EL INE, AL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

El presidente del órgano electoral comparecerá ante legisladores para responder a señalamientos de derroche de recursos e invasión de facultades.

Antonio Caporal
Nacional
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Los integrantes de la Cámara de Diputados sostendrán el 5 de noviembre un encuentro con el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, a fin de hacer una “evaluación integral” de los gastos del organismo, que para 2022 se proyectan en más de 13 mil millones de pesos, cifra que a juicio de varios legisladores representa un gasto oneroso para los mexicanos.

Al mismo tiempo los senadores de Morena analizan la posibilidad de iniciar un juicio político contra los consejeros del instituto, toda vez que consideran que “invaden funciones” del Poder Legislativo al emitir lineamientos que contradicen lo establecido en la Constitución. Esto en relación con el ejercicio de revocación de mandato que se prevé para el año próximo.

En este escenario los legisladores morenistas en el Congreso de la Unión preparan la futura reforma electoral, entre cuyos principales objetivos está rediseñar el marco jurídico que regula las contiendas, así como conformar nuevas instituciones electorales.

Costo de la democracia

Días antes de que iniciaran los trabajos de la LXV Legislatura el INE dio a conocer su anteproyecto de presupuesto 2022 por un total de 13 mil 84.17 millones de pesos.

La directora ejecutiva de Administración, Ana Martínez, explicó que “el anteproyecto está compuesto por dos grandes rubros: once mil 225.46 millones de pesos que son el presupuesto base —recursos necesarios para que el instituto realice las actividades permanentes y todos los servicios personales— y mil 858.7 millones correspondientes a la cartera institucional de proyectos, que se compone por actividades que no son permanentes y dependen del contexto anual y del número de procesos electorales (locales) a realizar”.

Adicionalmente el organismo presentó un “presupuesto precautorio para atender la posibilidad de que se lleve a cabo una consulta popular y la de revocación de mandato por la eventual pérdida de confianza a la persona titular de la Presidencia de la República”.

Este se conforma de cinco mil 743.57 millones de pesos; de ellos, tres mil 830.4 millones se destinarían al ejercicio de revocación de mandato y mil 913.1 millones a la consulta popular.

Jaime Rivera, presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto del organismo, destacó que “aunque hasta ahora la revocación de mandato y la consulta popular jurídicamente son solo una posibilidad, el INE tiene que calcular su costo y sumarlo en el presupuesto; y así se hace”.

Aclaró que “si se diera el caso de que alguno o ambos ejercicios no se aprobaran, de conformidad con las normas vigentes el INE devolvería en su momento el importe correspondiente a la Tesorería de la Federación”.

Los consejeros explicaron que “en el caso de la revocación de mandato se consideran los 300 distritos de las 32 entidades federativas, un listado nominal de 92.4 millones de personas, estimado de 161 mil 490 casillas, la contratación de cinco mil 430 supervisores electorales y 32 mil 421 capacitadores asistentes electorales, así como 484 mil 470 personas para integrar las mesas directivas de casilla”.

Para el caso de la consulta popular “se prevé una Lista Nominal igual a la de revocación de mandato, la instalación de 96 mil 591 casillas, la contratación de dos mil 55 supervisoras y supervisores electorales, 16 mil 226 capacitadores asistentes electorales, así como 289 mil 773 funcionarios de mesa directiva de casilla”.

Cabe señalar que a los más de 13 mil millones que requiere el instituto para su operación y a los más de cinco mil 740 millones para la revocación y la consulta, hay que sumar otros cinco mil 821 millones de pesos destinados a las prerrogativas de los partidos.

Instituto obeso

La suma de todos los rubros, es decir, presupuesto base del organismo, recursos para la consulta y la revocación y prerrogativas de los partidos, podría ascender en 2022 a casi 25 mil millones de pesos. Esta cifra provocó el reproche de buena parte de los legisladores federales.

Así, en la Cámara de Diputados, donde se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación, los coordinadores parlamentarios acordaron citar al presidente del INE para evaluar la solicitud de recursos.

Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó: “Acordamos citar a comparecer al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, ante el pleno de la Cámara de Diputados con motivo de temas presupuestales, pero también para responder las preguntas que le formulen los legisladores”.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, consideró como “un hecho sin precedentes en la Cámara de Diputados que se haya aprobado por mayoría la comparecencia del presidente del INE”.

Manifestó el morenista que “esta comparecencia servirá para hacer una evaluación integral sobre el cumplimiento de los principios que le confiere la ley al INE como único responsable de organizar los procesos electorales en México”.

Asimismo, dijo el diputado Mier, “queremos saber, y se lo vamos a preguntar durante la comparecencia al presidente del INE, si han extralimitado o no sus atribuciones, además de que explique el presupuesto que han ejercido, así como los altos salarios de algunos consejeros, la estructura que tiene este órgano electoral y la duplicidad que tienen con los organismos públicos locales electorales”.

Para el coordinador de Morena “el INE ha asumido funciones metaconstitucionales y pasó de ser un órgano administrativo para convertirse en un órgano legislativo, fiscalizador, miope, tribunal inquisidor. En un auténtico templo de ególatras y vanidosos”.

Finalmente, comentó que “esta comparecencia tiene que darse específicamente previo al análisis y aprobación del PEF 2022, ya que de acuerdo a lo que se informe se deberán tomar decisiones importantes en cuanto al manejo de los recursos públicos en el INE”.

Nueva reforma

El diputado Ignacio Mier también señaló que en la comparecencia del presidente del INE “es necesario revisar si este órgano ha actuado bajo los principios de legalidad, imparcialidad, certeza, equidad y máxima publicidad en los procesos electorales”.

Recalcó que “en el INE existe una miopía que requiere una cirugía mayor, ya que de continuar operando así el máximo órgano electoral, estaría en riesgo el avance democrático en México, porque lamentablemente este instituto se convirtió en un ente burocrático partidizado, obeso y costosísimo”.

La diputada Lilia Aguilar Gil, del PT, señaló que “la comparecencia del presidente del INE ante el pleno de la Cámara de Diputados abrirá un debate interesante sobre el funcionamiento del sistema electoral del país y su modernización”.

Afirmó la legisladora que el modelo electoral “que en 2000 fue muy funcional ahora ya está superado”.

La diputada Selene Ávila, de Morena, sostuvo que su bancada promoverá una reforma integral al sistema electoral del país con el fin de abaratar la democracia y los comicios.

“Una reforma al sistema electoral tiene muchas implicaciones, puesto que no se trata de un asunto solo de personas sino también de instituciones, como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”, puntualizó.

Además, apuntó que “el problema del país es que cuenta con una democracia cifrada en la desconfianza, por lo que todos los candados que se le ponen la encarecen demasiado”.

La diputada Ávila resaltó en este sentido que “otras democracias no tienen un andamiaje tan amplio como el de México, por lo que no es tan cara en algunos países”.

El diputado morenista Navor Alberto Rojas expresó que “se debe plantear un esquema que dé certeza a las instituciones para que sean más imparciales y sin cuotas partidarias”.

Asimismo, la diputada Graciela Sánchez, también de Morena, consideró de “suma importancia la participación activa y constante de la ciudadanía en la toma de decisiones”.

El sistema electoral, agregó, debe garantizar “un ejercicio libre de los derechos políticos de la ciudadanía”.

Tecnología moderna

Además de que Lorenzo Córdova debe justificar el desproporcionado gasto del organismo, a decir de los legisladores, también tendrá que responder por lo que los senadores de Morena consideran una “invasión a las facultades del Poder Legislativo” por parte del INE.

El 30 de septiembre el INE informó que “modificó los lineamientos para la organización de la revocación de mandato con el fin de garantizar su armonización con la Ley Federal de Revocación de Mandato, que entró en vigor el 14 de septiembre de 2021”.

Durante su sesión de esa fecha el Consejo General del instituto “validó los cambios a los lineamientos, así como a los formatos tanto para solicitar como para recabar las firmas (apoyos) ciudadanas para la revocación de mandato”.

El consejero presidente explicó que algunos de los cambios tenían que ver con la forma de recabar los apoyos ciudadanos para solicitar la realización de dicho ejercicio.

Fundamentalmente el Consejo General del instituto acordó que las firmas se deben recabar a través de una “aplicación” y no así a través de formatos físicos en papel: “La App móvil garantiza la autenticidad del apoyo ciudadano a la revocación de mandato”.

El consejero Roberto Ruiz expresó que “no es posible, ni deseable y no se debe ampliar la utilización de formatos físicos para recabar los apoyos de la ciudadanía que solicite la revocación, ya que sería imposible en tiempo y capacidad operativa su revisión”.

Aseveró que de acuerdo con datos del INEGI de 2019 en México hay 86.5 millones de celulares, de los cuales nueve de cada diez son inteligentes y viables para recabar apoyos, por lo que no se deben disminuir las garantías de certeza sobre la autenticidad de dichos apoyos, lo cual prevé ya el modelo con base en tecnología”.

El consejero Ciro Murayama respaldó el uso de una aplicación móvil al recordar que “el uso del papel se ha prestado a la trampa, al fraude y a suplantar nombres de ciudadanos para entregar apoyos apócrifos, como se evidenció ya en 2015, 2018 y 2019 para mecanismos de consulta popular y solicitud de candidaturas independientes”.

Por lo tanto, indicó, “la aplicación móvil se coloca como la vía óptima porque al solicitar la credencial y la presencia del ciudadano se evita la falsificación; además de que en aquellos lugares donde no exista cobertura se podrá hacer uso del papel para garantizar el derecho”.

Invasión de facultades

El 5 de octubre el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que su partido impugnó ante el TEPJF los lineamientos que emitió el INE para la consulta de revocación de mandato.

Lo anterior, aseveró, “dado que el INE busca sabotear la participación de la gente al establecer que solamente se podrán recabar firmas para solicitar dicho procedimiento de forma digital y excepcionalmente de manera física en 204 municipios, aun cuando la ley establece que se pueden recolectar tanto de manera impresa como a través de herramientas tecnológicas”.

Aseguró el dirigente morenista que además el INE estableció “un plazo menor al dispuesto por la ley para la recopilación y entrega de firmas, excediéndose una vez más en sus facultades. No dejaremos que los caprichos del instituto limiten los derechos de la gente a organizarse y expresarse”.

El 12 de octubre el pleno del Senado aprobó un acuerdo en el que indica que “el espíritu del Congreso fue establecer que las personas solicitantes del proceso de revocación de mandato tengan la facultad de elegir libremente el método de recolección de firmas ciudadanas que deseen”.

Dicho acuerdo especifica que “los ciudadanos pueden recabar y entregar de manera válida los formatos impresos y los medios electrónicos de recolección de apoyo ciudadano en todos los municipios del país”.

El punto de acuerdo del Senado fue hecho del conocimiento del INE.

Al mismo tiempo, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta, Ricardo Monreal, hizo énfasis en señalar que “el Senado y la Cámara de Diputados constituyen el poder constructor y reformador de leyes, por lo que su papel no puede ser sustituido”.

Lo que intenta este acuerdo, afirmó, “es llamar la atención del Instituto Nacional Electoral para que no intente sustituir al Poder Legislativo y aplique estrictamente la norma creada al caso concreto, ya que no puede sobrepasar los límites del legislador”.

Añadió: “Espero que con este punto de acuerdo el INE pueda aceptar que no puede extralimitarse en sus funciones. Es facultad del Legislativo que no puede ser suplantada por ningún otro poder”.

Monreal advirtió: “Vaya que estamos conscientes de que el acuerdo no tiene la fuerza jurídica de la ley; no lo hacemos por ingenuidad; lo hacemos por un propósito político de armonía, pero también podemos hacer lo otro. Esperamos que no haya necesidad”.

En posteriores sesiones el Consejo General del INE confirmó que se mantendría la disposición de que los apoyos ciudadanos solo podrían recabarse a través de la aplicación móvil, salvo las excepciones ya comentadas en 204 municipios del país.

Los senadores de Morena advirtieron que si el INE insiste en invadir las facultades del Legislativo y trata de imponer condiciones en el mecanismo de revocación de mandato, valorarán “citar a comparecer al titular de ese instituto e incluso promover un juicio político en su contra”.

La senadora Lucy Meza aseveró que los consejeros del instituto “minimizan” al Senado: “Consideran que es solamente un acuerdo de la Junta Política y de Gobierno, cuando en realidad fue un dictamen aprobado por el pleno legislativo”.

El senador César Cravioto manifestó: “Estamos valorando solicitar la comparecencia del presidente del INE, Lorenzo Córdova, para que venga aquí a explicar por qué son unos violentadores de la ley y si fuera necesario hasta podríamos valorar que se iniciara un juicio político contra ellos. Porque miren la desfachatez: Lorenzo Córdova dice que no hay dinero y que no tienen recursos materiales ni humanos para poder contar las firmas de papel, pero tienen 13 mil millones de pesos y dicen que no hay dinero”.

La postura de los consejeros del INE no se modificó, así que el 25 octubre las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron “el dictamen al decreto por el que se establece la interpretación auténtica de los artículos 11 y 12 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 2021”.

En el documento aprobado por las comisiones citadas “se determina que el propósito del contenido de dichos artículos fue establecer que las personas solicitantes del proceso de revocación de mandato tengan la facultad de elegir libremente el método de recolección de firmas ciudadanas que deseen”.

Cravioto llamó a los legisladores “a no permitir que una instancia que no hace leyes en el país pueda modificar a su antojo un ordenamiento”.

Gasto del INE 2021

Capítulo

Recursos asignados

Conceptos

1000 Servicios personales

$11,710,611,771.00

Remuneraciones al personal, remuneraciones adicionales y especiales, prestaciones sociales y económicas, pago de estímulos.
2000 Materiales y suministros

$1,127,444,810.00

Materiales de administración, alimentos y utensilios, artículos de construcción y de reparación, productos farmacéuticos y de laboratorio, combustibles y aditivos, vestuario y artículos deportivos, herramientas y refacciones.
3000 Servicios generales

$5,534,373,072.00

Servicios de arrendamiento, servicios científicos y técnicos, servicios financieros, servicios de instalación y reparación, servicios de comunicación social y publicidad, servicios de traslado y viáticos.
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

$447,707,073.00

Mobiliario y equipo de administración, equipo educacional y recreativo, instrumental médico y de laboratorio, maquinaria y herramientas.

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, Análisis Funcional Programático.

Nota: No se incluye el capítulo 4000 porque corresponde a prerrogativas de los partidos y estas no son parte del gasto del INE.