Con la aprobación de cambios a leyes secundarias en materia electoral presenciamos el “fin de la burocracia dorada en el Instituto Nacional Electoral” (INE), afirma el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, quien explica los beneficios del denominado Plan B.
De acuerdo con el análisis formulado por el responsable de conducir la política interna y procurar la gobernabilidad del país las modificaciones generarán economías al erario público toda vez que, entre otras cosas, elimina personal innecesario.
El funcionario también explica que no existe el riesgo de que la autonomía del órgano electoral se vea amenazada, sino al contrario: con los cambios se fortalecerán los procesos electorales.
A su vez, el Consejo General del INE advierte que los cambios aprobados por Morena y sus aliados afectarán el desempeño del instituto durante los procesos electorales al grado de poner en riesgo la certeza de los resultados.
Aparato burocrático
López afirma que uno de los aspectos sobresalientes de la reforma es que “suprime privilegios como el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizada”.
Un diagnóstico elaborado por el Ejecutivo federal refleja el tamaño de la estructura del instituto, que a su juicio lo hace “marcadamente ineficiente”. En este sentido, expone: “Actualmente el INE se organiza mediante cuatro órganos centrales: el Consejo General como máxima instancia decisoria y su presidencia; la Junta General Ejecutiva; la Secretaría Ejecutiva y el Órgano Interno de Control”.
Además, seis direcciones ejecutivas: “del Registro Federal de Electores, del Servicio Profesional Electoral Nacional, de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de Organización Electoral y de Administración”.
Diez unidades técnicas: de Comunicación Social, de Igualdad de Género y no Discriminación, de Asuntos Internacionales, de lo Contencioso Electoral, de Servicios de Informática, de Vinculación con institutos locales, de Asuntos Jurídicos, de Fiscalización, del Secretariado y de Transparencia y Protección de Datos Personales.
Y hay más áreas todavía, como son los órganos delegacionales y de vigilancia en cada una de las entidades federativas. Delegacionales: 32 juntas locales ejecutivas y 32 consejos locales, además de 300 juntas distritales ejecutivas y 300 consejos distritales.
De vigilancia: una comisión nacional de vigilancia, 32 comisiones locales y 300 distritales.
Sobre esta conformación administrativa del INE el Ejecutivo federal afirma que “además de esta compleja estructura existen comisiones permanentes y temporales, comités y grupos de trabajo del Consejo General, que hacen del INE un organismo autónomo grande, burocrático y marcadamente ineficiente para cumplir su principal labor: garantizar elecciones libres, auténticas y democráticas”.
Como bien sabemos, el consejero presidente del INE, los otros diez consejeros electorales, así como el secretario ejecutivo cuentan con una serie de prestaciones que incluyen seguro institucional (suma asegurada básica de 40 meses; seguro colectivo de retiro; seguro de gastos médicos mayores; seguro de separación individualizado: el instituto aportará por cuenta y en nombre del servidor público un monto igual al que aporte este, que será de entre 2 y 10% del sueldo tabular); prestaciones económicas; prima vacacional (cinco días de sueldo base cuando menos, que se otorga por cada periodo); prima quinquenal; aguinaldo: 40 días de sueldo tabular, cuando menos; gastos funerarios; vacaciones: 20 días hábiles al año.
Además el presidente del instituto, los otros diez consejeros electorales, así como el secretario ejecutivo tienen otras prestaciones “inherentes al puesto” como un vehículo y gastos de alimentación. A todos ellos el organismo les hace también sus respectivas aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.
De acuerdo con el Ejecutivo federal, si se aplicara un programa de austeridad en el INE se generarían importantes ahorros.
Eficientizar
El titular de la Segob detalla que a fin de generar economías al erario y hacer más eficiente el trabajo del órgano electoral “desaparecen las facultades que tenían las juntas locales y se concentran en un solo procedimiento que será regulado por la dirección respectiva del INE”.
Asimismo, descarta que la compactación y concentración de funciones represente el despido de ocho mil trabajadores como se ha señalado. “La reducción de personal se presentará en las juntas locales, donde pasan de cinco a tres vocales, es decir, suman 64, y ellos perciben entre 50 y 70 mil pesos mensuales, más el seguro de gastos médicos mayores y otras prestaciones administrativas”.
Añade: “Las juntas auxiliares pasan de cinco a un vocal, es decir, mil 200 trabajadores, quienes percibían un salario que va de los 45 mil a los 70 mil pesos”. Puntualiza que quienes formen parte del Servicio Profesional Electoral deberán ser reubicados en otras tareas del instituto.
El funcionario asegura que “es falso que con la reducción del personal mencionado se ponga en riesgo la jornada electoral porque no exista certeza en los conteos rápidos o el Programa de Resultados Electorales Preliminares”. Explica que dichos mecanismos “seguirán operando de la misma forma, con un añadido: ahora los cómputos distritales iniciarán al momento de la captura de las actas y en consecuencia habrá mayor certeza jurídica para realizar los conteos”.
Adicionalmente, señala, se facilita el voto de los mexicanos en el exterior. “Será por internet con su credencial de elector, pasaporte o con una matrícula consular”.
En el asunto del secretario ejecutivo del instituto, López comenta: “En el caso del señor Edmundo Jacobo desaparece el cargo que él tenía y termina ahí automáticamente una relación laboral con el INE de 30 años a la fecha; se termina con la posibilidad de esa absurda reelección, porque en 2020 se le reeligió para que su cargo terminara en 2026”.
Ahora, indica, “prácticamente al desaparecer la dirección que él ostentaba —que tenía prerrogativas como el manejo del presupuesto que era discrecional—, pues ahora pasa prácticamente al retiro. Y hay toda una serie de ajustes en prestaciones a los altos funcionarios del INE”.
También da cuenta de que con los cambios “se instruye para que desaparezcan dos fideicomisos, uno de contingencias laborales y el relativo a la administración de inmuebles, los cuales se encuentran en opacidad, además de que no se conoce el capital con el que cuentan. Los recursos de estos fideicomisos deberán ser integrados al erario federal”.
En general, establece el Ejecutivo federal en su análisis, la estructura del instituto “contiene duplicidad de funciones, posee áreas sin trabajo durante varios meses en el año, se despilfarran recursos mediante el pago de rentas, la compra permanente de material para urnas de mala calidad. Se realizan gastos suntuosos, pago de comidas, viáticos, seguros médicos privados, compra de papelería a precios por arriba del mercado, pago de servicio de software injustificados, contratación de edecanes, arrendamiento de automóviles, etcétera. Las últimas reformas electorales complicaron todavía más esta situación”.
Nuevos ordenamientos
López especifica que “la reforma electoral adiciona y/o deroga cinco leyes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley General de Comunicación Social, además de que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral que consta de 70 artículos”.
A partir de las modificaciones queda claro que con la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral por primera vez se regula que exista un solo organismo, “el cual será el encargado de resolver todas las impugnaciones que se presenten durante los procesos electorales”.
En este sentido, se “instauran limitaciones al ejercicio indebidamente discrecional que realizan las autoridades administrativa y jurisdiccional en materia electoral”.
Por ejemplo: “Se restringe la facultad de sanción del INE sobre conductas cuya facultad corresponda a otras autoridades, fiscales o administrativas, y su posibilidad de vincularlas con conductas electorales. También se establece que las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales (INE y TEPJF) no pueden condicionar el ejercicio de los derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía solicitando requisitos adicionales a los que expresamente determinan la Constitución y la ley, por ejemplo, para el registro de candidaturas”.
Concretamente, con la reforma se evita que se pueda repetir lo sucedido en el proceso electoral de 2021 cuando el INE —y posterior ratificación del TEPJF— canceló el registro a los entonces candidatos de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco, como producto de inconsistencias en sus informes de gastos.
Para el Ejecutivo federal es un hecho que en el pasado “los criterios de interpretación del TEPJF respecto de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral provocaron arbitrariedades de juzgadores y han potenciado negociaciones políticas ilícitas. Ello ha generado una impartición de justicia facciosa e ineficaz por parte del tribunal”.
Justo por eso, indica, los cambios prevén una nueva ley de impugnaciones que “prohíbe imponer, por analogía y aun por mayoría de razón, sanción alguna que no esté decretada por una ley que sea exactamente aplicable a la conducta infractora de que se trate”.
Pendientes
López enumera los beneficios de la reforma electoral.
Compacta la estructura del INE, toda vez que fusiona áreas de su órgano central.
Elimina fideicomisos del instituto con los que sus altos funcionarios se pagaron y pagarán millonarias jubilaciones.
Reduce mandos ejecutivos en las 32 juntas locales que tiene el INE.
Crea 300 juntas auxiliares con estructuras más eficientes.
Informe del INE sobre el Plan B
Estructura
• La reforma afecta de forma directa la actualización del padrón electoral y la cartografía electoral.
• Plantea que los módulos de atención deberán instalarse preferentemente en oficinas gubernamentales, escuelas o centros de salud, donde no hay garantía de que exista la infraestructura informática, de transmisión y resguardo de datos que permitan proteger datos personales sensibles, como fotografías y huellas dactilares de los ciudadanos.
• La desaparición de los vocales de capacitación en los 300 distritos electorales implicará no contar con el personal encargado de capacitar a doce millones de ciudadanos cada elección federal para integrar las mesas directivas de casilla.
Procedimientos electorales
• Se reducen los tiempos para reclutar y capacitar a los capacitadores asistentes electorales, por consecuencia, se compromete la calidad de la integración y capacitación de los funcionarios que reciben y cuentan el voto de la ciudadanía.
• La reforma plantea que los cómputos distritales (de los que deriva el resultado final y legal de la elección) comiencen el mismo día de la jornada y no hasta el miércoles siguiente, como sucede ahora. Sin embargo, no elimina el PREP, por lo que habría dos sistemas simultáneos de resultados, lo que no reduce costos ni procesos.
• Comenzar el cómputo el día de la jornada sin contar con la participación del personal profesional para hacerlo —pues desaparecen los vocales distritales de organización electoral— podría derivar en múltiples impugnaciones y conflictos en cada sede de cómputo y recuento de votos.
• La ley propuesta prevé que el registro en el padrón de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero deberá ser validada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esa sería una interferencia del gobierno en el listado nominal afectando la autonomía del INE. Además, la reforma incluye que se pueda votar con la matrícula consular o pasaporte y no solo con la credencial para votar, lo cual contradice el artículo 41 constitucional que le da al instituto la atribución exclusiva de elaborar los listados de electores.
Cara a cara: Plan B vs. INE
Reduce el tiempo para organizar procesos electorales, acortando de nueve a ocho meses los preparativos de una elección.
Permite el voto desde el extranjero con pasaporte o cédula consular.
Establece que los módulos para emitir credenciales de elector se ubiquen preferentemente en edificios públicos. Se busca reducir las elevadas rentas que actualmente paga el instituto.
“Si bien esta reforma no es la que un país como el nuestro merece, cuando menos pavimenta otro camino para que cada día los mexicanos sigamos perfeccionando”, expresa el funcionario.
Y justo esos pendientes son lo que los expertos destacan. Por ejemplo, señalan que hace falta reducir considerablemente los recursos que se entregan a los partidos políticos, que en los comicios federal y 32 locales concurrentes de 2021 recibieron (aquellos con registro nacional) más de siete mil 200 millones de pesos, a lo que se sumaron más de seis mil millones de pesos que se entregaron a los partidos con registro local, es decir, alrededor de 14 mil millones en total.
Otro gran pendiente que deja la reforma es la modificación del modelo de comunicación política, toda vez que mientras este siga vigente continúa la prohibición para que particulares y los propios partidos y candidatos contraten espacios en radio y televisión, lo que en los hechos viola la libertad de expresión y el derecho a la información.
Igual dejan pendiente quitar a la Cámara de Diputados la facultad de conducir el proceso de designación de los consejeros electorales del INE, mismo que a decir de los expertos debería recaer en una especie de consejo ciudadano integrado por universidades, colegios de profesionistas relacionados con la materia y organizaciones civiles, que organizarían un procedimiento transparente y ajeno a los partidos.
En resumen, la reforma electoral no dejó satisfechos al Ejecutivo federal, a la oposición ni a la ciudadanía.
La recomendación de los especialistas es dejar que sean la sociedad y los expertos que cuenten con reconocida autonomía de los partidos políticos quienes diseñen la reforma electoral que requiere México en el siglo XXI.