Ciudad de México, a 12 de abril. El Gobierno de México fue notificado de la sentencia sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación con el caso García Rodríguez y otros vs México.
La CIDH notificó su sentencia al Estado mexicano en una audiencia en línea, en la que participaron representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y del Estado de México, su Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia local, y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
El organismo latinoamericano limitó el caso al marco fáctico establecido por la CIDH en su informe de fondo, desestimando alegatos sobre una posible desviación de poder, en concordancia con la solicitud del Estado. Determinó medidas de satisfacción, rehabilitación e indemnización compensatoria en favor de las víctimas.
Asimismo, el Estado mexicano deberá adecuar su marco normativo respecto a las figuras del arraigo preprocesal y la prisión preventiva oficiosa, con el fin de que su aplicación cumpla con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La CIDH estableció un plazo de un año para que el Estado informe sobre el cumplimiento de la sentencia.
“El Estado mexicano analizará con atención los resolutivos de la sentencia emitida por el tribunal interamericano, con el objetivo de estar en condiciones para cumplir con sus disposiciones y asegurar el mayor respeto a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a los compromisos internacionales del Estado y sus procesos democráticos internos”, dijo la Secretaría de Gobernación (Segob).
México —agregó la Segob— reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y con los instrumentos y mecanismos que los protegen, tanto en el ámbito regional como universal. La determinación de la CIDH servirá para orientar al Estado en cuanto a sus acciones para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad y que enfrentan juicios frente a autoridades mexicanas.