativo de las sanciones comerciales que solo perjudican a quienes sí cumplen con las reglas.
“Atender la problemática de pesca ilegal en México es un reto colectivo y requiere de un compromiso firme por parte de la autoridad mexicana, así como la apertura y disposición de trabajar de la mano con la sociedad civil y con el sector pesquero legal, muchos de quienes ya están desarrollando alternativas para seguir pescando” declaró Renata Terrazas.
Mariana Aziz, directora de Transparencia de Oceana en México, dijo que el plazo de un año que dio Estados Unidos a México para demostrar avances en el combate a la pesca ilegal, “debe servir para que la autoridad restablezca y expanda el sistema de monitoreo satelital de embarcaciones pesqueras que está en pausa desde enero y se apruebe la Norma Oficial Mexicana de Trazabilidad, la cual lleva más de dos años detenida”.
“Es impostergable que se tomen estas medidas que otorgan certeza y transparencia sobre quién pesca, en dónde y cómo, lo cual permite saber quién respeta las normas y quién no. Además, ayudarían a que las y los pescadores legales sigan trabajando en condiciones justas y tengan acceso a los mercados internacionales que cada vez más exigen que se demuestre el origen legal de los productos pesqueros”, finalizó Mariana Aziz.