La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) es noticia actual y no precisamente por alguna resolución que favorezca la libre competencia, debido al combate a monopolios o a causa de alguna decisión en beneficio de la sociedad, no: el organismo es noticia porque sus funcionarios obtuvieron un amparo que les permite ganar más que el presidente de la República.
No importa si hoy millones de trabajadores y sus familias carecen de ingresos para sostenerse; no importa la emergencia sanitaria causada por la pandemia, y menos importa que los sueldos de los comisionados —de alrededor de 160 mil pesos mensuales, más prestaciones— sean cubiertos con dinero del pueblo.
Los funcionarios de la comisión que encabeza Alejandra Palacios vuelven a ser sujetos de crítica por parte de diversos actores políticos: los reproches a su actuación no son nuevos.
Algunas veces sus resoluciones han terminado por ser corregidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o integrantes del Senado; otras, en cambio, han sido criticadas por diversos actores económicos.
Ingresos
Recientemente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo a varios de los funcionarios de la Cofece para que sigan percibiendo un ingreso superior al del presidente de la República. Veamos a los beneficiados.
El martes 18 de febrero de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “acuerdo por el que se emite el Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos y por el que se aprueba la estructura ocupacional de la Comisión Federal de Competencia Económica”.
En este acuerdo se da cuenta de que Alejandra Palacios, la comisionada presidenta, percibe un “sueldo mensual” de 35 mil 420 pesos, a lo que se le suman 125 mil 555 pesos (mensuales) de “compensación garantizada”.
A los más de 160 mil pesos mensuales se agregan otras prestaciones como “prima vacacional”, “aguinaldo”, “aportaciones al seguro de cesantía”, “ahorro solidario” y “asignaciones adicionales al sueldo”, entre otras, para dar un “total anual” de dos millones 409 mil 463 pesos.
Además están presupuestadas seis plazas con el cargo de “comisionados” de la Cofece y cada uno de ellos percibe mensualmente más de 160 mil pesos, producto de su “sueldo base”, más su “compensación garantizada”. Esta media docena de servidores públicos también recibe otras prestaciones que sumadas a sus percepciones mensuales superan los dos millones 400 mil pesos al año.
También existen en la estructura ocupacional de la Cofece, según lo reportado en el referido acuerdo, tres jefes de unidad, 13 directores generales y 45 directores ejecutivos con percepciones entre 102 mil y 144 mil pesos al mes; además de un grupo de 107 coordinadores generales con percepciones mensuales que van de los 60 mil a los 100 mil pesos al mes.
Estas percepciones explican por qué los funcionarios de la Cofece presentaron desde 2019 una serie de amparos ante la SCJN en demanda de que no les fueran reducidos sus sueldos conforme a lo establecido en la Ley Federal de Austeridad Republicana.
En una primera instancia les fue negado el amparo y los funcionarios del organismo impugnaron la resolución.
Por fin el pasado miércoles 27 de mayo lograron que la Primera Sala de la SCJN resolviera que se pueden restaurar los salarios que percibieron en 2019, sin sujetarse al tope establecido para el titular del Ejecutivo federal.
Luego de lo resuelto por la Primera Sala el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, expresó: “No me gustó la decisión que tomaron en la Suprema Corte de conceder a un organismo autónomo el que sus funcionarios puedan ganar más que el presidente de la República”.
De manera particular el primer mandatario reflexionó sobre el hecho de que mientras hay gente que actualmente no percibe un sueldo, hay servidores públicos que “abusan” con sus altos salarios: “Cuando el gabinete sostiene reuniones y se aborda el tema de la cuarentena se reconoce que nosotros, igual que otra gente, sí podemos estar recluidos porque cada 15 días cobramos, pero ¿y los que no cobran? ¿Y los que tienen que buscarse la vida día con día? Entonces es importante tomar conciencia de eso”.
Y de manera tajante expresó: “¡No a los abusos de los altos sueldos! ¡No a este tipo de resoluciones como en este caso, que favoreció a los funcionarios de la Cofece!”
“Violó derechos”
Los cuestionamientos al trabajo de la Cofece no son nuevos. Cabe recordar que el organismo en algún momento fue denunciado por presuntamente violar derechos humanos.
Resulta que en 2017 la Cofece emitió un comunicado en el que señaló que las leyes estatales de notarios eran un “obstáculo absurdo” para competir y emprender y pidió a los congresos locales modificarlas.
Al menos 126 notarios del país solicitaron un amparo ante la SCJN al considerar que el organismo violó sus derechos y la Suprema Corte resolvió conceder la protección de la justicia a los demandantes, por la que Cofece dejó sin efectos su comunicado.
Pero antes de que la SCJN concediera el referido amparo la CNDH ya le había dado la razón a los notarios ante la Cofece en dicho asunto: el 21 de noviembre de 2018 emitió la Recomendación 60/2018 dirigida a los comisionados de la Cofece, que ya entonces encabezaba Alejandra Palacios.
Los notarios expresaron ante la CNDH que “derivado de las opiniones y pronunciamientos emitidos por personal de la Cofece con motivo del trabajo titulado Leyes estatales del Notariado se está afectando la imagen pública de los notarios públicos”.
También denunciaron los notarios que “las opiniones y recomendaciones emitidas (por la Cofece) carecen de fundamento y motivación necesaria, por lo que son violatorias del derecho a la legalidad”. Asimismo refirieron que la Cofece “carece de competencia para emitir recomendaciones respecto de la actividad notarial”.
La CNDH resolvió que, en efecto, “la Cofece no tomó en consideración que sus manifestaciones públicas podían afectar los derechos de los quejosos” (notarios).
La comisión agregó: “Con dichas acciones la Cofece, al no seguir alguno de los procedimientos establecidos en la Ley Federal de Competencia Económica, violó el derecho al debido proceso de los quejosos que se encuentran protegidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Declaración Universal de Derechos Humanos y Constitución de México ya que no respetó el derecho de los quejosos a contar con un adecuado medio de defensa, previo a las manifestaciones públicas realizadas por los representantes de la Cofece”.
La CNDH recomendó entre otras cosas que “se diseñe e imparta un curso integral al personal de la Cofece en materia de derechos humanos”.
Resoluciones y decisiones
Los reproches al trabajo de la Cofece son varios y provienen de diversos actores.
En mayo de 2019 el senador Cruz Pérez Cuéllar, de Morena, presentó un punto de acuerdo en el que planteó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación “llevar a cabo la revisión del procedimiento por el que el pleno de la Cofece designó y ratificó a encargados de despacho de su Órgano Interno de Control, sin tener facultades constitucionales o legales para ello”.
Lo anterior luego de que el pleno del organismo designó a Cutberto Arteaga Santiago como titular del Órgano Interno de Control, “transgrediendo el principio de seguridad jurídica”, según expresó el senador morenista.
Agregó: “Es inaceptable que un órgano constitucional autónomo, garante de la equidad en la competencia económica y cuyas decisiones deben estar investidas de las mayores condiciones de certeza y seguridad jurídica, haya llevado a cabo procedimientos fuera de la ley para designar indebidamente a un funcionario sin facultades para ello”.
Cabe señalar que el nombramiento referido corresponde a la Cámara de Diputados y esta incumplió con su responsabilidad, lo que dio origen a que el pleno de la Cofece llevara a cabo la designación, “ilegal” según el senador de Morena. El pasado 19 de marzo los diputados federales por fin nombraron al titular del Órgano Interno de Control del organismo.
Otro ejemplo de los cuestionamientos al trabajo de la Cofece: en marzo de 2019 el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones otorgó un amparo a la empresa Delta Air Lines para que “no surta efectos la resolución de la Cofece” en la que este organismo impuso diversas medidas para revertir lo que a su juicio eran “efectos anticompetitivos generados por las reglas de acceso y administración de la infraestructura relacionada con los servicios de despegue y aterrizaje del AICM”.
La resolución del tribunal concluyó que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (y no a la Cofece) “administrar y asignar los slots, así como hacer valer la regulación en esa materia”.
Aquí solo algunos ejemplos del trabajo del organismo que encabeza Alejandra Palacios, la misma funcionaria que en febrero de 2019 fue señalada por pagar con recursos públicos 250 mil pesos un viaje —realizado del 2 al 11 de junio de 2018— a París, Francia.
Por cierto que al ser cuestionada sobre el costo del pasaje de dicho viaje, que ascendió a 163 mil pesos, respondió: “No puse atención al costo del boleto de avión”.
Presupuesto anual de la Cofece
(Gasto por capítulos)
Presupuesto Anual 581,230,908.00
Capítulo 1000 Servicios Personales 394,831,593.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente; remuneraciones adicionales y especiales.
Capítulo 2000 Materiales y Suministros 6,701,344.00
Materiales de administración, alimentos, productos farmacéuticos, combustibles y aditivos.
Capítulo 3000 Servicios Generales 175,765,971.00
Servicios de arrendamiento, servicios de traslado y viáticos, servicios financieros y comerciales.
Capítulo 4000 Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas 3,932,000.00
Ayudas sociales.
Fuente: Manual que Regula las Remuneraciones de los Servidores Públicos de Cofece y Presupuesto de Egresos de la Federación, apartado de Organismos Autónomos