“No podemos ignorar que el Estado busca regular las tarifas y las condiciones de operación, así como controlar el contenido que circula en la red”, advierten legisladores.
Diputados federales y expertos en telecomunicaciones alzan la voz al identificar riesgos en el hecho de que el Estado mexicano, mediante las reformas a diversos artículos constitucionales, podría incursionar en el sector de proveeduría de internet con un trato diferenciado que le permitiría ofrecer servicios a precios por debajo de su costo real regulando las tarifas, las condiciones de operación e incluso sin garantizar la seguridad y privacidad de los usuarios.
Los especialistas denuncian que este riesgo apareció cuando la Cámara de Diputados aprobó el 10 de octubre la iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de áreas y empresas estratégicas, mejor conocida como reforma energética.
Analistas alertan sobre las palabras añadidas de último momento al artículo 28 constitucional, donde se agregó que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: explotación del litio, el servicio de internet que provea el Estado y las actividades que realicen las empresas públicas del Estado.
Dichos cambios de último momento despertaron interrogantes entre los consumidores y analistas del sector, especialmente en cuanto a la intimidad y seguridad de los usuarios al tener ahora como proveedor al gobierno federal mediante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en un mercado al momento estable con diversos proveedores nacionales y extranjeros de servicios de internet.
Los conocedores del tema señalan que la confianza y satisfacción del consumidor jugarán un papel importante sobre esta iniciativa de los poderes Legislativo y Ejecutivo, especialmente si las preocupaciones sobre la privacidad no se abordan de manera clara y transparente, además de que se puede poner en riesgo al sector jugando con tarifas inequitativas y consolidando a largo plazo un monopolio que afectaría las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
Contratiempos
Según diputados federales las reformas aprobadas el 10 de octubre en la cámara baja a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de áreas y empresas estratégicas (electricidad, litio e internet) son un acontecimiento importante para la soberanía energética y para el fortalecimiento de la industria de telecomunicaciones en el país.
Esto al otorgar certidumbre jurídica y económica, con un ambiente propicio para la inversión pública y privada, protegiendo a la vez las áreas estratégicas de la nación a cargo del Estado.
Con la reforma al artículo 28 de la Carta Magna, sin embargo, se declara la conexión a internet como un área estratégica para una mayor cobertura y accesibilidad en todo el país: para legisladores y expertos, de manera inesperada y al vapor incorporaron la reforma al litio y al internet.
El diputado panista Víctor Manuel Pérez Díaz, por ejemplo, aseveró que “estas simples palabritas encubren la malévola intención de la censura, la amenaza a la libertad de expresión y la libre competencia”.
Consideró que cuando “el Estado asume el control de una industria estratégica, como lo haría con internet, también tiene potencial en convertirse en un juez y parte”.
Pérez consideró que “esta reforma es un atentado contra las garantías constitucionales de nuestra sociedad. Tal como está formulada, presenta riesgos que comprometen principios fundamentales, la neutralidad a la competencia y el respeto a los ciudadanos”.
Denunció en tribuna ese mismo 10 de octubre: “No podemos ignorar que el Estado también sería quien regula las tarifas, las condiciones de operación y en el peor de los casos, que ya les comentamos, controla o pretende controlar el contenido que circula en internet”.
Puso ejemplos internacionales en materia de privacidad. “En estos momentos, y desde hace mucho tiempo, esto tiene a los cubanos bajo un control férreo en el cual decir algo que atente contra el sistema significa censura y cárcel. Igualmente en China. En Venezuela este tipo de cambios constitucionales en materia de telecomunicaciones e internet ha provocado su uso clandestino”.
Subrayó que “al aprobar una reforma de esta naturaleza estamos creando las condiciones para que estas mismas situaciones se reproduzcan en nuestro país”.
Fue más allá al establecer que la reforma como está planeada viola incluso los principios rectores del TMEC y se corre el riesgo de desincentivar la inversión privada en un área donde la innovación tecnológica debe ser constante.
En este sentido, el experto Javier Tejado Dondé expresó que la Cámara de Diputados aprobó la reforma en materia de industrias estratégicas que nos coloca de manera expresa en un escenario de violación al artículo 18.8 del TMEC.
“Lo anterior porque con la modificación al artículo 28 constitucional se establece que no constituirá monopolio el servicio de internet que provea el Estado. Ello significa que la empresa que provee servicios de internet por parte del gobierno, llamada CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (TEIT), tendrá un trato diferenciado, más favorable, que el resto de los operadores que ofrecen el servicio en México”, expresó el experto.
Denunció que ese trato diferenciado le permitirá a la CFE ofrecer servicios de internet a precios por debajo de su costo real y, con ello, distorsionar el mercado de telecomunicaciones. “Cualquier otro operador que decidiera actuar de la misma forma se vería sujeto a procedimientos sancionatorios por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)”, comentó.
El exdirectivo de medios de comunicación concluyó: “Es delicado que la CFE ponga en riesgo al TMEC y a cientos de empresas mexicanas exitosas, que van a recibir tarifas compensatorias de castigo, cuando el paso de la CFE por las telecomunicaciones ha sido desastroso”.