En el periodo que abarca de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se registraron ya 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales hubo 64 víctimas de homicidio de acuerdo con un diagnóstico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
A su vez la consultoría Integralia reporta que de septiembre de 2020 a enero de 2021 se presentaron 73 incidentes de violencia política con un saldo de 75 asesinatos entre aspirantes a cargos de elección, periodistas y funcionarios públicos.
Y la consultoría Etellekt da cuenta de que entre septiembre pasado y principios de marzo ya se contabilizan 205 agresiones contra “personas políticas”, con un resultado de 55 víctimas de homicidio doloso, 14 de ellas aspirantes a puestos de elección popular.
Partidos políticos, expertos y las propias autoridades reconocen que la delincuencia en diversas regiones del país amenaza el desarrollo de los procesos electorales federal y locales, por lo que el Ejecutivo federal instrumenta una estrategia para frenar la violencia política.
“Partido de la delincuencia organizada”
A decir del presidente Andrés Manuel López Obrador los candidatos a cargos de elección en diversas regiones del país son víctimas de amenazas y agresiones por parte de la delincuencia organizada, la delincuencia de “cuello blanco” y otros grupos con intereses ilícitos.
En este sentido, dice, el gobierno federal se hará cargo de la seguridad de los candidatos: “Vamos a enfrentar esta situación para que sean los ciudadanos los que elijan y no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada; y que no haya candidatos impuestos por la delincuencia”.
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, precisa que “para frenar a grupos criminales que buscan fortalecer su influencia política mediante la cooptación de aspirantes a cargos de elección popular se instrumenta la Estrategia de Protección en Contexto Electoral”.
La funcionaria expone que “es necesario actuar con una guía clara, sobre todo a nivel municipal y zonas más vulnerables ante la delincuencia, en coordinación con los tres niveles de gobierno”.
Agrega que en dicha unión de esfuerzos institucionales participarán la Secretaría de Gobernación, Consejería Jurídica, Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia para establecer una mesa de trabajo y tomar las previsiones necesarias.
“Todos con el objetivo de detectar amenazas, riesgos y vulnerabilidades para prevenir, evitar y sancionar las acciones del ‘partido del crimen y la delincuencia’ que asesina, extorsiona, coopta y secuestra a aspirantes, candidatos y servidores públicos, sobre todo del ámbito municipal. El ‘partido del crimen’ que intenta también competir hace campañas de miedo para intimidar: asesinan, amenazan, cooptan, imponen y financian a determinados candidatos”.
Víctimas
De acuerdo con los reportes de la SSPC, “de septiembre de 2020 (mes en el que inició el proceso federal electoral y los 32 procesos locales) a febrero de 2021 se registraron 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales hubo 64 víctimas de homicidio en algunas regiones del país”.
El diagnóstico arroja que “actualmente más de la mitad de los eventos de violencia política con asesinados y heridos se presenta en siete entidades: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco”.
Señala que “en Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco existe mayor riesgo de que los aspirantes y candidatos sean cooptados por grupos delincuenciales”.
El reporte de la dependencia también indica que entre las estrategias de la delincuencia están “homicidio, secuestros, privación de la libertad, intimidación de familias, quema de domicilios y extorsión”.
Añade: “Cooptan acercándose a los precandidatos y se coluden con actores políticos y gobiernos locales desde antes del proceso electoral. Ofrecen financiamiento o donativos en especie o les otorgan protección y personal para sus campañas”.
También advierte la funcionaria que “en algunas regiones el crimen está intentando designar candidatos, tomando el control de las finanzas, extorsionando y pidiendo moches y diezmos”.
Por otro lado la Consultoría Integralia, que dirige Luis Carlos Ugalde, reporta que entre septiembre de 2020 y febrero de 2021 se registraron “90 incidentes de violencia política con 108 víctimas, de las que 75 fueron mortales y el resto resultaron heridas”.
Al respecto detalla que entre las víctimas fatales están 18 funcionarios municipales, once aspirantes a cargos de elección popular, siete funcionarios federales y estatales, seis activistas, cuatro exfuncionarios, cuatro periodistas, tres expresidentes municipales, tres líderes partidistas, dos legisladores locales, dos excandidatos y dos jueces.
Del mes de febrero Integralia destaca “los asesinatos” de Leobardo Ramos Lázaro (MC), presidente municipal de Acuites, Oaxaca; Gladys Merlín Castro (PRI), expresidenta municipal de Cosoleacaque, Veracruz; Carla Enríquez (Morena), precandidata a la presidencia municipal de Cosoleacaque, Veracruz; e Ignacio Sánchez (PVEM), secretario de Desarrollo Social de Puerto Morelos, Quintana Roo, y precandidato a un cargo de elección en la entidad.
A su vez la consultoría Etellekt señala que entre el 7 de septiembre de 2020 y el 5 de marzo de 2021 se registraron “al menos 205 agresiones contra personas políticas con un saldo de 55 víctimas de homicidio doloso; 14 de ellas eran aspirantes a puestos de elección” popular.
En su Segundo Informe de Violencia contra Personas Políticas Etellekt detalla que entre las agresiones registradas en el periodo referido destacan 60 casos de amenazas, 15 de privación ilegal de la libertad, diez de despojo de oficinas y diez casos de atentados contra familiares de “personas políticas”.
Por lo pronto la semana pasada las autoridades de Chiapas dieron cuenta de la muerte (en un ataque con armas de fuego) de Pedro Gutiérrez (Morena), quien buscaba ser presidente municipal de Chilón.
Y también la semana pasada autoridades de Jalisco reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Álvaro Madera López (PRI), precandidato a presidente municipal de Mezquitic y quien presuntamente fue secuestrado a principios de febrero.
Estrategia gubernamental
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalla en qué consiste la Estrategia de Protección en Contexto Electoral:
Hacer un llamado a partidos políticos y autoridades electorales para que los candidatos cumplan con los requisitos de ley.
Establecer mesas de trabajo entre gobierno federal, partidos políticos, fiscalías y autoridades locales para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos vinculados a la delincuencia organizada.
Consultar a los gobernadores la aplicación de la estrategia, con énfasis en las medidas de protección a candidatos amenazados.
Reforzar la estrategia de seguridad en entidades federativas y municipios de alto riesgo.
Dar atención a los aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado, previa apertura de carpetas de investigación y determinación de niveles de riesgo y protección.
Coadyuvar en el blindaje electoral y la coordinación operativa con autoridades ministeriales e instancias competentes.
Implementar protocolos territoriales especializados, según el nivel de violencia política, incidencia delictiva y riesgos detectados para el proceso electoral.
Evaluar semanalmente el avance de la estrategia.
Miedo
La titular de la SSPC asegura que “se hará lo necesario para proteger el proceso electoral y que la ciudadanía sea la que decida, no la delincuencia organizada”.
A su vez la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, exhorta al gobierno federal a fortalecer la seguridad en el proceso electoral “ante la escalada de violencia política y asesinato de candidatos de todos los partidos”.
Enrique Flores, presidente del PRI en Zacatecas, asevera: “Los ciudadanos vemos con preocupación que los secuestros y asesinatos están a la orden del día y no solo por las elecciones”.
Rubén Pérez Hernández, coordinador nacional de Estructura del PES, revela que ante las condiciones de inseguridad en Guanajuato hay aspirantes de su partido que dudan en participar en la contienda electoral “por miedo a ser amenazados” por grupos delictivos.
La consultoría Etellekt reporta que en el proceso electoral 2017-2018 se registraron “774 agresiones, con un saldo de 152 personas políticas asesinadas, 48 de ellas aspirantes a un cargo de elección popular”, por lo que fueron hasta ahora “las elecciones más violentas” en México.