Los aspirantes de Morena y del Frente Amplio por México recorren el país; participan en mítines, asambleas y foros; señalan los problemas nacionales o bien se pronuncian por la continuidad del régimen.
A pesar de que faltan tres meses y medio para las precampañas, alrededor de siete meses para las campañas y poco menos de diez meses para las elecciones, hoy el país observa un inusual movimiento de casi una veintena de personas que buscan ser postulados a la Presidencia de la República.
En el país los partidos y sus aspirantes organizan recorridos, mítines, asambleas informativas, encuentros y foros en los que hablan de los grandes problemas del país y formulan soluciones, o bien afirman que el país está muy bien y es necesario que se mantenga el régimen actual.
A su vez, el Instituto Nacional Electoral (INE) dispone de personal para fiscalizar los gastos de los aspirantes, además de que se prepara para retirar propaganda exterior y vigilar que los servidores públicos no participen en los actos proselitistas que se desarrollan.
Con un evidente “fraude a la ley”, a decir de consejeros y magistrados electorales, el país vive una auténtica etapa de campaña de aspirantes a la Presidencia.
Leyes ignoradas
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece en su artículo 226, punto 2, inciso A: “Durante los procesos electorales federales en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo federal y las dos cámaras del Congreso de la Unión las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección. No podrán durar más de 60 días”.
Para llegar a esta fecha faltan tres meses y medio.
Ahora bien, el artículo 251 de la LGIPE apunta: “Las campañas electorales para presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, en el año que corresponda, tendrán una duración de 90 días”.
En el entendido de que la elección será el 2 de junio del año próximo y tres días antes deben concluir las campañas (periodo de reflexión o veda electoral), entonces dichas campañas comienzan el 1 de marzo de 2024.
Para esta fecha faltan casi siete meses.
Finalmente, el artículo 22 de la LGIPE señala que “las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda, para elegir presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cada seis años”.
Para esta última fecha faltan casi diez meses.
Pero hoy parece que no importan los periodos establecidos en la ley —por los propios partidos políticos— para desarrollar actividades proselitistas tendientes a obtener la candidatura presidencial e incluso para formular propuestas de campaña.
El pasado 11 de junio el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer que se aprobó el acuerdo que define la ruta de trabajo rumbo a 2024.
Dicho acuerdo estipula la participación de un máximo de seis aspirantes en una encuesta que definirá quién representará a los morenistas en la contienda presidencial, misma que se levantará del 28 de agosto al 3 de septiembre y cuyos resultados se darán a conocer el 6 de septiembre próximo.
Los participantes son Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, así como los representantes del Partido Verde y del PT.
Para no hablar de precampañas o de precandidatos a la presidencia, Morena señaló que es un proceso interno que sirve para elegir a la “persona que encabezará la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”.
El dirigente morenista precisó que previo al levantamiento de la encuesta los aspirantes a encabezar la referida coordinación pueden realizar “recorridos de trabajo” entre el 19 de junio y el 27 de agosto.
“Se va a privilegiar el contacto con la gente, queremos que vayan con la gente”, indicó el presidente de Morena.
Y justo en eso andan. Cada día los aspirantes de Morena (llamados corcholatas) recorren distintas entidades donde celebran mítines, asambleas, recorridos en sitios públicos, además de que participan en foros u organizan conferencias.
Al mismo tiempo, sus seguidores —o alguien que todavía no se sabe quiénes son— colocan docenas de espectaculares en distintas poblaciones para promoverlos.
A su vez, una serie de organizaciones ciudadanas y de personajes del ámbito académico o político, además de las dirigencias nacionales de PAN, PRI y PRD, se reunieron el pasado 3 de julio para informar el inicio del proceso de selección del “responsable para la construcción del Frente Amplio por México (FAM)”.
Entre el martes 4 y el domingo 9 de julio los aspirantes del FAM acudieron a registrarse. Entre ellos, Silvano Aureoles, Santiago Creel, Enrique de la Madrid, Xóchitl Gálvez, Miguel Ángel Mancera y Beatriz Paredes.
En una primera etapa, entre el 12 de julio y el 20 de agosto, deben reunir al menos 150 mil firmas de ciudadanos en una plataforma digital dispuesta para dicho fin.
Este 10 de agosto inicia la segunda etapa con la realización de su primer Gran Foro en el que “se presentarán las visiones de México de los aspirantes que hayan cumplido con el requisito de las firmas”.
Del 11 al 16 de agosto se levantará un primer sondeo de opinión. Los tres aspirantes mejor colocados pasarán a la tercera etapa, en la que participarán en una serie de cinco foros temáticos que se llevarán a cabo entre el 19 y el 26 de agosto en Baja California, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco y Yucatán.
Una vez concluidos los cinco foros se levantará un segundo sondeo de opinión, del 27 al 30 de agosto, y será el 3 de septiembre cuando el Comité Organizador anuncie los resultados de quien será la persona “responsable de construir el Frente Amplio por México”.
“Fraude a la ley”
Con casi una veintena de personajes recorriendo el país para pedirle a la gente que los respalde en su meta de convertirse en candidato presidencial, algunos legisladores acudieron ante el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para pedirles que prohíban el proselitismo de los aspirantes.
A juicio de los denunciantes los aspirantes realizan “actos anticipados de campaña” y se comportan como “precandidatos”, por lo que están violando la ley electoral.
En su sesión del pasado 19 de julio la Sala Superior del TEPJF determinó por mayoría de votos la “validez de la convocatoria para la selección de la persona responsable de la construcción del FAM”, lo que en los hechos significó que tanto los partidos de oposición como Morena podrán seguir con sus respectivos procesos encaminados a designar a su candidato a la Presidencia en 2024.
En aquella sesión la magistrada Janine Otálora Malassis propuso al pleno “invalidar la convocatoria al considerarla un fraude a la ley, pues el proceso de selección implica actos anticipados (de campaña), lo cual vulnera los principios de legalidad y equidad en la contienda”.
Los magistrados Felipe Fuentes, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez coincidieron en que este tipo de procesos son “mecanismos inéditos que los partidos usan para definir su participación en el proceso electoral de la Presidencia de la República” y en consecuencia no violan la ley.
Por ello los magistrados se limitaron a pedir al INE que regule y fiscalice los procesos de Morena y el FAM.
El pasado 26 de julio el Consejo General del INE aprobó emitir los lineamientos generales para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda realizados en los procesos políticos (de los partidos) e informó que fiscalizará los gastos de los aspirantes a la candidatura presidencial.
También señaló que ordenará retirar la propaganda exterior cuando así lo considere y estableció que los servidores públicos no pueden participar ni opinar sobre el desarrollo de los referidos procesos y sus participantes.
En la sesión en la que se aprobaron los lineamientos la consejera Claudia Zavala afirmó que “ni la Constitución ni las leyes electorales prevén un periodo de algo así como pre-precampañas”.
Lo que el tribunal mandató, abundó, “es normar una serie de actividades proselitistas en un periodo que simple y sencillamente no está contemplado ni en la Constitución, ni en la ley electoral. Eso de los procesos inéditos simplemente no existe”.
Criticó que la clase política promueva “actos que constituyen intentos de defraudar la ley”.
Sin compromiso
Zavala planteó la pregunta: “¿Luego de dos siglos de lucha para establecernos como un país de leyes existe hoy en el umbral de las próximas elecciones de 2024 un compromiso genuino de los principales actores de la competencia al cumplimiento de la Constitución y las leyes?”
Evidentemente no existe ese compromiso de cumplir con la ley, a decir de magistrados y consejeros electorales, analistas y legisladores que no cesan de denunciar que el país está inmerso en una campaña electoral presidencial muy, pero muy anticipada.
Principales aspirantes
Morena
Marcelo Ebrard.
Adán Augusto López.
Ricardo Monreal.
Claudia Sheinbaum.
Frente Amplio por México
Santiago Creel.
Xóchitl Gálvez.
Enrique de la Madrid.
Beatriz Paredes.