Ciudad de México, México, 23 de mayo 2023. En el foro “El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el marco de la reforma en materia de simplificación orgánica”, diputadas, diputados y especialistas alertaron de retrocesos en los derechos de estas poblaciones en caso de aprobarse la iniciativa que pretende incorporar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) al Sistema Nacional DIF.
Modificación del Sippina conlleva implicaciones internacionales
La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), relató que la propuesta busca incorporar la Secretaría Ejecutiva del Sipinna al Sistema Nacional DIF, así como impactar a dependencias e instituciones relacionadas directamente con políticas enfocadas en la salud, temas migratorios y políticas para personas con discapacidad, donde se involucran a niñas, niños y adolescentes.
Dijo que tienen la obligación de emitir una opinión a la iniciativa; por ello, este espacio “nos será de gran utilidad para el dictamen y abonar al debate legislativo. Es de suma importancia contar con elementos que permitan dimensionar las implicaciones de la reforma y cómo se reflejará en las políticas encaminadas a la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia”.
El Sipinna y el DIF, afirmó, son sistemas complementarios, pero totalmente distintos. Uno es el coordinador de políticas públicas y el otro es un sistema de asistencia social encargado de la restitución de derechos. La modificación del Sipinna tendría implicaciones en el ámbito internacional, de ahí que se debe escuchar a expertas y expertos que luchan para proteger a la niñez, destacó la diputada.
Desaparición del Sipinna tendría efectos negativos
Por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, su presidente, diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), relató que el Sipinna es una institución garantista y no una ocurrencia, cuya responsabilidad es formular, promover y dar seguimiento a las políticas públicas destinadas a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La eventual e indeseable desaparición de esa Secretaría Ejecutiva, dijo, puede tener efectos negativos como falta de coordinación al interior del Gobierno Federal, ausencia de políticas integrales en el tratamiento de este segmento de la población, debilitamiento del monitoreo y evaluación, y disminución de la participación ciudadana. “Esa fragmentación nos daría una serie de consecuencias negativas”.
Con la propuesta del titular del Ejecutivo, presentada el pasado 18 de abril, añadió, se hace mención de una simplificación orgánica que no da una racionalidad a lo que se pretende, y en ese sentido cuestionó cuánto vale la atención a 40 millones de niñas, niños y adolescentes. Se quieren desaparecer 18 entes públicos y sería un flagrante atentado a la Constitución, en cuanto a la protección de los derechos humanos.
Podría haber regresividad en derechos
Sara Oviedo Fierro, experta internacional y exvicepresidenta del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, aplaudió la defensa del Sipinna, ya que es una obligación que asumió el Estado mexicano al haber ratificado la Convención de los Derechos del Niño; de aprobarse la iniciativa habría regresividad de derechos. Debe evitarse el desmantelamiento del Sipinna, pues el DIF brinda servicios concretos, con una mirada asistencial y contraria al enfoque de derechos y no abona a diseñar nuevas políticas públicas.
La relatora de Derechos de la Niñez de la CIDH-OEA, Esmeralda Arosamena de Troitiño, externó su inquietud respecto de que la propuesta de reforma sea motivo de regresividad en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Aseguró que el Sipinna es un modelo de protección, al contar con la dimensión normativa, institucional y articulación en los derechos de la niñez, mientras que el DIF tiene una visión asistencialista y da protección cuando el derecho ha sido violentado.