Ciudad de México, a 15 de junio. Al entrar en vigor el incremento de un peso a la tarifa del servicio público concesionado para microbuses, vagonetas, autobuses de ruta y autobuses de corredor, en la Ciudad de México, el presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), Nicolás Rosales Pallares, demandó despolitizar ese tema, para establecer mecanismos mediante los cuales se calcule una tarifa técnico-operativa, donde se incluyan temas como el mantenimiento de unidades, inflación y combustible, entre otros, para tener una tarifa real.
Ante ello, propuso la creación de un comité técnico de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), donde se defina una política tarifaria que analice todos los elementos y esté basada en la realidad, con el fin de abordar el tipo de movilidad que se quiera impulsar en la capital del país.
Resulta evidente discutir la tarifa, pero en un esquema que analice los demás elementos que permiten a los operadores tener sosteniblidad financiera y posibilidad de modernizar la flota, como son la capacitación en las distintas áreas, administración, operación y mantenimiento del transporte público, con el fin de mejorar la calidad del servicio, garantizar la seguridad de las personas y promover el uso de energías limpias.
Es necesario analizar también, dijo Nicolás Rosales, que si hoy se aprueba un incremento de un peso, la verdad es que en el camino los concesionarios pierden demanda, porque en cuanto sube la tarifa para ellos y no sube para los demás sistemas de gobierno, una parte de su demanda se desplaza.
Ante ello, consideró urgente implementar una agenda de movilidad, donde se analicen estos y otros elementos para alcanzar una política que discuta la parte tarifaria, pero también sus componentes.
Recordó que en la Ciudad de México (CDMX) se ha trabajado principalmente para mejorar el transporte público que pertenece al gobierno, ya sea el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), el Metrobus, Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Servicio de Transportes Eléctricos (STE), Ecobici y ahora con los Cablebús, pero no ocurre lo mismo con el transporte público concesionado, que realiza más de 12 millones de viajes al día y muestra grandes rezagos tanto en su flota, modelo de operación, seguridad, sustentabilidad y sostenibilidad financiera.
Este último, dijo, tiene como única fuente de financiamiento la tarifa, la cual está sujeta a condiciones politico-sociales más que a un aspecto técnico, ya que el combustible, que es su principal insumo, en 2017 tenía un costo de 17.80 pesos y actualmente ronda los 23 pesos.
Nicolás Rosales recordó que el último incremento tarifario se autorizó en abril de 2017, por lo que “queda claro que si los operadores no tienen la posibilidad de incrementar sus ingresos y solamente crecen los gastos, hay un deterioro evidente en la flota, en la calidad del servicio y en no poder corresponder un incremento salarial a los conductores”.
No obstante, Rosales Pallares reconoció que este incremento es un esfuerzo de las autoridades para mejorar la economía de los operadores, pero resulta insuficiente, por el costo actual de los insumos y del combustible, ante lo cual señaló que no es la medida indicada para impulsar al sector hacia el futuro, ni para llevar a cabo una reestructuración profunda del transporte.
El titular del organismo que vincula a los diversos actores que participan en el transporte público y la movilidad del país, valoró que las autoridades continúen promoviendo medidas de mitigación que permitan encontrar un mejor equilibrio, como son los bonos de destrucción de flota para la sustitución por autobuses nuevos y otros, pero señaló que es importante ponderar el diálogo conjunto entre autoridades y operadores, para la modernización del transporte público concesionado en la CDMX y poder terminar con los microbuses que tienen más de 30 años de servicio.