La recién aprobada normatividad para la Administración Pública Federal incluye instituir otras dos secretarías de Estado y de una agencia, así como modificar el nombre de otra.
La modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum para reestructurar las dependencias a su cargo y crear nuevas recibió una aprobación mayoritaria en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
Sheinbaum afirmó que con los cambios a la LOAPF “se reducirá todavía más el costo del gobierno al pueblo”, ya que “hay una disminución de poco más de 5% adicional como parte de la política de Austeridad Republicana”.
Además, subrayó, “aunque se creen nuevas secretarías el costo disminuirá, pues como decía Juárez, ‘no puede haber gobierno rico con pueblo pobre’”.
En favor de la iniciativa Morena y sus aliados en la cámara baja señalaron que “las reformas a la LOAPF buscan mayor transparencia y efectividad en las secretarías ya existentes y en las entidades de nueva creación, así como evitar la duplicidad de funciones”, mientras que en el Senado se destacó que estas reformas pretenden “erradicar la corrupción y cambiar la realidad del país”.
Reingeniería
Sobre los cambios que se avecinan, la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Margarita Palomino Guerrero, en exclusiva para Vértigo menciona la importancia que tiene la modificación de la LOAPF para nuestro país, ya que “es la encargada de establecer las reglas para operar las 19 secretarías de Estado que tenemos en este momento, y eso es precisamente lo que nuestra presidenta plantea: una nueva estructura con nuevas secretarías”.
Además, la experta en Derecho señala que los cambios formulados por Sheinbaum ambicionan “dinamizar y modernizar la estructura administrativa del país” como resultado de un movimiento más amplio.
Y explica: “Esto es una tendencia que ocurre a nivel internacional, centrada en modernizar a las instituciones incorporando nuevas tecnologías para identificar patrones de conducta; por ejemplo, hablando de las modificaciones que se le hicieron a la Secretaría de Hacienda, se busca frenar la evasión y la ilusión fiscal, un tema que preocupa también a nivel mundial”.
Reconoce además que estas transformaciones responden a “una necesidad sentida de nuestra sociedad”, ya que “el Derecho no debe ser una norma permanente e inamovible, por el contrario, la norma tiene que ajustarse a su realidad social y el Derecho debe tener la sensibilidad y la capacidad para plasmarlo, a través de nuestros legisladores, en el marco normativo”.
La Secretaría de las Mujeres que sustituirá al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) creado en la administración de Vicente Fox, será el órgano encargado de establecer y conducir la implementación de políticas a favor de las mujeres, las adolescentes y las niñas.
La doctora Palomino dice que hoy es necesario elevar lo que antes fuera el Instituto de la Mujer a nivel de Secretaría de Estado por la “importancia y trascendencia que la lucha de las mujeres cobró en los últimos tiempos”, así como para “incorporar todas aquellas políticas que permitan que las mujeres tengan la condición de llegar a los más altos puestos sin que existan los llamados techos de cristal”.
En cuanto a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno —antes Secretaría de la Función Pública—, a cargo de “tener un enfoque más preventivo que correctivo” y vigilar que se cometan menos actos de corrupción, con Raquel Buenrrostro a la cabeza, Palomino señala que esto puede considerarse la continuación de un proyecto mayor iniciado en 2015.
“Uno de los grandes avances que tuvimos con el Sistema Nacional Anticorrupción es que todas las entidades federativas actualmente cuentan con un Tribunal de Justicia Administrativa competente de conocer todas las faltas graves, tanto de particulares como de servidores públicos. Y hasta antes de 2015 había entidades que no contaban con un tribunal de esta categoría”, puntualiza.
Otra de las aportaciones de la iniciativa es el aumento de la participación ciudadana o lo que se conoció como la Ley 3de3, “que realmente no fue una ley, sino simple y sencillamente incorporar a partir de la propuesta de la ciudadanía tres informes que se tienen que presentar: uno, la declaración de impuestos, que es fundamental para un Estado que busca una estabilidad económica; dos, la declaración de los bienes que se poseen como servidor público; y, tres, la declaración de que no hay conflicto de interés en un asunto o negocio”.
Por lo que respecta a la Agencia de Transformación Digital, con José Antonio Peña Merino como titular y cuya principal función será digitalizar los trámites que hoy se realizan de forma presencial para “simplificarles la vida a los mexicanos”, la investigadora señala que “es fundamental que un gobernado no tenga que presentar los documentos que dio en otra ocasión a otra dependencia”.
Si bien la idea de tener una sola base de datos puede resultar útil y, en efecto, facilitar la burocracia gubernamental, es importante, estima la doctora en Derecho, “construir credibilidad y confianza a través de un marco normativo que nos garantice que no habrá fuga de información y que esta se guardará con la secrecía necesaria”.
A su vez, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, antes Conahcyt y que estará a cargo de Rosaura Ruiz Gutiérrez, se ocupará de garantizar el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia, el progreso humanístico y la innovación tecnológica.
Se trata de un asunto primordial en esta época de tantos avances tecnológicos, pues “un país que no cuenta con tecnología está obligado a comprarla a otras naciones. Necesitamos ser autosuficientes en materia de tecnología, crear nuestras propias opciones en función de las necesidades de nuestra industria y de nuestra sociedad”.
Sin embargo, destaca Palomino que el desarrollo de estas instituciones requerirá algo de tiempo, por lo que llama a ser pacientes: “Habría que ver en qué condiciones van a estar, qué estructuras tendrán, cuál será la competencia y, sobre todo, esperar la publicación de las leyes secundarias”.
Tiempo de congruencia
Para cerrar, la investigadora emite un pronóstico sobre lo que se avecina con todos estos cambios a nivel administrativo: “Realizar estas modificaciones es volverse congruente. Cuando tuvimos el régimen fiscal anterior, con la administración de Peña Nieto, había una incongruencia entre el marco normativo y lo que se planteaba en la plataforma política. La visión de aquel gobierno era la apertura total para la inversión, pero la Constitución decía lo contrario, por eso tuvieron que hacer varias reformas, para ser congruentes”.
A diferencia de esa época, dice, “en este momento se busca que lo que se plantee en la plataforma política esté respaldado por la Constitución”, pero habría que tener cuidado con “los focos rojos: una vez que hay congruencia lo que sigue es fortalecerla con la ley reglamentaria de cada materia; no es poca cosa, tiene que hacerse con el suficiente cuidado, pues una sola norma que se modifique trasciende todo el marco normativo”.
En lo que respecta a la creación de nuevas secretarías, “la modificación de la estructura y de las plataformas políticas implica cambiar el marco normativo”, ya que de no ser así “el problema que tendríamos sería la falta de certeza jurídica. Y si las reglas del juego no están claras se pueden generar vacíos en la ley de los que podrían abusar a su conveniencia y, en el peor de los casos, podría haber violaciones a los derechos de los gobernados”.
Para finalizar, la experta en Derecho apunta: “Lo que debemos hacer es trabajar muy fuerte en la reforma a nivel legal, porque si no, habrá problemas. Entonces, ¿es posible? Por supuesto. Claro que se puede lograr, pero si lo hacemos con calma, de manera ordenada y gradual”.
Otros cambios
Además de la creación de dos secretarías, una agencia y el cambio de nombre de otra, la LOAPF propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum prevé algunas modificaciones en las siguientes dependencias gubernamentales:
• Secretaría de Gobernación.
• Secretaría de Relaciones Exteriores.
• Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
• Secretaría de Energía.
• Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
• Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
• Secretaría de Salud.
• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
• Secretaria de Turismo.
• Secretaría de Cultura.
• Secretaría de Educación.
• Secretaría de Economía.