La aprobación de una nueva reforma electoral en el Congreso de la Unión es inminente y los cambios que se deben llevar a cabo ya fueron definidos por expertos, legisladores y el propio presidente de la República a partir de las exigencias ciudadanas.
Sin duda entre los cambios más esperados está el de reducir el costo de los comicios, sobre todo por la difícil situación del país que provocan la crisis económica y la emergencia sanitaria. En este sentido la propuesta que cobra más fuerza es la de implementar el voto vía internet.
Otra demanda es modificar el modelo de comunicación política a fin de que se restituya la libertad de expresión y el derecho a la información, así como para terminar con la llamada spotiza que representa la trasmisión inútil de alrededor de 60 millones de mensajes de los partidos políticos en radio y televisión durante los procesos electorales, lo que ha provocado en la sociedad hartazgo y desinformación, y entre los contendientes, simple y llanamente guerra sucia.
Una más es en el sentido de conformar un nuevo órgano electoral que sea por completo independiente de los partidos políticos, para la cual es necesario que no sea —o al menos no exclusivamente— la Cámara de Diputados la que designe a los consejeros electorales.
Por supuesto, está también la exigencia de reducir por un lado los presupuestos de los organismos públicos electorales nacionales o locales, así como las prerrogativas que reciben los partidos políticos nacionales y locales.
Ya viene la nueva reforma electoral y la sociedad espera que esta vez los legisladores dejen de empoderar a la partidocracia y los órganos electorales para que, en su lugar, atiendan las demandas de menos gasto y más libertades y poner a México en la ruta de una democracia plena.
Mejores elecciones y autoridades
En un reciente anuncio el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la reforma electoral que propondrá al Congreso de la Unión: “La propuesta de reforma buscará reducir los gastos excesivos del actual Instituto Nacional Electoral (INE) y que no cuesten tanto las elecciones”.
De manera particular el mandatario señaló que los consejeros electorales y otros funcionarios del INE perciben “altos sueldos y prestaciones” que incluso están al margen de la Ley de Austeridad.
También indicó que con la nueva reforma se buscará que se “garanticen elecciones limpias, libres, que no haya fraude electoral. A pesar del dinero que manejan (los consejeros electorales), actúan por consigna y no son auténticos jueces”.
Para el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, una nueva reforma electoral es necesaria porque “el INE asume funciones metaconstitucionales y pasó de ser un órgano administrativo para convertirse en un órgano legislativo, fiscalizador, miope, tribunal inquisidor. En un auténtico templo de ególatras y vanidosos”.
Voto electrónico
Cada tres años que se efectúan elecciones federales el presupuesto del INE y las prerrogativas de los partidos se incrementan considerablemente. Por ejemplo, el del órgano electoral crece hasta 50% con respecto de los años en que no hay comicios, en tanto que el de las fuerzas políticas aumenta aproximadamente 22% en un periodo de tres años.
Para reducir los costos los expertos proponen implementar el voto electrónico, ya que además de generar ahorros ofrece inmediatez en los resultados y facilita a la gente votar desde cualquier lugar a través de su computadora e incluso de su teléfono celular.
Francisco Javier Arenas Soto, experto en temas electorales, expuso: “Las elecciones son procesos muy complejos, ya que para su realización se debe conformar una gran estructura tanto de autoridades como de capacitadores, además de la elaboración de los materiales electorales que comprenden urnas, boletas para votar, crayones, tinta indeleble, manuales, actas, todo lo que hace que el proceso sea costoso”.
Gloria Morales Blas, exconsejera electoral, explicó las causas de los altos costos en una jornada comicial: “Para la emisión del sufragio es necesario contar con la impresión de boletas electorales para cada una de las elecciones, actas de jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo, las cuales incrementan su costo ya que deben contar con varias medidas de seguridad”.
Por ejemplo, añadió, “las boletas deben contar con marcas de agua con el logo del INE; fibras ópticas visibles en color café y oscuro; fibras ópticas ocultas en color verde y azul; microimpresión e impresión invertida invisible; asimismo, las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo deben contar con microimpresión, imagen latente, impresión sustituta e impresión invertida”.
En este sentido, un grupo de especialistas en materia electoral, así como empresarios familiarizados con las tecnologías de la comunicación y la seguridad de los datos personales, proponen la implementación del voto electrónico vía internet para participar en los comicios.
De hecho, el voto por internet ya es una realidad en el país: los mexicanos residentes en el extranjero tuvieron la oportunidad de participar por esta vía en los comicios federales de 2021 (para diputados y gobernadores) y lo podrán hacer en la próxima consulta sobre revocación de mandato, así como en la elección de los gobernadores de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas.
Sin embargo, hace falta voluntad política para que el Congreso de la Unión apruebe en la futura reforma electoral la implementación del voto vía internet a nivel general en las elecciones federales y locales.
Los expertos, los empresarios familiarizados con las tecnologías de la comunicación y el propio instituto explican las bondades de dicho mecanismo: cifra los votos emitidos a través del sistema para preservar la secrecía del voto y los almacena de manera segura en una urna virtual.
La urna virtual cuenta con un mecanismo de seguridad que requiere un grupo de custodios para abrirla y contabilizar los votos.
Utiliza mecanismos criptográficos y de seguridad para garantizar que no es posible vincular el voto con el votante que lo emitió, de esta manera se protege el anonimato.
También utiliza dos factores para autenticarse en el sistema: el primer factor es el nombre de usuario y la contraseña, y el segundo factor es un código de seis dígitos que se puede obtener a través de un mensaje SMS o por medio de una aplicación de autenticación instalada en el dispositivo de los ciudadanos.
Emite un recibo de votación con el que se puede verificar que tu voto se almacenó correctamente y está listo para ser contabilizado.
Registra las operaciones realizadas en una bitácora electoral inalterable con base en Blockchain.
Las comunicaciones entre el sistema y los dispositivos de la ciudadanía se realizan de manera segura.
Spotiza
César Alejandro Giles Navarro, experto del Instituto Belisario Domínguez del Senado, señaló que entre los temas que se deben retomar en la aprobación de una nueva reforma electoral está la modificación del modelo de comunicación política, el cual “obliga a la transmisión gratuita de millones de spots de los partidos políticos”.
El caso es que en las elecciones de 2006 los partidos transmitieron apenas 704 mil spots cuando tenían que pagar por ellos y después de que se aprobó la reforma de 2007 y los spots fueron gratuitos estos se multiplicaron exponencialmente.
Así, en 2012 el número de spots fue de 43.7 millones (ya con la reforma electoral aprobada y los spots gratuitos); en 2018 ascendió a 59.7 millones; y en el proceso electoral 2020-2021 se transmitieron 55.4 millones de spots en tres mil 431 operadoras de radio y de televisión.
Organizaciones sociales, periodistas, constitucionalistas, académicos, trabajadores de la industria de la radio y la televisión, representantes de organismos internacionales e incluso algunos dirigentes partidistas y legisladores demandan acabar con la spotiza. Una exigencia que cumple 15 años en 2022. En consecuencia, señaló el experto del Senado, se esperaría que en la próxima discusión se propongan nuevas reglas para eliminar el número de spots que transmiten los partidos.
Pero además se espera un cambio en el referido modelo de comunicación para que en el futuro se permita la contratación de espacios en radio y televisión para hablar de temas políticos y garantizar que todos ejerzan su libertad de expresión y su derecho a la información.
Como bien sabemos la normatividad vigente prohíbe a los particulares y a los propios candidatos contratar espacios en radio y televisión para exponer temas de índole política o electoral.
Además existe la prohibición para que los servidores públicos hablen sobre temas políticos o de campaña durante el desarrollo de los procesos electorales, situación que a juicio de los expertos viola garantías fundamentales como el derecho a la información y la libertad de expresión. Para reconocidos constitucionalistas la normatividad electoral contradice lo establecido en la propia Constitución en su artículo sexto.
Por lo pronto, el viernes 4 de febrero el INE emitió la convocatoria para la celebración de la consulta sobre revocación de mandato.
Con ello comenzó lo que se denomina “veda electoral”, conforme a lo establecido en el Artículo 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato: “Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre la revocación de mandato. El INE ordenará la cancelación de cualquier propaganda e iniciará el proceso de sanción que corresponda”.
Asimismo, el INE reiteró que los servidores públicos de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno tienen prohibido opinar o comentar sobre la revocación de mandato.
Obesos
Días antes de que iniciaran los trabajos de la actual LXV Legislatura el INE dio a conocer su anteproyecto de presupuesto 2022 por un total de 13 mil 84.17 millones de pesos.
Adicionalmente el organismo presentó un “presupuesto precautorio para atender la posibilidad de que se lleve a cabo una consulta popular y la revocación de mandato por la pérdida de confianza a la persona titular de la Presidencia de la República”.
Dicho presupuesto precautorio se conformaba de cinco mil 743.57 millones de pesos; de ellos tres mil 830.4 millones se destinarían al ejercicio de revocación de mandato y mil 913.1 millones a la consulta popular.
La suma de todos los rubros, presupuesto base del organismo, recursos para la consulta y la revocación y prerrogativas de los partidos ascendían a casi 25 mil millones de pesos para 2022. Esta cifra provocó el reproche de buena parte de los legisladores federales.
Para el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, es un hecho que “en el INE existe una miopía que requiere una cirugía mayor, porque lamentablemente este instituto se convirtió en un ente burocrático partidizado, obeso y costosísimo”.
Los recursos adicionales para la revocación de mandato y consulta popular le fueron negados al instituto y este insistió en que se le incrementaran.
En respuesta, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó que el gobierno federal, a través de las secretarías de Hacienda (SHCP) y de la Función Pública (SFP), elaboró un plan que podría aplicarse en el INE: “Elaboramos un plan de austeridad para garantizar en términos económicos que la consulta sobre revocación de mandato pueda llevarse tal y como la Constitución lo obliga”.
Los funcionarios concluyeron que con una serie de ajustes en sueldos, bonos, seguros de gastos médicos, así como en gastos de operación, además del uso de una parte de los recursos que el instituto tiene invertidos en un par de fideicomiso, el organismo generaría ahorros por dos mil 972 millones de pesos.
Estos diferendos entre el órgano electoral y el Ejecutivo federal, además del partido Morena, recordaron a todos los actores políticos la urgencia de incluir en la reforma electoral un plan para reducir los recursos de los órganos electorales, así como de los partidos.
Sobre esto último, la propuesta con mayor consenso es que los partidos dejen de recibir recursos o al menos se les reduzcan a la mitad en años en los que no se celebran comicios.
En 2022 el gasto de operación del INE y las prerrogativas de las fuerzas políticas suman 19 mil 736 millones de pesos y no habrá comicios federales.
Ni cuotas ni cuates
El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, afirma que la descomposición por la que atraviesan los órganos electorales es consecuencia de la relación de “complicidades, corrupción y pago de favores que existe entre los funcionarios y los partidos de la mafia de la corrupción”.
Para el dirigente morenista está claro que “la única manera de que sigamos avanzando en nuestra democracia es que en la futura reforma electoral se establezca que al momento de renovar los organismos electorales se termine con las cuotas partidistas y los amiguismos, pero sobre todo que traiga consigo magistrados y consejeros honestos e imparciales”.
Como bien sabemos, actualmente la Cámara de Diputados designa a los consejeros electorales en tanto que el Senado hace lo propio con los magistrados electorales.
La propuesta de los expertos es en el sentido de que barras y colegios de abogados, organizaciones civiles e instituciones de educación superior sean las responsables de elegir a consejeros y magistrados.
Y como es poco o nada probable que los legisladores quieran renunciar a su facultad de designar a consejeros y magistrados electorales, la propuesta que formulan los especialistas es en el sentido de que las organizaciones de profesionales del Derecho y las agrupaciones ciudadanas con reconocida actividad social y política tengan injerencia directa en los procesos de selección de los referidos funcionarios o al menos puedan conformar una especie de consejo ciudadano que funcione como contrapeso a los órganos electorales a fin de que estos no se aparten de lo que debe ser su única tarea: organizar elecciones con imparcialidad y certeza.
Uuk-kib Espadas Ancona, consejero del INE, destacó “la necesidad que existe en México de poner nuevamente a la ciudadanía al centro de los procesos democráticos, por encima del resto de los actores que participan en ellos como las autoridades electorales, los gobernantes y los partidos políticos”.
Responsabilidad
Por otro lado, los expertos consideran necesario simplificar la normatividad para evitar lo que denominan “litigiosidad”.
Argumentan que es indispensable modificar el marco legal que faculta a las autoridades electorales a emitir resoluciones que muchas veces se consideran inconstitucionales.
Igualmente, los especialistas señalan que son los mismos partidos los que tienen la solución a los problemas: si no están de acuerdo con las leyes porque las consideran engorrosas y prohibicionistas, que las simplifiquen y en su caso eliminen.
Si desconfían de los consejeros y magistrados electorales que dejen los nombramientos de estos en manos de la sociedad y así se garantiza que no sean proclives a partido alguno; si no están de acuerdo con las resoluciones de los consejeros del INE, que dejen a este organismo solo la facultad de organizar comicios y no la de sancionar o regular conductas.
Y si no están de acuerdo con los costos, que reduzcan las obligaciones de los organismos electorales para aminorar las burocracias y de paso también disminuyan los montos del financiamiento público que reciben.
En conclusión, de la nueva reforma electoral debe surgir un nuevo instituto electoral con un perfil ciudadano e independiente de los partidos; que aplique leyes que garanticen las libertades de la sociedad; y tecnológicamente adecuado al siglo XXI donde el voto electrónico sea una realidad, ya que este reducirá el alto costo de las elecciones.