De permanecer en el cargo por uno o dos periodos más impediría la llegada de una mujer a la presidencia del partido y violaría la paridad de género.
Alejandro Alito Moreno ya inició el camino a su reelección en la presidencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo que para muchos exdirigentes y militantes priistas representa el comienzo del proceso de extinción de ese partido.
Los pésimos resultados electorales, el desprestigio en el que se encuentra el PRI como producto de su cuestionable fama pública, así como el éxodo masivo y expulsiones de cuadros dirigentes, legisladores y militantes permiten afirmar que con Alito se está cavando el segundo foso de la tumba del tricolor.
Un grupo de reconocidos exdirigentes y exgobernadores intenta impedir la reelección del presidente priista pidiendo al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que declaren inválidos los cambios a los estatutos.
De no lograrlo, el exgobernador de Campeche podrá estar otros cuatro u ocho años al frente del tricolor; aunque a decir de algunos, con Alito al frente el PRI desaparecerá antes de ocho años, quizá en 2030 o incluso en 2027.
Resultados previsibles
Después de que la Asamblea Nacional del PRI aprobó modificar los estatutos para permitir la reelección del presidente y secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, Moreno solicitó una licencia a la Comisión Política Permanente del partido, al igual que Carolina Viggiano.
Una vez que la referida comisión les otorgó el permiso para separarse del cargo, ambos personajes se registraron para participar en el proceso interno de renovación de la dirigencia.
Otros dos priistas también se inscribieron para contender por la presidencia nacional y la secretaría general: Lorena Piñón y Cuauhtémoc Betanzos.
Cuando Alito asumió la dirigencia en 2019 designó a Piñón como titular de la Secretaría de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista y en 2021 la incluyó en los primeros lugares de las listas de candidatos a diputados federales plurinominales, convirtiéndola así en integrante de la actual Legislatura.
Betanzos es el compañero de fórmula de la diputada Piñón. Él busca la secretaría general del comité nacional priista.
El martes 23 de julio la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI dio a conocer la aprobación de las candidaturas a la dirigencia nacional por parte de las fórmulas encabezadas por Moreno y Piñón.
Para el miércoles 24 los candidatos comenzaron sus respectivas campañas internas para ganar el apoyo de los integrantes del Consejo Político Nacional; concluirán sus encuentros proselitistas el 10 de agosto.
La “jornada electiva” se llevará a cabo el 11 de agosto y en ella participarán los aproximadamente 500 integrantes del Consejo Político Nacional.
El mismo 11 de agosto se realizará el cómputo de votos, se elaborará la declaración de validez y se entregará la constancia de mayoría.
Para militantes y exdirigentes de ese partido, el proceso para elegir a la dirigencia nacional es una “simulación”.
Impugnaciones
Los exdirigentes nacionales priistas y exgobernadores Dulce María Sauri, Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa presentaron un recurso de impugnación ante el TEPJF, en el que solicitan la cancelación de las modificaciones hechas en la asamblea priista del 7 de julio. Dicho grupo igual entregó una queja ante el INE.
De acuerdo con los quejosos, Alito y los integrantes de la asamblea en la que se avaló la reelección del presidente nacional priista incurrieron en una serie de irregularidades en los procedimientos establecidos en los propios estatutos partidistas.
Luego de analizar el recurso, el TEPJF respondió a los inconformes que primero deben presentar su queja ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria: “Se hace del conocimiento de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI que en caso de incumplir lo ordenado se considerará agotada la instancia y el Tribunal Electoral conocerá del asunto de manera directa, al estimarse que en este caso dicha instancia partidista resulta ineficaz para restituir a los militantes el goce de sus derechos”.
Al cierre de esta edición no se había dado respuesta a los inconformes, pero el hecho es que existen otros recursos de impugnación presentados ante el TEPJF. Al respecto, Enrique Ochoa aseguró que ante la falta de respuesta de la referida comisión es previsible que el Tribunal Electoral será el que decidirá sobre las impugnaciones.
A su vez, Sauri explicó: “Es una abierta y total ilegalidad, un desafío a las autoridades electorales, pues en el INE todavía no conocen los documentos básicos que fueron modificados el domingo 7 de julio y mucho menos en el Tribunal Electoral; y sabemos que hasta que no se publiquen en el Diario Oficial de la Federación la reformas a los documentos básicos de los partidos no causan efecto”.
La exdirigente priista añadió que “existen dos impugnaciones que hemos presentado nosotros, una que yo le llamo la impugnación madre porque es contra la asamblea; de prosperar los agravios que hemos denunciado implicaría la nulidad de la asamblea con todo y las reformas”.
Por otro lado, la Comisión de Prerrogativas del INE también analiza una queja en contra de la modificación de los estatutos del PRI.
Sobre este tema, la consejera electoral Carla Humphrey explicó que primero se analiza si el partido podía hacer o no cambios a los estatutos: “Si eso se decide, que no es el tiempo, entonces no da lugar a entrar al estudio de fondo respecto a si son legales y constitucionales estos cambios. A la par, pues hay seis o siete juicios en la Sala Superior del Tribunal Electoral”.
Además, dijo la consejera Humphrey, se analiza si se siguieron “las formalidades estatutarias para reformar los estatutos; es decir, si la convocatoria estuvo en tiempo y forma, si se enviaron los documentos a las personas que iban a participar en la asamblea, si los reglamentos se hicieron acordes con lo que dicen los estatutos, si se llevó a cabo con la participación de los militantes, es decir, si hubo quorum”.
Tanto el TEPJF como el INE están en la etapa de análisis de las quejas y recursos de impugnación que recibieron.
En este sentido, los quejosos expresaron su malestar por el hecho de que Alito continúe con el proceso interno sin antes conocer las resoluciones de ambos órganos electorales.
Misógino
Alejandro Moreno presumió que entre los cambios hechos a los estatutos del partido destaca “el incremento de la participación de las mujeres a 60% de los cargos partidarios”; sin embargo, con su inminente reelección impedirá que una mujer llegue a la dirigencia en los siguientes cuatro u ocho años.
En uno de los recursos presentado por los exdirigentes priistas ante el TEPJF se argumentó: “De modo que la posibilidad de que el actual dirigente se pueda reelegir en otros dos periodos ordinarios, después de que ya concluyó uno ordinario y otro extraordinario, es inconstitucional y antiestatutario por incumplir y violar la regla de paridad en la elección de dirigentes, en tanto que impediría el cumplimiento alternado de dicho principio y que una mujer pudiera ser dirigente”.
A su vez, Sauri precisó: “Le corresponde en este momento a la dirigencia nacional del PRI elegir a una mujer presidenta. No es porque el PRI no haya tenido presidentas, yo soy una de ellas y hay otras cinco compañeras que han tenido este gran honor; sin embargo, esta dirigencia que está por concluir fue electa ya en el marco de la reforma constitucional de paridad en todo y esto incluye a los partidos políticos”.
Escándalos y descalificaciones
En días recientes diversos medios de comunicación han publicado notas que dan cuenta de las “lujosas propiedades” de Moreno, entre las que incluso habría una “playa privada”.
Pero lo que realmente preocupa a los exdirigentes priistas es que si Alito logra reelegirse podría endeudar al partido y enajenar sus bienes.
Sauri advirtió que el presidente priista podría organizar “una venta de garage de las propiedades del PRI”.
Las denuncias no son aventuradas. En su momento, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia de Campeche iniciaron carpetas de investigación contra Moreno por los posibles delitos de “lavado de dinero”, “enriquecimiento ilícito”, “desvío de recursos públicos”, “fraude fiscal”, “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, “uso ilícito de atribuciones o facultades” y “peculado”.
Los expulsados de Alito
Alejandro Moreno advirtió que promovería la expulsión de Manlio Fabio Beltrones, Dulce María Sauri, Enrique Ochoa, Francisco Labastida y Joaquín Coldwell.
Alito amenazó: “Nos vamos a ir con todo”.
Ya en 2023 motivó la renuncia de un grupo de diputados priistas en el Congreso de Hidalgo: Marcia Torres González, Erika Rodríguez Hernández, Citlali Jaramillo Ramírez, Michelle Calderón Ramírez, Julio Manuel Valera Piedras, Alejandro Enciso Arellano, Rocío Jaqueline Sosa Jiménez y Juan de Dios Pontigo Loyola.
Aquel mismo año promovió la expulsión de los exgobernadores Claudia Pavlovich, de Sonora; Carlos Ayza González, de Campeche; Quirino Ordaz Coppel, de Sinaloa; Ulises Ruiz, de Oaxaca; en tanto que los también exgobernadores Manuel Andrade, de Tabasco; Héctor Astudillo, de Guerrero; y Omar Fayad, de Hidalgo, decidieron renunciar.
Dirigentes y legisladores que igual renunciaron fueron el exsenador de Chiapas, Roberto Albores; el exlíder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Arturo Zamora; y otros dirigentes locales como Katia Ornelas, Jesús Valdés, Marco Osuna, Fabiola Loeza, César Piña y Eduardo Orihuela.
También en 2023 renunciaron los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Eruviel Ávila, Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga y Carlos Ramírez Marín, junto con un nutrido grupo de dirigentes y militantes; además del exalcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava.
Finalmente, en 2024 expulsó al exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, mientras que la excandidata a la gubernatura mexiquense, Alejandra del Moral, presentó su renuncia.
En total, el PRI de Alejandro Moreno ha perdido 5.3 millones de militantes.