Ciudad de México, México, 11 de agosto 2024. La Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), aprobó el dictamen que reforma los artículos 4º y 27 de la Constitución Política, con el objeto de que la Federación y las entidades federativas garanticen la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años.
El documento, que deriva de una iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo Federal, incluye diversas iniciativas presentadas por diputadas y diputados. Se avaló en lo general con 35 votos, y en lo particular por unanimidad de 38 votos y se remitió a la Mesa Directiva para efectos constitucionales.
Las modificaciones al artículo 4º establecen que la Federación y las entidades federativas garantizarán la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años, en los términos que fije la ley.
El Estado garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente dando prioridad a las personas menores de 18 años de edad, en términos que fije la ley.
Se adiciona un párrafo para señalar que “a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años les corresponde la pensión no contributiva por discapacidad, y a todas las personas mayores de edad les corresponde la pensión no contributiva de adultos mayores”.
El Estado destinará anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos, conforme al principio de progresividad para garantizar el ejercicio de los derechos establecidos en este artículo que impliquen la transferencia de recursos directos hacia la población destinataria. El monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Asimismo, el artículo 27 precisa que el Estado garantizará, en los términos que fije la ley, la entrega de: a) Un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieran ser procesadas; b) Un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala y; c) Un apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala.
El Estado mantendrá precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable, en los términos de las disposiciones aplicables.
En el Tercero Transitorio instituye que: El Congreso de la Unión, en un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, “aprobará las leyes o modificaciones legales necesarias que requiera este decreto”.
El Cuarto Transitorio cita que las legislaturas de las entidades federativas deben realizar las adecuaciones normativas necesarias para cumplir con los fines establecidos en el presente decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su publicación.
El Quinto Transitorio menciona que las erogaciones que se generen con motivo de la reforma efectuada por este decreto se realizarán con cargo a los recursos aprobados expresamente para esos fines por la Cámara de Diputados en los respectivos presupuestos de egresos de los ejecutores de gasto correspondientes.
Discusión en lo particular
Durante la discusión en lo particular, se aceptó la reserva presentada por la diputada Flor Ivone Morales Miranda (Morena) para modificar los artículos 4º y 27 de la Carta Magna, así como el Tercero Transitorio.
Hablaron a favor los diputados Macos Rosendo Medina Filigrana, Hamlet García Almaguer y Adriana Bustamante Castellanos (Morena), Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI), Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) y Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC).
Se rechazaron las reservas presentadas por las y los diputados Braulio López Ochoa Mijares y Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de MC; Marco Antonio Mendoza Bustamante, del PRI, Jorge Triana Tena y Santiago Torreblanca Engell, del PAN.
Intervención de diputadas y diputados
El diputado Ismael Brito Mazariegos (Morena) se congratuló por garantizar la universalidad y el fortalecimiento de los recursos para los adultos mayores, las personas con discapacidad, becas para estudiantes y apoyos para el campo. “Reafirmamos el modelo de justicia social y humanista del actual gobierno, a fin de lograr un verdadero Estado de bienestar; debemos resarcir esa deuda histórica, que la justicia social sea una realidad y asegurar la cotidianidad de los programas sociales”.
Del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández refirió que su grupo parlamentario no minimizará el hecho de que se eleven a rango constitucional los derechos sociales que merecen las personas; sin embargo, exigió la misma corresponsabilidad del gobierno de llevar a cabo reglas de operación limpias, transparentes y ejecución responsable del presupuesto para que no haya malos manejos que desencadenen actos de corrupción. Consideró importante que en una segunda etapa se analice que las personas con discapacidad temporal puedan tener también este tipo de apoyos.
Marco Antonio Mendoza Bustamante, diputado del PRI, dijo que los adultos mayores y las personas con discapacidad, no solo merecen respeto y dignidad sino vivir en un entorno que les permita ejercer plenamente sus derechos sin barreras. “Su protección no se limita a la entrega de un apoyo económico, requieren de atención médica adecuada y oportuna que responda a sus necesidades; la salud no es un lujo sino un derecho. Hay que garantizar recursos suficientes para atender sus necesidades y debemos apoyar a las y a los campesinos”.
El diputado Armando Antonio Gómez Betancourt (PVEM) consideró fundamental reforzar el marco normativo para garantizar a la población más vulnerable la continuidad de programas que garanticen su desarrollo con justicia e igualdad social. Subrayó que votará a favor porque es imprescindible fortalecer la política. “Estamos convencidos que se incide de manera positiva en el bienestar general y de los sectores que históricamente han sido relegados y requieren acciones a favor de los derechos humanos”.
Vía digital, la diputada Irma Yordana Garay Loredo (PT) señaló que las personas con discapacidad menores de 18 años son uno de los sectores más vulnerables, ya que no solo padecen discapacidad sino también tienen que enfrentarse a diversos retos al interior de sus hogares y al exterior con la sociedad. Por ello, dijo, es fundamental elevar a rango constitucional el derecho a recibir una pensión mensual que incrementa de manera progresiva y que atiende a estas personas menores de edad y a quienes padezcan alguna discapacidad.