Ciudad de México, a 3 de noviembre. La abogada penalista Olivia Rubio señaló la existencia de una presunta red de corrupción y extorsión dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).
Según Rubio, esta red opera bajo la coordinación del juez 24 de lo familiar, Alejandro Fernández Hernández, y cuenta con la participación del abogado Víctor de Aquino y la abogada Ana Katiria Suárez Castro, además de otros funcionarios judiciales.
La abogada señaló que esta red se dedica a acciones como la retención indebida de menores, obstaculizando el contacto y la convivencia de estos con alguno de sus padres; la manipulación de menores para obtener testimonios falsos en casos de guarda y custodia, y la imposición de pensiones alimenticias desproporcionadas que benefician económicamente a una de las partes, generalmente las madres.
De acuerdo con Rubio, estas actividades ilegales se centralizan en el Juzgado Familiar 24, donde el juez Fernández Hernández presuntamente coordina la distribución de los beneficios económicos derivados de estas prácticas.
Rubio afirmó tener en su poder audios y documentos que sustentan sus acusaciones contra el juez y el abogado Víctor de Aquino.
Asimismo, destacó que la abogada Ana Katiria Suárez Castro también estaría vinculada a una red de corrupción dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), lo que afecta gravemente los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Por lo anterior, Rubio hizo un llamado a las autoridades del TSJCDMX y la FGJCDMX para que investiguen a fondo estas irregularidades y actúen de manera contundente contra los responsables.
Señaló que estas prácticas no solo perjudican a las familias involucradas, sino que también dañan la credibilidad de las instituciones encargadas de impartir justicia.
Agregó que, a pesar de haberlo hecho público, hasta el momento no se ha emitido una respuesta oficial por parte de las autoridades involucradas, pero insistió en la necesidad de acciones inmediatas para detener actos de corrupción y proteger los derechos de los menores afectados.