Exdirigentes priistas lo califican de mezquino, dictador, tirano, marrullero, arbitrario y lo acusan de perpetrar un asalto y secuestro al partido.
El domingo 11 de agosto la mayoría de los integrantes del Consejo Político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) votó a favor de la reelección de Alejandro Alito Moreno como presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), lo que para exdirigentes de ese partido fue la consumación de una “farsa”.
Gracias al control de los consejeros el dirigente priista logró permanecer en el cargo otros cuatro años, lo que le permitirá continuar administrando los recursos públicos que se entregan al partido anualmente, así como también le dejará aprobar —o bloquear— las candidaturas de su partido para los comicios de 2027.
En opinión de quienes se oponen a su reelección es seguro que el PRI continuará con las derrotas electorales y perdiendo cuadros dirigentes y simpatizantes; de hecho, dicen, es probable que el tricolor se extinga antes de que Alito cumpla con su nuevo cuatrienio.
Irregularidades
Desde que Moreno anunció la celebración de una Asamblea Nacional para modificar los estatutos a fin de permitir su reelección, un grupo de exdirigentes del PRI, exlegisladores y militantes manifestaron su inconformidad y acusaron al presidente nacional de “apropiarse” del partido.
Los expresidentes nacionales priistas Dulce María Sauri, Enrique Ochoa y Pedro Joaquín Coldwell presentaron de hecho un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el que solicitaron que se anulara la modificación de los estatutos que permite la reelección del presidente nacional.
La Sala Superior del TEPJF destacó varios planteamientos formulados por el grupo de quejosos.
Por ejemplo, “en la base cuarta de la convocatoria se omite señalar las fechas de las actividades fundamentales relativas a la integración, revisión y actualización al padrón de electores, lo cual deriva en que pueda estar plagado de inconsistencias”.
Además, “se vulneran diversas disposiciones del reglamento, porque no se fomenta el principio de paridad de género, ya que la convocatoria no garantiza que las mujeres accedan a los cargos de dirigencia”.
Para los quejosos el hecho de que “el dirigente actual pueda ocupar el cargo durante tres periodos ordinarios y el actual extraordinario no permite que una mujer pueda acceder a la dirigencia del partido”.
Agregaron: “Es inconstitucional el artículo 178 de los estatutos, ya que permite a los titulares de la dirigencia del partido que participen en el proceso de renovación inmediato y sean electos hasta por tres periodos consecutivos”.
Otro argumento del grupo de quejosos fue que “el reglamento interno establece que el proceso para renovación de las dirigencias no debe coincidir con el inicio del proceso electoral y hasta el día de la calificación del cómputo de la elección constitucional en cuestión”.
Señalaron que “se pretende la renovación de las personas titulares de la presidencia y secretaría general del PRI a través de reformas a los documentos básicos que no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación, por lo que no han surtido plenos efectos”.
En consecuencia, expusieron, “deben suspenderse los efectos de los actos impugnados, para evitar vulneraciones irreparables a los derechos político-electorales de los demandantes, militancia, simpatizantes y la ciudadanía en general”.
La Sala Superior reconoció que es competente para conocer del “juicio de la ciudadanía” (presentada por los exdirigentes priistas), pero respondió: “Se reencauzan los medios de impugnación a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional”.
Ilegalidad
El 6 de agosto los exdirigentes nacionales Sauri, Ochoa y Coldwell hicieron un nuevo intento por detener la celebración de la “jornada comicial” en la que se elegiría al presidente y secretario general del comité nacional.
Solicitaron al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que convocara a una sesión extraordinaria para conocer la situación del PRI y respondiera una sola pregunta: “¿Es legal o no es legal realizar reformas a los documentos básicos y elegir dirigencia nacional cuando todavía no concluye el proceso electoral federal?”
El consejo del INE no atendió la solicitud y por lo tanto los quejosos no obtuvieron respuesta.
Así, el 12 de agosto los integrantes del Consejo Político Nacional acudieron a la sede del CEN del PRI en la Ciudad de México para votar por los titulares de la presidencia y secretaría general del partido.
Con 480 votos de integrantes del consejo, que representaron 97% del total, Alito Moreno y Carolina Viggiano fueron reelectos y estarán cuatro años más al frente de sus cargos.
De inmediato, los exdirigentes priistas emitieron un pronunciamiento: “Este domingo se ha consumado la farsa. Esta reelección es producto de una Asamblea Nacional ilegal a partir de una reforma ilegal de los estatutos y de un proceso de elección ilegal, con la que Alejandro Moreno pretende reelegirse y secuestrar al partido”.
Asimismo, pidieron al TEPJF que atendiera los recursos de impugnación que presentaron: “El Tribunal Electoral debe enmendar su error y resolver en última instancia bajo criterios estrictamente jurídicos que no den lugar a retrasos, ni a sentencias cuestionables por parcialidad o falta de rigor jurídico”.
Sauri reprochó a las autoridades electorales su falta de acción para detener la reelección de Moreno: “Había mecanismos jurídicos que hubieran funcionado con oportunidad”.
La exdirigente les recordó a los magistrados electorales que debieron tomar en cuenta que “está prohibido por la Constitución que los partidos hagan cambios a sus documentos básicos en este proceso de elección”.
También les dijo que “tuvieron oportunidad de actuar y decidieron no hacerlo”, por lo que demostraron una actitud “permisiva” ante el evidente “atraco” al PRI.
Además, lamentó: “Pasó lo que veníamos señalando desde el 10 de julio pasado, más de un mes para evitar un daño, no solo al PRI sino a la democracia y a un sistema de partidos políticos”.
Si bien los exdirigentes priistas mantienen la esperanza de que el TEPJF o el INE anulen el proceso de reelección, igual plantearon que el “daño moral ante la sociedad por los actos ilegales de la actual dirigencia será muy difícil de resarcir”.
En su pronunciamiento, Sauri, Ochoa y Coldwell denunciaron que por primera vez en la historia del tricolor el presidente nacional se reelige “a puerta cerrada, sin propuestas, ni debate, ni proyecto de futuro y donde la militancia ha estado ausente”.
Aseguraron en este sentido que el PRI es un “partido secuestrado por la ambición personal” de Moreno.
A su vez, Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, aseveró que “el INE tiene la responsabilidad de evitar que un partido secuestrado por intereses personales sea una isla autoritaria en el sistema democrático nacional”.
Pequeñito
Lejos de buscar la reconciliación y la unidad al interior del priismo, Moreno criticó a quienes se oponen a su reelección, les advirtió que los expulsará y los calificó de “corruptos” y “patéticos”.
Manlio Fabio Beltrones, quien ya fue notificado de que no podrá formar parte de la bancada del PRI en el Senado, publicó: “Tengámoslo claro, esta dirigencia reeleccionista no representa la unidad; el PRI de Alito debiendo ser formal, se ve marrullero y mezquino con los suyos y pequeño ante la sociedad. Es tan ilegal la asamblea del PRI, como cualquier intento de represión en mi contra y de todo militante”.
El senador electo Beltrones afirmó que la orden de excluirlo del grupo parlamentario en el Senado “es una decisión unilateral y arbitraria. Más aspirante a tirano y dictador no podría ser”.
Finalmente, pidió a la militancia priista defender al partido y evitar el “asalto” perpetrado por Moreno.
Facultades del presidente del CEN
Estatutos del PRI, artículo 89
-Designar y remover a los titulares de cada una de las coordinaciones de los grupos parlamentarios del partido en las cámaras del Congreso de la Unión y en los Congresos de las entidades federativas.
-Designar a los titulares de las secretarías del Comité Ejecutivo Nacional.
-Expedir los nombramientos de los titulares de los órganos administrativos del partido.
-Designar a los representantes del partido ante los organismos políticos electorales.
-Suscribir convenios para formar frentes, coaliciones y candidaturas comunes con otros partidos.
-Ejercer el registro de los candidatos del partido a cargos de elección popular federales, estatales y municipales ante los organismos electorales.
-Proponer a la Comisión de Presupuesto y Fiscalización el proyecto de presupuesto anual del partido.
-Determinar lo necesario para el ejercicio de las atribuciones en materia de radio y televisión (spots gratuitos).