México, 23 de abril. La Comisión de Seguridad Pública aprobó, con 10 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, documento remitido el 8 de abril a esta cámara por parte del Ejecutivo Federal, que contiene y desarrolla cuatro ejes para garantizar la seguridad y la paz social en el país.
El documento, que puede consultarse en la Gaceta del Senado, expone que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública representa una guía para la planeación y ejecución de las políticas y acciones, enfocadas en su conjunto a prevenir, investigar y combatir los hechos delictivos y la impunidad.
El primer eje contempla la atención a las causas de la violencia, en el cual se propone fortalecer la vinculación y cercanía con los diversos sectores de la sociedad y las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales, así como mejorar el diálogo con los sectores de la sociedad para la pacificación del país.
El segundo eje plantea consolidar a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública y proximidad social en todo el país, además de mejorar las acciones conjuntas entre esa corporación y las instituciones de seguridad de las entidades y municipios prioritarios.
El tercer eje plantea fortalecer la inteligencia e investigación para disminuir la incidencia de los delitos de alto impacto en todo el país y neutralizar a los objetivos generadores de violencia y redes criminales; también propone incorporar el Servicio de Protección Federal a tareas de inteligencia e investigación y fortalecer el sistema de inteligencia penitenciaria.
Por último, se propone una coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas, con mecanismos entre diversas dependencias y los tres órdenes de gobierno; además de fortalecer al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como institución rectora de las políticas en esta materia.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Lucía Trasviña Waldenrath, añadió que de acuerdo con el documento estos cuatro ejes tienen, a su vez, tres objetivos generales: disminuir la incidencia delictiva, neutralizar a generadores de violencia y grupos delictivos, y fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales.
El senador de Morena, Luis Fernando Salazar Fernández, consideró que se trata de una estrategia sólida basada en la experiencia y el aprendizaje adquirido desde 2018, con la que se plantea una ruta clara y bien estructurada para garantizar la seguridad y la paz en todo el país: “Se ponen en el centro las causas estructurales que originan la inseguridad y se apuesta por el bienestar como condición para tener paz”, añadió.
Del PAN, el senador Agustín Dorantes Lámbarri señaló ante los integrantes de la comisión que la seguridad del país requiere la mayor seriedad, compromiso y unidad para sacarla adelante, por lo que defendió que la “batalla contra el crimen y la violencia” no puede darse a través de un documento “discutido al vapor y de forma superficial”.
Luis Armando Melgar Bravo, del PVEM, aseguró que otorgarán el voto de confianza a este plan y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya que es muy pronto para evaluar la estrategia de seguridad, de manera que es importante ser objetivos ante el embate a la inseguridad.
Por el PRI, Manuel Añorve Baños, afirmó que durante seis años y medio, este gobierno ha “cerrado los ojos” a la realidad del país en materia de seguridad, pues la estrategia presentada es “una calca fallida” de la política “abrazos, no balazos”, por lo que no pueden acompañar el plan “por negar la realidad y la violencia, por negar la crisis de desaparecidos, por negar que el 61 por ciento de las y los ciudadanos viven con miedo, por no contar con protocolos para feminicidios”, entre otros puntos.
Finalmente, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de MC, refirió que hay deficiencias técnicas y metodológicas, sumado a que el análisis inicial parte de comparaciones estadísticas “poco rigurosas y construidas a partir de fuentes incompatibles entre sí”, lo que hace que se distorsione la magnitud real de la inseguridad y se genere una percepción “engañosa”, además de que se omite la crisis de desapariciones de personas y no se reconoce el papel de las familias, aun cuando ellas ya tienen redes de investigación.