La presidenta Claudia Sheinbaum mandó al Congreso de la Unión la legislación secundaria que complementa la reforma energética aprobada a finales de 2024, con la que dijo “se regresó a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a las manos del pueblo de México”.
A través de estas leyes, apuntó, tanto Pemex como la CFE pasarán a ser “empresas públicas estratégicas para el desarrollo nacional”, con miras a volverse más “eficientes y transparentes” bajo el principio de austeridad republicana.
Según la mandataria esta iniciativa es “una reversión de la reforma de 2013 de (Enrique) Peña Nieto, cuyo objetivo era privatizar”, así como de las leyes secundarias de 1992.
Las reformas mantienen la inversión privada en el sector energético, pero se fortalecen las empresas estatales, pues con las modificaciones “se recupera el sentido público de la CFE y de Pemex como garantes de la provisión de energía y de la soberanía nacional”, señaló la presidenta.
La jefa del Ejecutivo federal destacó que las leyes secundarias permitirán que se cumpla con el Plan México, ya que habrá mayor disponibilidad de energía y mecanismos claros de financiamiento para la participación e inversión privada.
En el paquete de reformas se incluye la expedición de seis leyes principales —la Ley de la Empresa Pública del Estado, tanto de Pemex como de la CFE; la de Planeación y Transición Energética; del Sector Eléctrico; del Sector de Hidrocarburos y de la Comisión Nacional de Energía—, así como la armonización de otras cinco —la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, la de Biocombustibles, la de Geotermia y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Cambios para Pemex y la CFE
En el pleno del Senado de la República la presidenta de la Comisión de Energía, Laura Itzel Castillo, encargada de leer el dictamen, señaló que con estas modificaciones “las empresas —Pemex y CFE— se involucrarán nuevamente en la producción energética del país, terminando con la separación legal impuesta por la reforma anterior”.
Previo a la aprobación y discusión de la iniciativa la senadora explicó que con la expedición de la Ley de Empresa Pública del Estado de Pemex y de la CFE “se fortalece su carácter público”, considerándolas, según se lee en el proyecto de reforma, “lo que siempre debieron ser”: empresas públicas del Estado.
Además, con esta ley se establece que las actividades que realicen no podrán considerarse nunca como monopólicas, pues será su deber proveer energía y combustible para toda la población y todos los sectores.
También, con el objetivo de que el Estado sea el “garante de la continuidad, accesibilidad, seguridad y confiabilidad de la electricidad”, se expide la Ley del Sector Eléctrico, donde se plantea que el Estado participará con al menos 54% de la inversión, mientras que el capital privado hasta con 46 por ciento.
Castillo reconoció la importancia de la participación del sector privado, que con la reglamentación se llevará a cabo “de manera ordenada y transparente”, garantizando que su contribución sea en beneficio del pueblo y teniendo en cuenta el concepto de “justicia energética”, que promete reducir las desigualdades en el acceso a la energía.
La Ley del Sector de Hidrocarburos, apuntó, tiene el objetivo de fortalecer a Pemex e “incentivar la participación del capital privado”. Para ello, la empresa tendrá preferencia para explorar y extraer el petróleo, así como la libertad de elegir el esquema de inversión que mejor le convenga, ya sea propio o mixto.
Como parte de esta ley el régimen fiscal de Pemex cambia a Derecho Petrolero para el Bienestar. Esta medida reducirá el puñado de gravámenes que continuamente debía pagar a uno solo, equivalente a 30% del total de su producción y a 11.63% para el gas no asociado.
Para lograr esto se proponen diversas adecuaciones a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y a la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo.
A través de la Ley de Planeación y Transición Energética se reconoce la importancia del sector hidrocarburos en la transición energética y no solo la del eléctrico, como había sido hasta el momento, mediante la Ley de Biocombustibles y la Ley de Geotermia, lo que permitirá reconocer y promover las acciones de Pemex para reducir sus emisiones a la atmósfera.
Las instituciones encargadas de regular y coordinar las políticas y programas relacionados con el cambio del modelo de producción, distribución y consumo de energía para evitar la contaminación serán la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), así como la Secretaría de Medio Ambiente.
Finalmente, se reforman algunas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por las que se extinguen la CNH y la CRE, las dependencias que habían regulado hasta entonces el sector energético, cuyas atribuciones se transfieren a la Sener.
Con esta medida, apuntó la senadora, se busca evitar la duplicidad de funciones y optimizar los recursos presupuestales. Sumado a ello, se crea la Comisión Nacional de Energía (CNE), un órgano administrativo desconcentrado de la Sener, que será responsable de otorgar los permisos de generación eléctrica y en materia tarifaria para los servicios de transmisión, distribución y suministro básico.
¡A legislar!
Luego de casi cinco horas de debate los senadores aprobaron en lo general y en lo particular, con 85 votos a favor, 39 en contra y una abstención, las leyes secundarias que establecen un nuevo modelo energético en el país.
María Guadalupe Chavira de la Rosa, del grupo parlamentario de Morena, destacó que al recuperar el carácter público de Pemex y de la CFE se garantiza el acceso universal a la electricidad y a los combustibles, sobre todo para zonas a las que no llegaban porque no eran “rentables” para los agentes privados: “No podemos depender de las empresas extranjeras para garantizar el acceso a un servicio universal”, apuntó.
En nombre del Partido Verde (PVEM), el senador Waldo Fernández resaltó el “carácter social” y el “sentido de justicia energética” de la reforma, además de mencionar que la responsabilidad de las empresas públicas no puede ni debe ser “construir monopolios”, pues estas “cumplen con una función social” donde la prioridad no es “competir para generar especulación mercantil”, sino “generar condiciones de bienestar para la población”.
Por el PRI, el senador Miguel Ángel Riquelme reconoció como un aspecto positivo la apertura del capital privado en la generación de energía, “imprescindible para alcanzar los objetivos del sexenio”; sin embargo, criticó que se eliminen los órganos reguladores y que se concentre el poder en el gobierno. Señaló que “lo más sensato sería fortalecer la transparencia y la competencia”.
La senadora Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo (PT), dijo que las modificaciones fortalecerán a las empresas del Estado y darán “orden y certeza” a la inversión privada bajo diversos esquemas. Con esta medida, destacó, “México recupera el control sobre su sector energético”, priorizando el bienestar de la población y la sustentabilidad de recursos.
Agustín Dorantes Lámbarri, del PAN, consideró que la propuesta tiene varias ventajas, como la participación de la inversión privada, la transición energética y la simplificación administrativa, pero también insiste en “continuar hundiendo a Pemex” por los adeudos que tiene pendientes y que impactan el bolsillo de las familias.
Representando a Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda expresó que México requiere una reforma energética que “aliente la competitividad sin descuidar la regulación del Estado y controles estrictos a la corrupción”. Además, señaló como urgente la generación de energías limpias y la transición energética. Sin embargo, consideró que “este paquete de reformas poco hace por corregir y mejorar el sistema energético en su conjunto”.
El proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados para su valoración.