Las mujeres que se atreven son revictimizadas, orilladas a tomar decisiones fatales y en la mayoría de los casos objeto de persecución por sus atacantes.
México ocupa el primer sitio en el mundo en cuanto a número de casos de abuso sexual de menores, según estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mientras que uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes de diez a 17 años afirma estar expuesto a abuso sexual en su comunidad o el entorno en el que vive, de acuerdo con la Consulta Infantil y Juvenil 2021 aplicada por el Instituto Nacional Electoral (INE).
“Cada vez se violenta más el derecho humano de niñas, niños, adolescentes y las mujeres; nosotras lo hemos corroborado en estos 32 años que llevamos en la atención a víctimas de violencia sexual”, dice a Vértigo Laura Martínez Rodríguez, fundadora y directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas AC (Adivac).
Añade que “existen pactos patriarcales entre los hombres, pero además está mucho más remarcado entre quienes aplican la justicia: quienes interpretan las leyes lo hacen a su modo y con conciencia patriarcal”.
Prueba de ello, agrega, es que en el país diez mujeres son asesinadas cada día; de cada 100 denuncias que realizan las mujeres, solo una procede; y “podría asegurar que realmente solo 0.5% de denuncias sexuales es la que sí procede”.
De acuerdo con los censos nacionales de procuración e impartición de justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 95% de las denuncias por abuso sexual en todo el país no está resuelto.
Largo camino
Adivac es una asociación civil que trabaja desde hace más de tres décadas con personas que han sufrido violencia sexual. Semanalmente atiende a unas 400 personas, de las que 30% son niñas, niños y adolescentes.
Muchos de ellos han sido víctimas de sus progenitores, contra quienes sus madres han peleado por varios años en los tribunales. “Lastimosamente, en muchos casos hemos visto cómo los jueces de lo familiar dieron a los niños a sus agresores, lo que es parte del pacto patriarcal aberrante”, asevera.
Su objetivo, dice, es brindar apoyo en este proceso. “Ofrecemos atención médica, legal y sicológica a personas que han vivido violencia sexual. Pueden ser niñas, niños, adolescentes y mujeres; de repente hemos tenido también hombres adultos.
Trabajamos con los familiares, ya que cuando una persona vive violencia sexual afecta todo su entorno. Para ello utilizamos modelos de atención ya validados (por UNICEF)”.
Explica que, por ejemplo, “con las madres vemos en particular una gran traba en el acceso a la justicia, sobre todo con aquellas que se atreven a denunciar un abuso sexual contra sus hijos, ejercido generalmente por alguien conocido, incluso por el progenitor”.
Victoria
Martínez Rodríguez relata el caso de Victoria, una madre que en 2018 ganó un juicio penal por abuso sexual contra el padre de sus hijos y un juicio familiar por la patria potestad.
Una vez dictada sentencia comenzó a sufrir una persecución en redes sociales por parte de allegados al agresor, además del asalto a su casa por desconocidos que intentaron ahorcar a la trabajadora doméstica y robaron el expediente del caso.
“Cuando sucedió eso Victoria inició una carpeta de investigación. Nos enteramos además de que el agresor también le sacaba fotos a los niños y video para venderlos como explotación sexual y trata de personas. En esa ocasión la mamá ya no quiso iniciar ningún proceso porque es muy desgastante; lo que sí iniciamos fue terapia para los niños”, indica Martínez.
Afortunadamente, agrega, “se logró configurar el delito y una sentencia de 24 años para el progenitor. El padre apeló. En esa audiencia la jueza le dio 23 años más. Entonces, ahora tiene que cumplir una sentencia de 47 años, pero recientemente nos llegó información de que este señor metió un amparo y afirma ser un ‘preso político’, cuando no es así: es un violador, hay un proceso y una sentencia legal que se logró”.
En este sentido, se declara consternada al “saber que las mujeres no están protegidas por la ley, no están protegidas por el Estado; si bien las leyes están escritas y en algunos casos son muy puntuales, quienes operan las leyes son hombres con conciencia patriarcal, con conciencia machista; hay una especie de pactos entre ellos para trabar la justicia y apoyarse unos a otros en estas cosas”.
Mireya
De acuerdo con la líder de Adivac aquellas mujeres que se atreven a denunciar a sus agresores son revictimizadas, orilladas a tomar decisiones fatales y, en la mayoría de los casos, objeto de persecución por sus atacantes, así como familiares y amigos de estos.
El caso más visible, dice, es el de Mireya, una mujer que se suicidó junto con sus hijos en junio de 2017, cuando perdió la patria potestad de sus hijos ante su agresor, por considerar que los niños habían sido víctimas de alienación parental por parte de ella; es decir, que manipulaba a los niños para que acusaran a su papá de abuso sexual.
“Ella recibió, después de seis años, una sentencia que contenía un término que logramos que se derogara, que es el de ‘alienación parental’, cosa que no existe, ni siquiera hay que decirle síndrome porque no llega a eso. Ella estaba planeando mudarse a otro país cuando le avisaron que al otro día tenía que enviar a los niños con su agresor”, relata.
Aquella noche, ella junto con sus papás decidieron quitarse la vida y quitarles la vida a los niños. “La señora no estaba enferma, estaba desesperada porque le iban a dar a sus niños a un violador y una madre no puede permitir eso: estaba hiperdesesperada”.
Martínez dice que debe entenderse que la “alienación parental” no tiene sustento científico. “Hoy en día se sigue cuestionando a las madres, cuando en temas de abuso los niños no mienten. El mismo sistema sigue generando, alimentando la impunidad de los agresores sexuales”.
Habla Mariel
Otro caso que se suma a la lista, reflexiona la también sicóloga, es el de la señora Mariel, cuyas dos hijas actualmente reciben atención en Adivac por el presunto abuso sexual por parte del padre.
“El sistema está diseñado para hacerte pedazos. Cuando te atreves a denunciar buscan que desistas, que no continúes. Yo digo que son complicidades perversas entre el agresor, los abogados y las autoridades, porque las autoridades no actúan solas: lo hacen en complicidad con abogados que carecen de toda ética, que te denuncian a diestra y siniestra, no te dejan ni respirar”, explica la propia Mariel.
De primera instancia, agrega, “la carpeta de investigación en el caso de mis hijas no se judicializó contra su agresor porque en ese entonces era magistrado de la CDMX, pero en cambio a mí se me abrieron siete carpetas de investigación”.
Considera que “hay una resistencia por parte de la sociedad, de las autoridades, para creer que tenemos a los violadores en nuestras casas, que pueden ser tíos, primos, abuelos o hasta los propios padres biológicos. Jamás me imaginé que un padre fuera capaz de atentar contra su propia sangre, como ocurrió en el caso de mis hijas. Ahora que desafortunadamente he entrado a este submundo me he dado cuenta de que es mucho más común de lo que creemos”.
Revictimización
Es común que a las víctimas de abuso sexual infantil les lleve hasta 50 años revelar las agresiones. Entre los casos que refiere Laura Martínez se encuentra el de la actriz y cantante Sasha, donde tuvieron que pasar muchas décadas para que ella pudiera hablar sobre el abuso del que fue víctima cuando era niña.
Entonces, dice, no puedes tomar conciencia de un suceso si no estás emocionalmente lista, ahora imagínate a los menores en las fiscalías.
Tristemente, indica Mariel, en pleno 2023 la Fiscalía no cuenta con personal especializado para abordar la violencia sexual infantil.
“La Corte Interamericana dice que deben existir especialistas en infancia, pero no los tenemos; lo mismo da que atienda un perito en medicina a una adulta que a una niña. En mi caso la policía de investigación pretendía entrevistar a mis dos hijas con armas y hombres; aun así, ellas reconocieron los lugares en los que fueron violentadas. La Fiscalía no está preparada para atender estos casos; en el camino hay muchos vicios, negligencias, omisiones y violaciones administrativas y de proceso”, comparte Mariel.
Tenemos, dice a su vez la directora de Avivac, un índice de impunidad arriba de 90%. “Y esto no es porque los niños digan mentiras o porque no manifiesten lo que vivieron: es por la falta de profesionalismo por parte de la autoridad, tanto de procuración como administración de justicia y lo mismo Ministerios Públicos, que jueces. He escuchado cuando los agentes del MP le preguntan a un niño: ¿Ratificas o no ratificas tu declaración? Con un tipo que ejerce su autoridad y que no sabe cómo tratar a un niño, estos se asustan”.
Labor titánica
Martínez indica que no hay prueba sicológica contundente que diga que el niño o la niña vivieron violencia sexual: es con el trato, con diversas técnicas de abordaje, que los menores tienen la confianza de revelar lo que vivieron, porque no es fácil para ellos. Hay muchos niños que tienen mucho miedo de hablar porque están amenazados.
“Nuestros informes conllevan más de 20 horas de trabajo con los niños, mientras que en las fiscalías pretenden que en una hora el menor haga todo el relato del hecho”, puntualiza.
En este sentido, los informes que realiza Avivac han ayudado a que se configure algún delito sexual o incluso a impedir que los niños regresen con su agresor. “Por fortuna se han encuadrado algunos casos que hemos tenido, pero te los puedo contar con una mano: el que te decía de la señora que se fue a otro país, ese caso llegó a una sentencia; y tenemos otro en el Estado de México en un kínder en Aragón, donde el profesor violó a muchos niños: ahí también obtuvimos una sentencia. Y aunque cuesta, es un trabajo que mientras se requiera seguiremos realizando”, finaliza.