El gobierno federal presentó el plan de austeridad para el Instituto Nacional Electoral (INE), que permitiría ahorros por dos mil 972 millones de pesos, monto superior al que acordó solicitar el Consejo General del organismo para realizar la consulta de revocación de mandato.
El paquete de ajustes elaborado y expuesto por funcionarios de las secretarías de Hacienda (SHCP) y de la Función Pública (SFP) se divide en tres partes: 718.8 millones de pesos en sueldos y salarios, mil 384.5 millones en gastos de operación y 868.7 millones de pesos en fideicomisos.
A juicio del presidente Andrés Manuel López Obrador ya es tiempo de que los funcionarios del instituto se ajusten a la política de austeridad que impulsa su administración, así como también considera que se deben acabar las erogaciones en “gastos superfluos” y “extravagancias”.
En la mira ciudadana
La negativa de un grupo de consejeros del Instituto Nacional Electoral a organizar el ejercicio de revocación de mandato si no les aumentan su presupuesto en mil 738 millones de pesos propició que ciudadanos, expertos y legisladores planteen nuevamente la necesidad de rediseñar al organismo para que sea menos oneroso a los ciudadanos.
Revisemos: el INE tendrá este año un presupuesto de más de 19 mil millones de pesos. ¿Es mucho? Por supuesto, sobre todo cuando el país enfrenta una emergencia sanitaria y una crisis económica. ¿Se puede reducir? Definitivamente.
Ante la pregunta ¿en qué gasta el instituto? Los consejeros argumentan: se gasta en la organización de las elecciones. Pues bien, en 2020 el organismo tuvo un presupuesto de once mil 421.7 millones y en 2019 de diez mil 397 millones… y en ninguno de esos años hubo elecciones.
Otra de las justificaciones del gasto es la expedición de la credencial de elector. Veamos, la partida Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar demanda solo la tercera parte del gasto operativo del organismo. Por ejemplo, en 2020 ascendió a tres mil 403 millones y recordemos que el presupuesto del organismo fue de once mil 421.7 millones.
Como podemos apreciar el INE en un año sin comicios y aun restando el costo de la expedición de credenciales sigue erogando alrededor de siete mil millones de pesos anuales.
También tenemos el tema de los sueldos de los funcionarios. El manual de remuneraciones del INE indica que el consejero presidente y los otros diez consejeros electorales tienen una percepción anual bruta de 4.3 millones de pesos cada uno.
Además, alrededor de mil 100 funcionarios tienen percepciones anuales brutas de entre 1.05 y 3.1 millones de pesos.
Los consejeros electorales y los altos funcionarios se niegan sistemáticamente a apegarse a la política de austeridad en materia de sueldos que impulsa el Ejecutivo federal e incluso varios consejeros y buena parte de los funcionarios interpusieron amparos ante las instancias judiciales para que sus percepciones no se vean disminuidas.
En varios países desarrollados no existe un organismo electoral: los comicios los organizan (en unos cuantos meses) servidores públicos federales o locales.
Si en la actual Legislatura hay voluntad se podrían hacer cambios para generar ahorros. Por ejemplo: siete mil millones de pesos si deja de operar el INE cuando no es año electoral; once mil millones eliminando los organismos locales, y alrededor de mil 300 millones en sueldos y prestaciones de la alta burocracia del INE.
Por otro lado, tenemos la persistente crítica de expertos, legisladores y ciudadanos al hecho de que el nombramiento de los consejeros electorales está en manos de los partidos políticos.
El artículo 41 de la Constitución establece: “El consejero presidente y los consejeros electorales del INE serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados”.
Preguntémonos cuál es el resultado hasta ahora de esta determinación establecida en la Carta Magna: 1. Los partidos descalifican sistemáticamente las resoluciones de aquellos consejeros cuyo nombramiento no respaldaron; 2. los perdedores de una elección desconocen los resultados y culpan a los consejeros, exigiendo su destitución; y, 3. los trabajos legislativos en San Lázaro se ven seriamente afectados cada vez que los partidos se confrontan por el nombramiento de los consejeros.
Basta recordar que en octubre de 2010 los partidos se confrontaron en la Cámara de Diputados e incumplieron con el nombramiento de tres consejeros, dejando al Consejo General del organismo incompleto durante 14 meses.
En febrero de 2013 renunció un consejero y los partidos dejaron vacante el lugar durante seis meses.
Y en 2014, cuando los diputados designaron a cinco nuevos consejeros y transformaron al Instituto Federal Electoral en Instituto Nacional Electoral, de nuevo volvieron a confrontarse en San Lázaro.
En cada proceso los partidos se acusan unos a otros de querer imponer a personajes afines a sus respectivos intereses o bien los partidos minoritarios denuncian que las principales fuerzas políticas se distribuyen entre sí las posiciones vacantes.
De ahí la exigencia ciudadana de que los nombramientos no obedezcan a una lógica de “cuotas ni cuates”.
Resulta ingenuo pensar que los partidos renunciarán a su facultad de designar a los consejeros electorales y dejarán esta responsabilidad en organizaciones ciudadanas, instituciones de educación superior y colegios de expertos en la materia.
Así que por lo menos la sociedad exige a los diputados federales que: a) El proceso de selección de consejeros no sea una fuente más de controversia, descalificación política y erosión de la democracia; b) las fuerzas políticas representadas en el Congreso deberán evitar que el proceso de designación de consejeros sea moneda de cambio para avanzar o aprobar otras reformas legislativas, o para negociar otros nombramientos que involucren al propio Congreso; c) las reuniones de trabajo de los diputados deben ser transmitidas en vivo a través de los canales digitales del Canal del Congreso o plataformas tecnológicas; d) no se deben imponer las mayorías. Se debe privilegiar el consenso como método para la toma de decisiones; e) los integrantes de los comités de evaluación de candidatos a consejeros deben ser independientes y sin conflictos de interés; f) garantizar que los consejeros tengan el perfil académico necesario; y, g) los consejeros deben ser ciudadanos de principio a fin, sin sesgos de partido ni de ideología.
Política de austeridad
El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó que el gobierno federal, a través de la SHCP y la SFP, desarrolló un proyecto de ahorro que podría aplicarse en el INE: “Elaboramos un plan de austeridad para garantizar en términos económicos que la consulta sobre revocación de mandato pueda llevarse tal y como la Constitución lo obliga”.
Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública, explicó que “desde los inicios de la actual administración la política de austeridad republicana combatió el dispendio, la suntuosidad y la frivolidad a expensas del erario; además, promovió un ejercicio de los recursos públicos que asegurara la generación de ahorros sin comprometer los objetivos nacionales ni las metas institucionales”.
Asimismo, aseveró que “los entes públicos redujeron sus estructuras orgánicas y ocupacionales en plazas de mando, de enlaces y de gabinete de apoyo hasta en 30%; solo se autorizaron secretarios particulares a los titulares de las dependencias; y el servicio de choferes se limitó a titulares de secretarías y subsecretarías, además de que se eliminaron las plazas de dirección general adjunta”.
De manera particular el funcionario destacó que en la actual administración “se redujeron los sueldos, comenzando por el presidente de la República, en un rango que fue de 50 a 12%, asegurando que ningún funcionario recibiera un sueldo mayor al del primer mandatario”.
Además “se suprimieron las pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como de seguros de gastos médicos y seguros de vida, excepto lo dispuesto en decretos o en disposiciones específicas”.
Del mismo modo, dijo, “se suspendieron los gastos superfluos en viajes, comidas, telefonía; se eliminaron las delegaciones de las dependencias federales en el extranjero y solo se adquirieron insumos estrictamente necesarios una vez constatada la no existencia en el almacén por medio de un contrato marco celebrado por la Secretaría de Hacienda”.
Se evitaron “derroches en los servicios de energía eléctrica, agua, gasolina e insumos financiados por el erario. No se autorizaron remodelaciones por cuestiones estéticas ni se compró mobiliario innecesario”.
Para el gobierno federal, afirmó, “la austeridad republicana es un modo de vida democrático sustentado en el interés general y en la sobriedad de la vida pública”.
En este sentido, puntualizó, “si se adopta como una política de Estado ampliándose también a los órganos gubernamentales independientes del Ejecutivo, la austeridad republicana tiene el potencial de asegurar que los recursos públicos se utilicen con el objeto real de lograr el máximo beneficio a la ciudadanía y atender los mandatos populares”.
Salcedo Aquino explicó que es precisamente “con ese ánimo que se presenta, con todo respeto, el ejercicio de austeridad en el Instituto Nacional Electoral siguiendo la política establecida en la Ley Federal de Austeridad Republicana”.
La fórmula del ahorro
Juan Pablo de Botton Falcón, subsecretario de Egresos de la SHCP, llamó a su vez la atención sobre el hecho de que “el INE cuenta con 830 millones de pesos adicionales a su presupuesto normal (19 mil 736.6 millones para 2022), los cuales en su caso podrían destinarse para las acciones de revocación de mandato y consulta popular de forma complementaria a las medidas de austeridad que el instituto proponga llevar a cabo en su gasto operativo”.
En este sentido detalló en qué consiste el plan sugerido “de manera respetuosa” al órgano electoral, el cual permitiría una disponibilidad de recursos estimada en dos mil 792 millones de pesos: “Aplicar el nuevo tabulador de sueldos y salarios para servidores públicos de mando y enlace, es decir, la parte superior. Suprimir pagos para los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada de mandos medios y superiores, así como diversos ajustes en el gasto de operación de acuerdo a los criterios de la Ley de Austeridad”.
Precisó que “en cuanto a sueldos y salarios, el ejercicio muestra un ahorro de 718.8 millones de pesos” y aclaró que “estas medidas no afectan al personal operativo, ni sindicalizado, ni implican reducir plazas de ningún tipo”.
Agregó que “la aplicación del nuevo tabulador de sueldos y salarios brutos para servidores públicos de mando y enlace de las dependencias y sus equivalentes a las entidades representaría una eficiencia por 130.3 millones de pesos”.
También “existen bonos por apoyo en elecciones, que es un ajuste a los estímulos de personal, que representarían 150 millones de pesos”.
Refirió que “la cancelación del seguro de gastos médicos mayores y la cancelación del seguro de separación individualizada, tal como se hizo en el gobierno federal, representarían 131.6 millones y 306.9 millones de pesos, respectivamente, que serían liberados”.
En cuanto al gasto de operación el funcionario de la Secretaría de Hacienda recordó que el presupuesto aprobado para este rubro asciende a cuatro mil 526.5 millones de pesos y en él existen diversos conceptos susceptibles de ser recortados: “Reducciones en telefonía celular, combustibles, arrendamientos, viáticos, pasajes, alimentación, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, papelería, congresos y convenciones, consumibles de equipo de cómputo”, entre otros.
Finalmente, Thalía Lagunas Aragón, oficial mayor de la SHCP, resaltó que el INE “cuenta con dos fideicomisos públicos, donde él es el fideicomitente, el dueño de ese dinero”.
Precisó que “el primero es el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral y cuenta con un saldo disponible, al 30 de septiembre pasado, de 534 millones”.
El segundo, indicó, es el “Fideicomiso Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral y cuenta con 826 millones de pesos al 30 de septiembre pasado, dando un gran total de mil 360 millones de pesos”.
La oficial mayor de la Secretaría de Hacienda aseveró que a partir del ejercicio que elaboraron estiman que ambos fideicomisos cuentan con “un saldo disponible que puede dar para la consulta sobre revocación de mandato por 869 millones de pesos”.
Aclaró: “Ese saldo disponible es una estimación que hicimos nosotros y estamos descontando todo el presupuesto comprometido que pudiera tener el INE al cierre del ejercicio presupuestal”.
Los funcionarios concluyeron que la disponibilidad total en sueldos y salarios sería de 719 millones de pesos, en gasto de operación de mil 384 millones de pesos y en los fideicomisos de 869 millones de pesos.
Obligación de revisar
Sobre los datos ofrecidos por los funcionarios de la SHCP y la SFP, el secretario de Gobernación expuso: “El resultado de este ejercicio conjunto que se ha presentado le daría al Instituto Nacional Electoral una disponibilidad de dos mil 972 millones” de pesos.
López Hernández aclaró que la presentación del referido plan de austeridad “no es la respuesta a alguna petición que haya hecho el Instituto Nacional Electoral” a la Secretaría de Hacienda.
Agregó: “La resolución del Tribunal Electoral obliga al Instituto Nacional Electoral a hacer una revisión presupuestal, a tomar las previsiones necesarias y en todo caso tiene la facultad de solicitar a la Secretaría de Hacienda una ampliación de recursos presupuestales para el ejercicio de revocación de mandato; y a la Secretaría de Hacienda de manera vinculativa le señala que estará obligada a dar una respuesta fundamentada de la razón de la misma”.
Reiteró que el plan expuesto “es una respetuosa sugerencia, una invitación al INE a que lo revise y en todo caso pudiese adoptar las medidas de austeridad”.
A juicio del presidente López Obrador, en el órgano electoral “hay muchos gastos superfluos, hay extravagancias, empezando por los sueldos que perciben los consejeros”, lo cual violenta la disposición constitucional de que ningún servidor público tendrá ingresos mayores a los del titular del Poder Ejecutivo federal.
Ajustes
Previo a la presentación del referido plan de austeridad el Consejo General del INE informó que “para la continuidad en la organización del proceso de revocación de mandato aprobó ajustes presupuestarios adicionales para reducir el costo del ejercicio de tres mil 830 a tres mil 306.73 millones de pesos”.
Sin embargo, expuso el Consejo General del instituto, “aún son insuficientes para realizar este ejercicio conforme a la legislación”, por lo que solicitó a la Secretaría de Hacienda mil 738.9 millones de pesos.
El presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, explicó que “el instituto está acatando la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y propone hacer un nuevo ajuste a su presupuesto para el ejercicio 2022, a fin de liberar recursos adicionales y financiar las actividades del proceso de revocación de mandato”.
Se establece, precisó, “una nueva meta de ahorro de 64.46 millones de pesos y se propone un esfuerzo por reducir el costo del ejercicio de tres mil 830 millones originalmente costeados a tres mil 306.73 millones, es decir, una reducción de 523.67 millones”.
Con estas dos acciones, “el déficit presupuestal para realizar la consulta de revocación de mandato en los términos de la ley se estaría reduciendo a mil 738 millones”. Por lo tanto, refirió, esa es la partida adicional que el INE solicitó formalmente a la SHCP.
La consejera Dania Ravel Cuevas enumeró algunos conceptos que permitirán al organismo generar ahorros para destinarlos al ejercicio de revocación de mandato: “Se propone reducir 50% de los apoyos financieros de los Consejos locales y distritales, reducir los insumos sanitarios de las casillas, eliminar el pago de viáticos a visitantes extranjeros, así como prescindir del papel seguridad en la impresión de las papeletas, además de no contratar plazas destinadas al apoyo del pautado, ni 15 plazas del proyecto de voto de los mexicanos residentes en el extranjero”.
En materia de capacitación, abundó, “se obtendrán ahorros al disminuir el periodo de contratación de los supervisores y capacitadores asistentes electorales, además de aumentar el promedio de casillas bajo su responsabilidad. También se propone reducir 20% del presupuesto de las juntas locales para el traslado de la documentación y materiales electorales a las presidencias de las mesas directivas de casilla”.
Por otro lado, al conocer la propuesta del plan de austeridad que presentó el gobierno federal, el Consejo General del INE emitió un comunicado en el que expuso: “El Instituto Nacional Electoral informa que tomará nota del documento presentado por funcionarios del gobierno federal a medios de comunicación, una vez que sea enviado a la institución”.
En el marco de su “autonomía constitucional como órgano del Estado mexicano, el INE valorará en sus términos el contenido de ese documento. Mientras tanto, continuará con sus obligaciones derivadas del mandato constitucional de organizar el eventual proceso de revocación de mandato, por pérdida de confianza, del presidente de la República”.
Asimismo, al participar en la conferencia en línea (webinar) La democracia en México, que organizó la Cámara de Diputados, el presidente del instituto descalificó el citado plan: “Este profundo desconocimiento hay que evidenciarlo. Acaban de descubrir cómo abaratar el costo del INE. Hay que desenmascarar cuando estas propuestas están formuladas sin ningún sustento técnico mínimo y alguna seriedad”.
Privilegios
Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, pidió a los consejeros del INE “aceptar la propuesta de austeridad del gobierno federal y dejar atrás sus privilegios”.
Asimismo, expuso: “Estamos ante un claro debate entre los mexicanos que queremos vivir en una auténtica democracia, una democracia participativa, y un grupo de consejeros a quienes lo que más importa es defender sus privilegios; se niegan a tener austeridad republicana, a dejar atrás todos los lujos y los excesos que han disfrutado durante tantos años”.
De esta forma, con el argumento de que no cuentan con suficientes recursos, mantienen su posición de no cumplir debidamente con el precepto constitucional —aprobado por el Congreso de la Unión— que establece su obligación de organizar la consulta sobre revocación de mandato.
Basta recordar que en diciembre pasado el INE emitió un acuerdo por medio del cual determinó aplazar el proceso de organización del ejercicio de revocación de mandato.
Al respecto argumentó: “El Consejo General del INE determinó por mayoría —seis votos a favor y cinco en contra—, como medida extraordinaria, posponer temporalmente la realización de la consulta sobre revocación de mandato del presidente de la República, ante la insuficiencia presupuestal…”
La presidencia de la Cámara de Diputados impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicho acuerdo del instituto y el máximo tribunal le dio la razón: “La Comisión de Receso de la SCJN acordó admitir a trámite la controversia constitucional 224/2021 promovida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra del acuerdo aprobado por el INE, en el que determinó posponer la realización del proceso de revocación de mandato 2021-2022”.
Con la admisión, “se determinó conceder la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que el INE se abstenga de ejecutar el acuerdo por el que pretendía posponer cualquiera de las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del presidente de la República y, en consecuencia, continúe con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de mil 503 millones de pesos, el cual constituye un indicador de viabilidad financiera”.
Los ciudadanos promotores del referido ejercicio democrático aplaudieron la resolución de la Suprema Corte, pues a su juicio la decisión del INE de posponer el proceso de Revocación de Mandato atentaba contra la democracia y los intereses ciudadanos, al mismo tiempo que exhibía la manera en la que algunos consejeros “responden a los intereses de partidos de oposición que los nombraron y que solo buscan atacar a Morena y al gobierno federal”.
De hecho, tanto Morena como los ciudadanos promotores de la revocación de mandato consideran que para la oposición es importante impedir el ejercicio porque este podría fortalecer la figura del presidente de la República y debilitarlos a ellos.
Por lo pronto, se mantiene la posición del INE en cuanto a demandar más recursos para poder llevar a cabo el referido ejercicio democrático.
Al respecto, Mario Delgado expresó: “Los consejeros del INE son incapaces de llevar a cabo un ajuste presupuestal para cumplir con su función, que es organizar los ejercicios democráticos en nuestro país”.