Tendrán que realizar tareas de seguridad pública con su organización y sus medios, pero deberán capacitarse en materia de policía civil, sin que ello signifique sustituir a autoridades civiles ni eximirlas de responsabilidades.
El pasado jueves 13 el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los diputados federales porque luego de más de ocho horas de debates, en la madrugada de ese mismo día la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para que el Ejecutivo federal disponga de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada hasta 2028.
El dictamen que modifica el artículo quinto transitorio del decreto constitucional de 2019 en materia de Guardia Nacional (GN) recibió en la cámara baja un total de 399 votos a favor, 155 en contra y dos abstenciones.
“Aprovecho para agradecer a los legisladores porque ya se logró que la Guardia Nacional (GN) sea apoyada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar); que continúe siendo apoyada y que se fortalezca”, señaló el presidente unas cuantas horas después de culminar el proceso legislativo.
López Obrador insistió en señalar que la reforma fortalece a la GN y no significa militarizar al país.
“No es militarizar. Que no quieran autoritarios ahora pasar como defensores de derechos humanos. Utilizaron (a los militares) para reprimir, sin fundamento constitucional; de manera ilegal usaban al Ejército, a la Marina, para labores de seguridad y sin respeto a los derechos humanos”, aseguró el presidente.
Puntualizó: “El que la GN sea una rama de la Sedena es para que no se desvíe, que sea profesional siempre, que cuente con todo el apoyo de la Defensa, de Marina; que se fortalezca más la misión de no violar los derechos humanos. Que sea una institución de seguridad social, la principal institución de seguridad pública de México”.
El jefe del Ejecutivo federal se manifestó “muy contento con lo que hemos hecho. Cuando se habla de las transformaciones, las tres grandes transformaciones han llevado a tres Constituciones federales: después de la Independencia fue la Constitución de 1824; después del movimiento de Reforma fue la Constitución de 1857, y después de la Revolución, la Constitución de 1917”.
Más adelante puntualizó que ahora se logra el fortalecimiento de la GN y “que la Sedena y la Semar puedan participar en tareas de seguridad pública”.
Consolidación
De visita en Washington, el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, participó el mismo jueves 13 en el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad entre México y Estados Unidos, en el que se evaluaron los avances y pendientes en el primer año de implementación del Entendimiento Bicentenario.
Cabe recordar que para el titular de la Sedena “representa una gran satisfacción constatar la importante contribución que el Ejército y la Fuerza Aérea han hecho a la GN conformando un cuerpo homogéneo profesional y preparado en materia de seguridad pública”.
Para el general secretario “este notable esfuerzo se ve reflejado en la consolidación de esta fuerza de seguridad pública”.
Además, ha señalado que “nuestro proceder es y será siempre apegado al marco jurídico vigente, sin aspiraciones ni pretensiones de ninguna índole, sino únicamente el alto privilegio y la gran satisfacción que tiene todo soldado de servir con honor y lealtad a la patria en cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en el decreto que entró en vigor el 10 de septiembre de 2022”.
Sandoval se refirió así al decretó que publicó el 9 de septiembre el Diario Oficial de la Federación respecto de los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en los que se estipuló que la Sedena podrá “manejar el activo del Ejército y la Fuerza Aérea, y ejercer el control operativo y administrativo de la GN conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que defina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”. Además, anuncia la homologación de grados entre la GN y el Ejército, donde se respetarán antigüedad, derechos y beneficios adquiridos.
En este sentido, cabe recordar que de acuerdo con el comandante de la GN, general Luis Rodríguez Bucio, la corporación ya cuenta con 241 cuarteles en las 32 entidades federativas, distribuidos en 266 coordinaciones regionales.
Además, según Rodríguez Bucio la GN cuenta con alrededor de 118 mil integrantes, de los que más de 105 mil pertenecen a la fuerza operativa y para finales de este año se espera llegar a un total de 128 mil elementos.
Legalidad y control
Al presentar el dictamen a discusión en el pleno, el diputado morenista Juan Ramiro Robledo Ruiz abrió el debate pidiendo el voto a favor “para que siga el curso constitucional de esta materia tan importante para el país, para la salud de nuestra República”.
Las modificaciones adscritas incluyen que la participación de las Fuerzas Armadas sea extraordinaria, es decir, cuando exista la absoluta necesidad de la misma; que sea temporal y solicitada de manera justificada por la autoridad civil; que sea regulada, de modo que se apegue de manera estricta al orden jurídico previsto en la Constitución y en los tratados internacionales; y que sea fiscalizada, lo que significa que será constantemente revisada y supervisada a través de la rendición de cuentas para comprobar su funcionamiento institucional.
Se agregó también que dicha participación sea subordinada y complementaria, es decir, que las labores, que deben estar bien fundamentadas y motivadas, se realicen solamente a manera de auxilio o complemento.
Asimismo, las Fuerzas Armadas tendrán que realizar tareas de seguridad pública con su organización y sus medios, pero deberán capacitarse en materia de policía civil, según la doctrina establecida en el artículo 21 de la Constitución. Ahora bien, destaca el dictamen, dicha capacitación no significa una sustitución de las autoridades civiles de los demás órdenes gobierno, ni mucho menos exime a dichas autoridades de sus responsabilidades.
También se obliga al Ejecutivo federal a presentar cada seis meses al Congreso de la Unión un informe con indicadores cuantificables y verificables de los resultados de la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública durante el periodo semestral. Además, ese reporte debe corroborar que durante las acciones efectuadas se hayan respetado de manera cabal los derechos humanos y los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Para el análisis de dichos informes se creará una Comisión Bicameral según acuerden los órganos de dirección política de las cámaras de Senadores y Diputados. Dicha comisión habrá de reunirse según lo solicite su directiva y para la emisión del dictamen semestral deberá convocar a los titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Marina (Semar) y Defensa Nacional (Sedena).
El dictamen emitido por la comisión deberá evaluar el cumplimiento de las condiciones antes señaladas para la participación de las Fuerzas Armadas permanentes en labores de seguridad pública. También deberá indicar en cuáles entidades federativas su presencia ya no se requiere para dichas actividades e incluir recomendaciones que contribuyan al cumplimiento del plazo establecido.
Después se remitirá a las cámaras del Congreso para su discusión y aprobación.
Finalmente, se enviará al Ejecutivo federal quien informará la atención que brinde a las recomendaciones que le hayan hecho.
Los gobernadores deberán remitir a su vez anualmente, a las legislaturas locales y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, una evaluación integral con una perspectiva de seis años, con el objetivo de hacer los cambios y adecuaciones necesarios a los programas y capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos de policías estatales y municipales. Los resultados de esas evaluaciones serán la base para los ajustes del referido programa y su calendario de ejecución por los órganos competentes.
Finalmente, se agregó que el Ejecutivo federal deberá crear un fondo permanente de apoyo a estados y municipios para fortalecer sus instituciones de seguridad pública. De igual modo, cada entidad federativa instituirá un fondo de apoyo para las instituciones de seguridad pública de sus municipios, dando prioridad a aquellos con menos habitantes y mayor índice de marginalidad.
El fondo federal deberá ser distinto respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Tampoco podrá ser inferior al incremento que reciban las Fuerzas Armadas permanentes y la GN para tareas de seguridad pública cada año, ni podrán usarse esos recursos para otro fin.
El presupuesto se distribuirá en proporción directa al número de habitantes de cada estado. Además, los recursos que se asignen por entidad federativa deberán ser al menos en una proporción uno a uno respecto de los recursos federales a que se refiere este mismo artículo transitorio.
Por razones de seguridad nacional ninguno de los anteriores fondos estará exento de transparencia ni fiscalización y deberán usarse conforme al artículo 134 constitucional.
Paz y seguridad: Morena
El miércoles 12 la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó con 28 votos a favor y diez en contra el dictamen que una semana antes envió a la cámara baja el Senado sobre la reforma, por lo que ese mismo día pasó al pleno para una serie de posicionamientos y discusiones que se prolongaron hasta altas horas de la madrugada.
Durante la fundamentación del dictamen Robledo Ruiz, quien preside la citada comisión, señaló que “la materia de la votación y la discusión no es si las Fuerzas Armadas tienen permiso y pueden intervenir en tareas de la seguridad pública: lo que es materia del dictamen y por ello de esta discusión es lo que agregó la cámara revisora y nos reenvió; discutir la pertinencia de la presencia de las Fuerzas Armadas no es el caso y sí sus modalidades, sí sus condiciones, sí sus limitaciones. De eso se trata ahora”.
La diputada Lidia García Anaya, también de Morena, coincidió en la necesidad de que el desempeño de las Fuerzas Armadas se ajuste a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con los estándares de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), para garantizar que la participación de militares en tareas de seguridad sea de manera extraordinaria, excepcional, temporal y restringida.
Su compañero de bancada, el diputado Juan Isaías Bertín, consideró increíble que haya voces que se opongan a que los militares coadyuven con las policías locales para reducir la violencia en el país, cuando los resultados de la estrategia muestran que “estamos avanzando en la pacificación del país” y citó como ejemplo que se ha detenido la comisión de delitos de alto impacto, como el homicidio.
A su vez, la diputada morenista Juanita Guerra Mena indicó que la principal demanda de la población es combatir la inseguridad y la violencia. “La respuesta del Poder Legislativo debe ser contundente, con altura de miras y con una visión de Estado que exige contar con corporaciones capaces, combatir de forma certera a los grupos criminales, reducir y erradicar la violencia que amenaza todos los días al pueblo de México. Por eso fortalecemos a las Fuerzas Armadas dotándoles de legalidad y certeza en su actuar”.
Aliados: consideraciones
En su turno, el diputado priista Miguel Sámano Peralta resaltó que “es una minuta que no busca militarizar al país; mucho menos es un cheque en blanco, porque se incorporan mecanismos de evaluación, seguimiento y control parlamentario; se fortalece a las instituciones de seguridad pública a nivel local; se busca no dejar solas a las autoridades locales ante el problema de la inseguridad, ni dejar a las familias mexicanas a merced de la delincuencia y la violencia”.
Por el PVEM, el diputado Gabriel Escobedo Muñoz consideró que “el desarrollo de las capacidades técnicas y operativas de la GN, así como el adiestramiento y formación de sus elementos, avanza y resulta innegable; pero hoy no tenemos las condiciones para dejar a esa institución sin el auxilio de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia”.
El diputado Pedro Vázquez González, del PT, afirmó que “lo que hoy se aprueba no es la prórroga de cinco a nueve años, lo que se discute son adiciones del Senado, como es la Comisión Bicameral y el fondo permanente para mejorar las policías civiles en los municipios y en las entidades federativas; se enriquece el actuar de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, sin violentar el marco constitucional”.
Oposición
Las principales bancadas que se opusieron fueron las del PAN, MC y PRD (de esta última bancada votaron a favor los diputados María Macarena Chávez, Francisco Javier Huacus y Mauricio Prieto).
En su intervención, el perredista Jesús Alberto Velázquez resaltó que no se tiene una idea clara de cómo sacar al país de la ola de violencia. “En el PRD manifestamos nuestro rechazo de manera categórica a continuar por la misma ruta y rechazamos prolongar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, toda vez que esta no ha dado resultados”.
Por su lado, el panista José Antonio García señaló que hoy más que nunca no hay peor problema que le duela y sufra el país como la grave crisis de inseguridad que se atraviesa. Pero en lugar de apostar por una policía civil capacitada y profesionalizada y luchar por el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, se apuesta por empoderar a las Fuerzas Armadas violando tajantemente la Constitución”.
La diputada Margarita Zavala, también del PAN, afirmó que el dictamen está lleno de contradicciones, incumple la Constitución, tiene definiciones parciales y confusas, así como falsos debates.
“La responsabilidad de la delincuencia federal es del Gobierno federal y no de los gobiernos locales. No estamos contra el Ejército, lo defendemos. El dictamen es la confesión del gobierno de que fracasó en seguridad”, aseveró.
La diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, de MC, refrendó el compromiso de su grupo parlamentario con la ciudadanía para no “militarizar” la seguridad pública ni al país. “Nos pronunciamos en contra del dictamen, el cual resulta contrario a los intereses de los ciudadanos y de la pacificación. No aceptaremos que la Constitución se reforme para obedecer caprichos y ocurrencias”.
El panista Mario Gerardo Riestra consideró que la reforma “es la confirmación de que este gobierno ha fracasado; casi 140 mil homicidios dolosos, 40 mil desaparecidos, once feminicidios diarios, cifras máximas históricas en extorsiones, 38 periodistas asesinados, ocho de las diez ciudades más violentas del mundo son mexicanas… Y lo peor es que esta reforma no corrige ninguno de esos errores”.
Sergio Barrera Sepúlveda, de MC, dijo que en su bancada están a favor de las Fuerzas Armadas y del lado del Ejército. “Sabemos del valor y la importancia que han tenido en la historia del país y apoyamos las labores de los mexicanos que forman parte de la GN, mujeres y hombres comprometidos con la patria. La militarización de la seguridad pública no es la respuesta, nos aleja de ella. La estrategia ha probado su ineficiencia”.
Finalmente, el diputado perredista Luis Espinosa Cházaro alertó sobre una hiperconcentración de funciones en las Fuerzas Armadas, “asignándoles la administración de aduanas, la construcción de obras civiles, la operación de aeropuertos, la posibilidad de tener una aerolínea a su cargo…”
Último tramo
El proyecto de decreto se remitió a los Congresos locales para su discusión y aprobación.
Para entrar en vigor requiere del visto bueno de al menos 17 Congresos locales y al cierre de esta edición ya llevaba uno: Oaxaca se convirtió en el primer estado que aprobó la reforma. Y se prevé que en la CDMX la minuta se debata en el pleno el martes 18.
En este sentido, en su conferencia del jueves 13, el presidente López Obrador aseveró que “lo de la Guardia es muy importante. Ojalá los Congresos locales nos ayuden, porque ya se aprobó en el Senado, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, pero falta que se apruebe en los Congresos locales. Con la mitad más uno ya es reforma constitucional”.
Y precisó: “Esto ayudará muchísimo para que no termine la GN como acabó la Policía Federal, que se pudrió y se corrompió y de ahí salieron gentes que ahora incluso están en la cárcel, porque se asociaron con la delincuencia organizada. Entonces, esto es un avance”.
Votación del 12 de octubre
Morena PAN PRI PVEM PT MC PRD
A favor 199 0 64 41 32 0 3
En contra 3 113 2 0 0 25 12
Abstenciones 1 0 1 0 0 0 0
Guardia Nacional
La Guardia Nacional trabaja de manera conjunta con las Fuerzas Armadas en las tareas de brindar mayor seguridad a los mexicanos.
En la actualidad la corporación cuenta con 113 mil 833 efectivos, de los que 73 mil 805 es personal asignado de la Sedena.
Más de 16 mil 790 son de la Semar y 23 mil 236 de la extinta Policía Federal.
En 2024 alcanzará un estado de fuerza de 140 mil elementos desplegados en 266 coordinaciones regionales.
Solidaridad social
Las Fuerzas Armadas del país se han distinguido a lo largo de 109 años por su inquebrantable lealtad e institucionalidad, así como su solidaridad en casos de desastres naturales, tareas de seguridad y en los dos últimos años en labores de apoyo para hacer frente a la pandemia.
Han participado en las campañas de vacunación, en la vigilancia y traslado de insumos médicos para la atención de pacientes con coronavirus, además de disponer de hospitales militares para contar con una mayor oferta de camas.
A través del Plan DN-III-E se establecen los lineamientos generales para realizar actividades de auxilio a la población afectada por desastres de origen natural o humano en todo el territorio nacional.