Legisladores del Grupo Parlamentario del PRI exigieron al Tribunal Superior Agrario (TSA) dejar sin efecto el acuerdo del pasado 7 de enero que emitió para desaparecer seis Tribunales Unitarios Agrarios de Distrito en el país, porque advirtieron que van a afectar a 720 mil campesinos o ejidatarios en la resolución de sus expedientes.
La diputada federal y presidenta de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Leticia Barrera Maldonado informó que para respaldar esta demanda presentaron un Punto de Acuerdo donde solicitan una urgente y obvia resolución para resarcir este daño a mil 800 núcleos ejidales de los estados de Sinaloa, Oaxaca, Hidalgo, Campeche, Guerrero y Tamaulipas.
En conferencia de prensa, realizada en días pasados, la legisladora indicó que el acuerdo se tomó por insuficiencia presupuestal en el TSA, que a partir del 2018 ha registrado recortes en los recursos. Como ejemplo, citó que al eliminar el Tribunal de Huejutla, Hidalgo y pasar los casos a Ciudad Valles, se perjudica a 120 mil campesinos de 432 ejidos, ubicados en 22 municipios.
Indicó que de esta manera se les está negando la justicia agraria y ocasionará un retraso y rezago en la resolución de los juicios; además, que los campesinos deberán solventar gastos adicionales de pago de transporte, alimentación, hospedaje y posibles cambios de representación legal para resolver los asuntos legalmente relacionados con sus tierras.
En su oportunidad, el diputado Christian Castro Bello indicó que cerrar la subsede 34-A del Tribunal Superior Agrario (TUA), ubicado en la ciudad de San Francisco de Campeche, capital del estado, afectaría a ejidatarios de 13 municipios y una cartera de 600 casos pendientes.
Sostuvo que el PRI siempre apoyará a los campesinos y lamenta que esta decisión afecta a miles de familias que se van a tener que trasladar a otras ciudades para resolver este tipo de trámites, como viajar a Mérida, Yucatán; Villahermosa, Tabasco, o Chetumal, Quintana Roo.
Cabe destacar que él como vicecoordinador del GPPRI y el líder congresista, Rubén Moreira, presentaron el 20 de enero pasado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión propuesta de Punto de Acuerdo para exhortar al Tribunal Superior Agrario a mantener la permanencia en funciones de esa subsede del TUA.
En su participación, el congresista Mario Zamora Gastélum explicó que en Sinaloa existen dos tribunales, uno en Guasave y otro en Culiacán, y todavía no han decidido cuál van a inhabilitar. Detalló que el problema es que con la inseguridad que se vive en el estado, además de todo lo que tienen que hacer los trabajadores del sector primario para viajar, quién va a querer agarrar la carretera ya sea de Culiacán a Guasave, o de Guasave a Culiacán.
Al cierre de la conferencia, el legislador Humberto Ambriz Delgadillo recordó que el año pasado cerraron también el tribunal en Aguascalientes y la gente se tiene que trasladar a Zacatecas con los riesgos que representan circular por esas carreteras.
Precisó que muchas de estas personas que asisten a esos tribunales vive al día, entonces el costo es muy alto y no es una sola vez la que tienen que ir para darle seguimiento a sus expedientes.