El sistema de justicia en el país demanda cambios sistemáticos tanto en las personas juzgadoras como en el personal de las agencias del Ministerio Público e incluso en el ejercicio de la abogacía.
Los temas relacionados con la impartición de justicia forman parte hoy del debate público como producto de que tenemos una sociedad cada vez más informada, crítica y que sabe demandar sus derechos, afirma el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Eduardo Santillán Pérez.
Al hablar del sistema de justicia en nuestro país el exlegislador y exjefe delegacional en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, también subraya las deficiencias de buena parte de los que hoy se desempeñan como jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.
En entrevista con Vértigo Santillán destaca que es importante que la ciudadanía tenga garantizada una impartición de justicia pronta, expedita y eficiente. Y señala que un primer paso para lograr esto es que las personas juzgadoras sean electas por voto popular.
Para él está claro que “detrás de cada expediente hay un reclamo de justicia”.
Panorama
Eduardo Santillán, quien imparte la cátedra de Derecho Constitucional en la UNAM, habla de la reforma del Poder Judicial y asevera que esta tiene su origen en la demanda ciudadana que busca tener un mejor sistema de justicia.
“No puede consolidarse un régimen democrático sin que se consolide el régimen de procuración e impartición de justicia. Tampoco puede haber una economía sólida, seguridad social o seguridad pública sin que haya justicia. Y por eso la justicia se convierte en uno de los principales reclamos de la sociedad mexicana”, puntualiza.
Por otro lado, indica que la reforma obedece igualmente al hecho de que la ciudadanía percibe una serie de vicios en el Poder Judicial: “Prevalecen los privilegios, hay un problema de corrupción, de nepotismo y los asuntos se resuelven de manera muy lenta”.
Considera que otro problema serio es que la justicia no es siempre accesible para el ciudadano común y pone como ejemplo el tema del instrumento jurídico denominado amparo.
“Mira, tenemos una institución que debería ser un motivo de orgullo, como lo es la figura del amparo, y resulta que este se convirtió en un mecanismo inaccesible para grandes sectores de la población, pues implica tener determinada posición económica para acceder a él”, explica Santillán.
Por ejemplo, añade, “un amparo, primero, es un mecanismo muy complejo, no cualquier ciudadano puede acceder de manera directa, ya que se requiere de un abogado especialista y esto suele ser muy caro. Un amparo en materia penal, dependiendo de cada asunto, puede oscilar entre los 50 mil pesos y hasta varios millones de pesos”.
En este sentido, asegura que “ya tenemos una seria deficiencia en el sistema cuando solo unos cuantos pueden tener acceso al principal mecanismo para defender los derechos y las garantías de las personas”.
De manera tajante, afirma: “La justicia no tiene que ser privilegio de unos cuantos. En un régimen democrático cualquier ciudadano debe tener derecho a la justicia; en un régimen democrático se privilegia la atención a las víctimas y se privilegia el cuidado de las mujeres, por ejemplo”.
Asimismo, afirma que buena parte de “las personas juzgadoras cayeron en los excesos, en los privilegios, gozan de prebendas y así constituyeron una casta llena de lujos y de privilegios”.
Empatía y compromiso
Con amplia experiencia en el servicio público como legislador y jefe delegacional (hoy alcaldes), además de su trayectoria académica en la Facultad de Derecho de la UNAM, el entrevistado afirma que la reforma judicial representa una gran oportunidad para hacer cambios y mejorar al Poder Judicial.
“En la opinión de la gente, la impartición de justicia es fría; es decir, se trata de una justicia que ve meros expedientes, papeles, documentos y no ve rostros, problemas, no ve a la gente”, expresa.
En consecuencia, abunda, él ve una gran oportunidad para mejorar la situación: “Lo veo como académico; cuando estás en el aula universitaria y analizas el Derecho Constitucional, así como el entorno social, político y económico, te das cuenta de que los cambios y actualizaciones son necesarios”.
Al respecto, señala: “También te das cuenta cuando estás en contacto con la gente y conoces sus demandas con relación a este tema de la justicia, ahí es cuando surge el interés de participar para transformar y mejorar las instituciones. Y este proceso —para elegir a las personas juzgadoras— que está por arrancar es una gran oportunidad para mejorar la impartición de justicia”.
“Todo individuo tiene el derecho a plantear su proyecto de vida”.
—Un sistema de justicia más humanizado, dice usted.
—Exacto. Detrás de cada expediente hay una historia, detrás de cada expediente hay una víctima, detrás de cada expediente hay un reclamo de justicia; de tal suerte que cuando se rompe esa relación fría de un juzgador con un expediente, entonces el juzgador pasa a conocer a fondo la problemática. Cuando conoce la historia, las razones de una víctima, pues todo cambia sustancialmente.
Agrega: “La justicia no tiene que ser necesariamente una situación compleja, tan técnica e inaccesible para las personas. Estoy convencido de que la ciudadanía no tiene que ser una experta en términos jurídicos para tener acceso a la justicia”.
Por ejemplo, explica, “a una madre que no logra obtener la pensión alimenticia para sus hijos, pues no hay que explicarle mucho sobre los términos jurídicos, ella siente la injusticia de que sus hijos no tengan alimentos garantizados; una familia que tiene una persona desaparecida pues tampoco tiene que entender los términos técnico-jurídicos, solo siente la ausencia de un ser querido. A partir de ahí, necesitamos que la justicia tenga un rostro mucho más humano, un rostro mucho más sensible”.
—A su juicio, ¿de qué manera la elección de los juzgadores contribuye a tener un mejor sistema?
—La elección de personas juzgadoras es la primera etapa, ya que mejorar el sistema tiene que ver con una serie de acciones. Hay que revisar, por ejemplo, la actuación de ciertos abogados. ¿Qué pasa con esos abogados ‘trinqueteros’ que estafan a la gente sin ofrecerle una defensa ética y profesional? Y luego tenemos el desempeño de las agencias del Ministerio Público, donde debemos garantizar que su personal tenga el conocimiento, profesionalismo, ética y herramientas para ejercer su labor.
Sin embargo, “ahorita estamos en la primera etapa: la elección. Una vez que las personas juzgadoras resulten electas con el voto popular se generará un compromiso con la ciudadanía, ellos tendrán la responsabilidad con la gente que los eligió. Hoy existe una cierta vanidad y visión egocéntrica de algunos de los juzgadores, quienes consideran que no le deben el cargo absolutamente a nadie; por lo tanto, no sienten responsabilidad alguna con las personas”.
No obstante, “en mi opinión, se abusó de la inamovilidad de las personas juzgadoras, porque cuando un magistrado, un juez o un ministro sabe que es inamovible del cargo se vuelve insensible, no admite responsabilidad. Considero que la elección de las personas juzgadoras significará un mayor escrutinio de su actividad, van a estar sujetas a una mayor rendición de cuentas”.
Proceso
El académico de la Facultad de Derecho de la UNAM se refiere al proceso para elegir a las personas juzgadoras, que está próximo a iniciar con la etapa de las campañas proselitistas de quienes aspiran a algún cargo en el Poder Judicial.
Considera en este sentido que “las instituciones electorales deben hacer un gran esfuerzo. El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzará con sus campañas de promoción de la elección de tal suerte, que se garantice que la ciudadanía tenga los elementos necesarios para la toma de decisiones”.
Es importante señalar, dice, “que se tratará de campañas austeras, que no habrá derroche de recursos públicos o privados; esto es relevante porque obliga a que sean las propuestas y los perfiles los que estén sujetos a la valoración de la ciudadanía”.
—¿Qué aspectos positivos le dejará este proceso a la ciudadanía?
—Se debe resaltar que con este proceso se pone en el centro del debate público cuál es la situación de la justicia en nuestro país y qué debe hacerse para que mejore el sistema. Hoy la ciudadanía, en la medida en que es más visible la actuación de las personas juzgadoras, tiene mayores elementos de crítica, de debate; la ciudadanía tiene mucha mayor información y conciencia de lo que se debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de cómo los ministros toman decisiones”.
Ahora, añade, “tenemos una ciudadanía mucho más consciente, más crítica de las instituciones públicas. Y eso significa un régimen mucho más democrático. Estoy seguro de que cualquier persona puede leer y entender la Constitución, puede conocer ahí los derechos y libertades establecidos; todo ello está cada vez más palpable en la sociedad mexicana. No se necesita ser un gran experto en Derecho para opinar sobre los derechos y las libertades. Y en la medida en que la población haga suyo este proceso, va a representar un avance democrático importante”.
Eduardo Santillán estima que el proceso de selección “garantiza que llegarán las personas con las suficientes cualidades técnicas para ejercer la función de juzgadoras; van a llegar buenos abogados; pero no solo eso, sino que llegarán personas juzgadoras que van a tener una responsabilidad, una obligación para con la ciudadanía”.
Y concluye: “Como sociedad democrática esta reforma nos va a dejar una gran lección: que el Derecho y la justicia nos ayudan a vivir mejor. El Derecho y la justicia son un elemento fundamental para lograr la felicidad de las personas. Para mí, el derecho humano que garantiza y engloba todos los derechos es el derecho a la felicidad, porque eso implica que todo individuo tiene el derecho a plantear su proyecto de vida y a hacer todo lo lícitamente necesario para hacer realidad ese proyecto”.
Eduardo Santillán Pérez
→ Estudió la licenciatura en Derecho en la UNAM.
→ Imparte la materia de Derecho Constitucional en la UNAM.
→ Fue jefe delegacional en Álvaro Obregón, Ciudad de México.
→ Fue diputado en el Congreso de la Ciudad de México.
→ Presidió la Comisión de Justicia del Congreso de la Ciudad de México.
→ Está registrado como candidato a ministro de la SCJN.