El jueves 1 de agosto la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados comenzó el proceso para desahogar las reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en febrero pasado y ese mismo día se dio luz verde a cuatro dictámenes que serían enviados al pleno de manera que al iniciar la próxima Legislatura puedan recibir su aprobación por mayoría oficialista.
Las primeras iniciativas dictaminadas fueron las llamadas “reformas del bienestar”, que incluyen modificaciones al artículo 123 de la Constitución en materia de apoyo a jóvenes, pensión de retiro, salarios y vivienda para trabajadores.
En un principio se planeaba desahogar siete reformas en total, pero algunas tuvieron que ser retiradas del orden del día.
Respecto del apoyo a jóvenes, la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal establece que el Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo vigente a jóvenes entre 18 y 29 años que no se encuentren trabajando ni estudiando, con el objetivo de que se capaciten en un lugar de trabajo como negocios, empresas, talleres o tiendas por un periodo de hasta un año.
La reforma aprobada en materia de pensiones establece que los adultos de 65 años y más que empezaron a cotizar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a partir de julio de 1997 y las que se encuentran bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) podrán tener una pensión por vejez equivalente al promedio salarial del último año cotizado.
Cabe decir que se aprobó una reserva del diputado morenista Marcos Rosendo Medina en la que se especifica que la pensión se entregará por motivos de vejez, de manera que se entienda a la prestación como un beneficio social que se obtiene al alcanzar una etapa distinta de la vida.
Además, por propuesta de la bancada de Morena se eliminaron de los transitorios las fuentes de financiamiento que consideraban el presupuesto obtenido de la desaparición de los órganos autónomos, pues es una reforma que todavía no se aprueba.
En estricto sentido, el dinero para las pensiones vendrá del Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado hace apenas unos meses y que se constituirá con las eventuales utilidades de Mexicana, el Tren Maya y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Por otro lado, la iniciativa en materia de salarios establece que para fijar los salarios mínimos cada año los mismos nunca estén por debajo de la inflación que se observe en su vigencia.Además, adiciona un párrafo para garantizar que los trabajadores de la educación, del sector salud, policías, guardias nacionales e integrantes de las Fuerzas Armadas perciban un salario que no sea menor al salario promedio registrado ante el IMSS, mismo que en 2023 alcanzó los 16 mil 777 pesos mensuales.
Finalmente, otra reforma aprobada en la comisión establece un sistema de vivienda orientado socialmente que da la oportunidad a los trabajadores de obtener un crédito accesible para adquirir o mejorar su hogar o construir una vivienda que pueda ser arrendada.
Este sistema se basa en la cotización de los trabajadores en un Fondo Nacional de Vivienda, misma que tras un año dará acceso al arrendamiento de viviendas que sean propiedad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y cuya renta mensual no supere 30% de su salario.
Si una persona alcanza los diez años arrendando una de estas propiedades tendrá el derecho de adquirirla, aunque para ello tendrán preferencia todas aquellas personas que hayan aportado al Fondo de manera ininterrumpida y no sean dueñas de alguna otra propiedad o vivienda.
Agenda
Dado que las reformas enviadas por el Ejecutivo federal se discutirán en comisiones previo al 1 de septiembre, el 2 de agosto se revisaron los dictámenes en materia de vías y transporte ferroviario, y de austeridad republicana.
El primero incluye una modificación al artículo 28 de la Constitución, con el que se establece a los ferrocarriles de transporte de carga y pasajeros como áreas prioritarias para el desarrollo del país. Lo anterior significa que el Estado volverá a hacer uso de las redes ferroviarias y se reservará el derecho de otorgar concesiones o asignaciones para que empresas públicas o particulares presten dichos servicios.
La otra reforma establece la expedición de una Ley Federal de Austeridad Republicana a través de la cual los salarios de los servidores públicos no superen al que percibe el presidente de la República.
Para el 9 de agosto se espera que se discutan las reformas en materia de pueblos y comunidades indígenas; de protección a la salud; de protección y cuidado animal; y de agua, alimentos y protección al medio ambiente. El día 13 se analizará la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa y el 14 la de áreas y empresas estratégicas.
Juan Ramiro Robledo (Morena), quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales, también estableció el 15 como la fecha para discutir las reformas en materia judicial, electoral y para calendarizar las iniciativas referentes a la eliminación de órganos autónomos, la reforma electoral y la de la Guardia Nacional (GN).
“Ese día se le fijará fecha para discutir y votar, si es el caso, el dictamen sobre la iniciativa que propone la extinción de algunos órganos constitucionales autónomos; y ese día también se podrá circular un proyecto de dictamen sobre la reforma judicial; ese no se ha circulado y la fecha sería cuando menos cinco días después de que se circule el proyecto”, añadió.
Con el trabajo legislativo de estas semanas, la siguiente Legislatura tendrá prácticamente la mesa lista para consolidar todas las reformas del presidente López Obrador y algunas de la virtual candidata electa, Claudia Sheinbaum.