Uno de los factores que más corroe la interacción pública y privada al interior de diversos gobiernos en el continente es la corrupción, un fenómeno multifactorial que afecta de manera directa a las democracias latinoamericanas y sus millones de ciudadanos, quienes sufren las consecuencias de estos actos ilícitos en sus vidas cotidianas.
Así lo reconocieron expertos en la materia que abordaron de manera estratégica la problemática durante el encuentro Lucha anticorrupción: nuevos enfoques para tiempos inciertos, donde mostraron cómo varían las formas de corrupción, pero explicaron que todas afectan de manera directa la convivencia social.
Los especialistas expusieron que los sobornos, el tráfico de influencias, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación en el ámbito electoral, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad y el despotismo facilitan a menudo otro tipo de hechos criminales como narcotráfico, lavado de dinero, prostitución ilegal, trata de personas y tráfico ilícito de seres humanos.
Asimismo, reconocieron que en la parte administrativa la corrupción afecta a diversos ámbitos como el medio ambiente, grupos en situación de vulnerabilidad, la democracia, el sistema de justicia, procesos electorales y un rubro primordial para el desarrollo de las sociedades: la creación de negocios.
En este cónclave de expertos también se ofrecieron soluciones integrales en las que se involucren los sectores público, privado y sociedad civil a través del uso de nuevas tecnologías y de las ciencias conductuales, con la finalidad de frenar la violación del Estado de Derecho y salvaguardar los derechos humanos de miles de personas.
Desterrarla
De manera reciente, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el pueblo de México votó por el movimiento de la Cuarta Transformación para acabar con la corrupción y la impunidad, tarea con la que se ha comprometido.
“He sido muy claro: el pueblo nos eligió para acabar con la corrupción, con la impunidad, para que no haya amiguismo, influyentismo y nepotismo. Ninguna de esas lacras de la política. Hemos actuado con honestidad y lo vamos a seguir haciendo”, dijo.
Detalló que el país cuenta con fondos para desarrollo social debido al combate a esta práctica ilícita. “Estamos combatiendo la corrupción de arriba hacia abajo y siento que hemos avanzado mucho, pero todavía falta seguir limpiando”, explicó el mandatario.
López Obrador criticó a los servidores públicos que ejercieron en sexenios pasados y argumentó que los funcionarios únicamente buscaban sacar provecho personal, sin beneficiar a los ciudadanos.
Reiteró que en su gobierno no hay impunidad para nadie, sin importar el cargo político. “Ya se acabó la robadera, tienen que aprender a dejar de robar, ya no es lo mismo y aplica para todos: presidentes municipales, gobernadores, presidente de la República, todos los servidores públicos y traficantes de influencia”, expresó.
Problemática social
Para los versados en la materia la corrupción toma muchas vertientes y todas influyen en la interacción social de miles de personas.
Katherine Ellena, del Center for Anti-Corruption and Democratic Trust, planteó durante este encuentro cómo afecta la corrupción a los procesos electorales en el mundo y las amenazas que representa la corrupción para la salud de las democracias.
Dijo que la corrupción prospera en diversos países democráticos. “Paradójicamente, este fenómeno que corroe el andamiaje institucional de los países debilita al Estado de Derecho y genera desconfianza en la población”, afirmó.
Entre los riesgos que amenazan a las democracias en materia de corrupción, señaló la indiferencia social alimentada por la falta de confianza en las instituciones y el desencanto en el sistema, principalmente entre los jóvenes. “Las democracias comienzan a funcionar cuando estamos dispuestos a hacer que las figuras electas rindan cuentas. Pero cuando hay indiferencia esto es muy difícil y la democracia se abre a la absorción de distintas formas de corrupción política”, dijo Ellena.
Alertó sobre el fenómeno global en curso denominado “desmocratización”, el cual consiste en que las instituciones son erosionadas de manera deliberada. “Cuando hay un proceso deliberado para socavar a las instituciones, para quitar los contrapesos y los puntos de chequeo, la corrupción tiene oportunidad de prosperar”, indicó.
Explicó que cuando se habla de política, la desmocratización puede derivar en financiamientos y gastos opacos, lo que corrompe una democracia, mina las instituciones y al sistema, al tiempo que se corre el riesgo de que recursos de grupos criminales puedan influenciar en procesos electorales.
Estado de Derecho
Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción del Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, explicó que hay indicadores que muestran que en México no se garantiza el cumplimiento de la ley.
La señal más importante es la impunidad. “Es muy poco probable que un delito se castigue en México. Desde las cosas más simples, como pasar un alto, hasta otras más complejas como el desvío de millones de pesos, que no reciben ninguna sanción”, aseveró.
¿Cuál es el problema?, se preguntó Toledo, para responder: “Que en un país sin Estado de Derecho se desencadena un círculo vicioso en el que no pasa nada si una persona decide cometer un acto ilegal. Entonces las leyes no sirven para lo que se crearon. Las personas siempre toman una decisión en función de lo que ganan y de lo que pierden. Si hay impunidad y me paso un alto, gano llegar temprano al trabajo y no pierdo nada. Si decido desviar un recurso público o beneficiar a alguna empresa en una licitación, accedo a ciertos beneficios y no pierdo nada, ni siquiera la reputación”, explicó.
Toledo consideró que urge tomar acciones para garantizar el Estado de Derecho para que la gente crea en el sistema de justicia y denuncie más, “porque así sabría que sí hay sanciones y se equilibraría la balanza”.
Mencionó que si se logra que cada vez entren más delitos al sistema de justicia y que haya una sanción, “la ciudadanía recobrará la confianza en nuestro sistema de justicia”.
Soledad García, relatora especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que se requiere mejorar los sistemas de transparencia y los mecanismos anticorrupción.
“La corrupción es un complejo fenómeno que afecta el goce y ejercicio de los derechos humanos, que debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, que fomenta la impunidad y exacerba la desigualdad”, manifestó.
García insistió en señalar la necesidad de evaluaciones, seguimientos y políticas que pongan en el centro los derechos humanos e incluso planteó considerar mecanismos tributarios para combatir la corrupción desde el lado gubernamental, ya que igualmente amplía la desigualdad y la discriminación.
Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores y expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE, ahora Instituto Nacional Electoral), afirmó que el financiamiento de las campañas electorales es uno de los principales problemas de corrupción en las democracias. “México la sufre de manera muy aguda desde hace 15 o 20 años”, afirmó.
Y ejemplificó: “Esto es un problema, porque quienes dan dinero buscan acceso. Una vez que gana la persona, todos los que aportaron dinero se van a cobrar y eso simplemente reproduce el ciclo corruptor”, afirmó Ugalde.
Liliana Alvarado, directora general de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, dijo que en varios países de América Latina el combate a la corrupción es uno de los temas con mayor peso en las plataformas políticas de los candidatos a diversos cargos populares.
“En la región la gente percibe a la corrupción como uno de los principales problemas a resolver, por lo que la esperanza de ponerle un freno y lograr un cambio es atractiva. En realidad la mayoría del área sigue sufriendo este flagelo y en algunos casos las cosas han empeorado”, sentenció.
Reveló que existe desilusión de la ciudadanía en torno de las promesas incumplidas y se suele diluir la legitimidad de los discursos y acciones de la clase política. “Hay una pérdida de confianza en los procesos e instituciones, puesto que se percibe que los corruptos continúan beneficiándose de sus actos ilegales”, concluyó Alvarado.
RECUADROS
Actos
Durante 2021 las experiencias de corrupción de las personas y las empresas fueron más frecuentes cuando se tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública o de justicia, ya sea para denunciar la ocurrencia de un delito, faltas a la moral o administrativas, por infracciones o detenciones por riñas: 59 de cada 100 personas adultas que tuvieron contacto con estos servidores públicos fueron víctimas de la corrupción, mientras que en las empresas la victimización fue de 35 de cada 100 unidades económicas.
Fuente: INEGI
Costos
En cuanto a los costos, la población en México pagó por causa de la corrupción doce mil 769.7 millones de pesos en 2021, es decir, 64.1% más que en 2020. En términos per cápita cada persona víctima de corrupción erogó tres mil 822 pesos en promedio. Por el contrario, entre 2016 y 2020 se observó una disminución de casi 50% en el monto promedio que las empresas erogaron por actos de corrupción.
Fuente: INEGI
Índice global
En la edición 2021 del Índice de percepción de la corrupción México mantuvo una calificación de 31 puntos, la misma que en 2020, en una escala que va de cero a 100, donde 100 sería la mejor calificación posible. Con esa calificación México se ubica en la posición 124 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional.