La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cumple 197 años de su fundación, tiempo durante el cual ha impartido justicia en medio de etapas convulsas, revoluciones y momentos históricos trascendentes vividos en el país a lo largo de casi dos siglos.
A partir del inicio formal de sus labores el 15 de marzo de 1825 la Suprema Corte ha sido garante de los principios establecidos en las Constituciones de 1824, 1857 y 1917; ha fungido como cabeza del Poder Judicial en tiempos convulsos; y en los últimos 25 años se ha consolidado como Tribunal Constitucional con la responsabilidad de defender el orden establecido en la Carta Magna.
En la actualidad el máximo tribunal del país vive su décima época judicial —periodos en los que se establecen criterios judiciales relevantes—, inaugurada a partir de las reformas constitucionales de junio de 2011 en materia de amparo y derechos humanos, en las que se dio un enfoque renovado al juicio de amparo como una nueva institución más garantista y protectora de los derechos humanos.
Con la reforma constitucional al Poder Judicial aprobada en marzo de 2021 y actualmente en vigor se reforzó el papel de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, lo que dio paso a un nuevo sistema de carrera judicial, fortaleció la defensoría pública e impulsó el combate a la corrupción y el nepotismo dentro del Poder Judicial.
Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha transformado a lo largo del tiempo para ser punta de lanza en la modernización del sistema judicial que requiere México y con ello responder a las nuevas realidades y demandas que permitan alcanzar una justicia renovada y fortalecida en favor de los ciudadanos.
Factor de estabilidad
A lo largo de 197 años la SCJN ha tenido un papel eminente en la vida del país. Desde su fundación ha desempeñado sus responsabilidades en medio de vicisitudes y convulsiones políticas por las que atravesó México durante gran parte del siglo XIX y en las primeras décadas del XX.
Como intérprete de la Constitución a partir de 1857 el máximo tribunal del país ha tenido un desempeño fundamental en el cumplimiento de sus funciones más trascendentales: defender el orden establecido en la Carta Magna, mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno mediante sus resoluciones judiciales, además de resolver de manera definitiva asuntos de gran importancia para la sociedad.
En un país donde la falta de justicia motivó históricamente violencia social, abuso del poder político y una cultura de no respeto de la legalidad, la credibilidad alcanzada por la Suprema Corte en el último cuarto de siglo le ha permitido ser un actor central de la estabilidad política y social.
La importante tarea de preservar el orden constitucional por parte de la SCJN no ha estado exenta de presión por parte de actores políticos que buscaron socavarla en favor de sus intereses.
De ahí que los ministros no solo han resuelto controversias entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, diferencias entre gobernadores y alcaldes y municipios, sino que además con sus fallos han contribuido de manera fundamental a la gobernabilidad del país al hacer prevalecer la ley —y por tanto la legalidad— en temas de gran conflictividad política.
Cambios profundos
Las modificaciones en la estructura y el funcionamiento de la Suprema Corte en 1994 permitieron establecer cambios profundos, como que el número de ministros pasara de 26 a once, y se establecieron procedimientos y mecanismos para permitir un mayor acceso a la justicia.
Además se ampliaron los controles de la constitucionalidad mediante el establecimiento de las acciones de inconstitucionalidad y el perfeccionamiento de las controversias constitucionales.
Y se creó el Consejo de la Judicatura Federal para resolver los problemas administrativos de los poderes judiciales y dejar a los ministros y magistrados la tarea de administrar justicia.
Esos cambios de fondo dieron paso a que en el último cuarto de siglo la Suprema Corte haya desempeñado un papel relevante para la democracia mexicana, en especial para la defensa y desarrollo de los derechos humanos.
Tras esa reforma el máximo tribunal de justicia del país se enfocó en una primera etapa a definir los ámbitos de competencia de los diferentes órdenes jurídicos del sistema mexicano; en una segunda estableció su prioridad en la protección y desarrollo de los derechos humanos.
La tercera etapa de este proceso se encuentra en marcha en la actualidad bajo la presidencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien al asumir el liderazgo del Poder Judicial federal en 2019 se fijó como meta una serie de medidas para erradicar prácticas nocivas como la corrupción y el nepotismo que afectan el desempeño de la Suprema Corte y del Poder Judicial federal.
Esta transformación que el presidente de la SCJN llamó la “tercera etapa” de la reforma de 1994 fue para fortalecer la legitimidad de la máxima instancia de justicia de México.
A decir de Zaldívar Lelo de Larrea se trataba de “generar una mayor cercanía con la gente, corregir prácticas que se han venido desviando a lo largo del tiempo y también de manera muy particular generar medidas que nos permitan fortalecer y consolidar nuestra función como Tribunal Constitucional”.
Transformación
En los últimos tres años la SCJN experimentó cambios trascendentales para erradicar la corrupción, combatir el nepotismo, hacer más expedita la justicia federal e impulsar la equidad de género y dar protección a las mujeres ante el acoso laboral.
Como parte de los esfuerzos emprendidos para terminar con vicios y actos perjudiciales en el ámbito judicial, así como enfrentar la crisis por la que atraviesa el país en materia de procuración e impartición de justicia, se iniciaron los trabajos para emprender una reforma en el Poder Judicial que permitiera al Estado mexicano hacer frente al desafío que representan la inseguridad y la violencia en el país.
La propuesta de reforma presentada por Zaldívar Lelo de Larrea el 12 de febrero de 2020 —la primera hecha desde el ámbito judicial— fue de gran calado y sus ejes principales fueron para fortalecer las facultades del Consejo de la Judicatura Federal en el combate al nepotismo, la corrupción y el acoso sexual en el Poder Judicial, además de contar con mejores jueces y establecer una escuela judicial para generar una auténtica carrera judicial.
Propuso la generación de un nuevo perfil de jueces más cercanos a la gente, con mayor capacitación y más sensibles, así como establecer una auténtica escuela judicial para la formación de todos los cuadros del Poder Judicial federal.
El ministro presidente expuso en esa ocasión su convencimiento de que la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal no requerían una reforma estructural, ya que la Constitución establece garantías que garantizan su autonomía e independencia, así como un sistema de distribución de funciones que ha permitido alcanzar un equilibrio institucional y una estabilidad no siempre fácil de conseguir.
Subrayó que los problemas de la justicia federal no estaban en el diseño institucional de sus órganos cúspide, ya que con el marco jurídico vigente se habían logrado en poco tiempo cambios profundos que comienzan a ser visibles.
Servir mejor a los ciudadanos
De ahí que advirtiera de los riesgos de emprender en esos momentos una reforma estructural de la SCJN o el Consejo de la Judicatura Federal, puesto que pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial y lo debilitaría, en una coyuntura en que se requiere de una judicatura fuerte, independiente y legitimada.
Explicó que la propuesta de reformar la Constitución, la Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional tenía el objetivo de reforzar a la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, así como generar una doctrina constitucional y de derechos humanos que guíe la actuación de todo el Estado mexicano hacia el pleno respeto de todos.
Otro finalidad de los cambios propuestos era revolucionar el sistema de jurisprudencia en México para dotar de mayor coherencia, uniformidad y fuerza a la doctrina constitucional de la Suprema Corte, por lo que se planteó que el máximo tribunal de justicia avanzara a un sistema de precedentes en el que todas y cada una de sus sentencias tengan un impacto en la vida pública.
Arturo Zaldívar afirmó que en la reforma se plasmaba la visión de un Poder Judicial que sirva mejor a la ciudadanía y contenía propuestas que partían de un ejercicio autocrítico y del convencimiento de que una mejor justicia no solo es deseable, sino posible.
Justicia más humana y efectiva
Así, luego del proceso legislativo en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, el 11 de marzo de 2021 se publicó la reforma constitucional más importante en los últimos 25 años en el ámbito judicial como fruto de aquel proyecto surgido del propio Poder Judicial y que contó con el apoyo de los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo que dio paso al ambicioso paquete de reformas legales que entraron en vigor el 7 de junio de ese año.
En la presentación de su Tercer Informe anual de labores como presidente del Poder Judicial en diciembre de 2021, Arturo Zaldívar afirmó que ya se tenía un nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF) que brindaba una justicia más humana, efectiva y más cercana a las personas que nunca.
Destacó que con la reforma judicial se consolida y afianza el proceso de transición institucional emprendido al inicio de su gestión. “Hoy somos un nuevo Poder Judicial federal. Y no lo digo a la ligera: lo digo con respaldo de los datos y la certeza de los hechos”, remarcó.
Expuso que la renovación realizada tuvo como centro y como fin que la justicia sea accesible y a través de ella se hagan efectivos todos los derechos para todas las personas.
Aseguró que la Constitución, las leyes y las instituciones deben ser los medios para alcanzar la promesa de un arreglo social más justo e igualitario.
Zaldívar Lelo de la Larrea dijo que bajo un criterio de cero tolerancia se persigue y sanciona la corrupción en todas sus formas y a todos los niveles, lo que genera un cambio de comportamiento porque ya no existen las cúpulas que cobijaban los esquemas de corrupción.
El también presidente del Consejo de la Judicatura Federal destacó que el reto para 2022 será consolidar el nuevo rumbo emprendido y con el apoyo de todos los servidores públicos que conforman el PJF se logrará afianzar una nueva justicia para todos.
Recordó que el Poder Judicial no solo impacta en la vida de las personas a través de sus resoluciones, pues también lo hace mediante el impulso y la defensa de una nueva cultura constitucional entre la población, igualitaria y sin prejuicios, libre de estereotipos, de derechos y con respeto, con base en un nuevo lenguaje anclado en la dignidad humana.
“El pueblo de México clama por una justicia que históricamente le ha sido negada y ha estado siempre al servicio del poder y del privilegio. La transformación de la justicia federal busca saldar esta deuda. Busca revertir este orden de cosas para que en los juzgados la gente encuentre verdadera solución a sus conflictos y protección a sus derechos”, recalcó.
Compromiso con la Constitución
Como cabeza del Poder Judicial, la Suprema Corte ha desempeñado su valiosa labor de impartir justicia aún en los momentos más difíciles de la historia del país.
El déficit de justicia para los mexicanos ha sido una constante desde el nacimiento de México como nación y que hoy en muchos sentidos continúa vigente. En esa larga carrera por lograr que los ciudadanos accedan a una impartición de justicia pronta, la SCJN ha dejado constancia a través de sus diferentes épocas de su compromiso con la Constitución y, por ende, con la legalidad.
Las transformaciones que ha experimentado a lo largo de casi 200 años han respondido en su momento a un objetivo central: el de impartir de mejor manera la justicia, por lo que la Suprema Corte se ha convertido en la punta de lanza para la modernización del sistema judicial que requiere México.
De ahí que los cambios de gran calado hechos hace poco más de un cuarto de siglo y la reciente reforma constitucional al Poder Judicial aprobada el año anterior son muestra de que contamos con una Suprema Corte de Justicia de la Nación que está atenta a las transformaciones que experimenta el país, lo que le permite adecuarse a las nuevas realidades en las que viven los mexicanos y con ello responder de manera efectiva a la exigencia común: la demanda de una mejor justicia.
Mayor igualdad de género
Uno de los cambios que ha experimentado la Suprema Corte es la puesta en marcha de una política de igualdad de género en todos los cargos dentro del Poder Judicial federal.
Entre sus ejes destaca la paridad con el objetivo de consolidar una generación paritaria y diversa de jueces, juezas, magistrados y magistradas, en la que cada quien contribuya con su visión y experiencia para enriquecer el ejercicio de la función jurisdiccional.
Se han emprendido así en el Poder Judicial acciones que permitieron que el año pasado 49% de los nombramientos otorgados mediante concursos de oposición fueran para mujeres.
Además, de los once ministros que integran el pleno de la SCJN cuatro son mujeres. Las máximas juezas del país son las ministras Ana Margarita Ríos Farjat, Norma Lucía Piña Hernández, Yasmín Esquivel Mossa y Loreta Ortiz Ahlf.
Tareas y responsabilidades
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación.
Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución, mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno a través de las resoluciones judiciales que emite, además de solucionar de manera definitiva asuntos que son de gran importancia para la sociedad.
No existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse contra sus resoluciones.
Asuntos que atiende
La Suprema Corte atiende asuntos entre los que se encuentran los llamados Medios de Control de la Constitucionalidad, como son los amparos directos trascendentales, recursos, casos de incumplimiento de sentencias o repetición de actos reclamados, casos de violaciones a la suspensión del acto reclamado o de admisión de fianzas ilusorias o insuficientes.
Recibe también los juicios de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y hace las determinaciones de constitucionalidad sobre la materia de consultas populares.
Compromiso
El pleno de la Suprema Corte reafirmó el 7 de marzo que “su único compromiso es con la Constitución y los derechos humanos. Todos los asuntos de la competencia de la SCJN se resuelven con independencia, imparcialidad y transparencia en sesiones públicas en las que las ministras y ministros expresan los argumentos que dan sustento al sentido de sus votos, de cara a la sociedad y al escrutinio público”.