Ciudad de México, México, 24 de enero. Una periodista fue asesinada el domingo en Tijuana, el segundo crimen de este tipo en una semana en la ciudad fronteriza con California, y el tercer informador muerto en México este mes. Los dos comunicadores de Tijuana tenían medidas de protección pero eso no evitó que les mataran a tiros en uno de los países más peligrosos para la prensa.
A Lourdes Maldonado López, que cubría temas políticos y de corrupción, le dispararon el domingo cuando estaba dentro de un vehículo, confirmó la fiscalía estatal de Baja California casi a medianoche. Al fotógrafo Margarito Martínez, que llevaba dos décadas documentando crímenes, le balearon seis días antes en la puerta de su casa.
Para la reportera no era el primer ataque. En abril de 2021, acribillaron su coche y desde entonces las autoridades le ofrecieron protección de la policía municipal y un botón de pánico para emergencias, explicó a la AP Leopoldo Maldonado, sin relación familiar con la víctima, abogado de la organización en defensa de la prensa Artículo 19.
Maldonado colaboraba con distintos medios y recientemente hacía un programa de internet centrado en noticias locales. En 2019 estuvo en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde pidió ayuda y justicia laboral “porque hasta temo por mi vida”, dijo.
La reportera estuvo inmersa durante años en una disputa laboral con una empresa de medios propiedad de Jaime Bonilla, gobernador de Baja California entre 2019 y 2021 por Morena, el partido del presidente. Maldonado había ganado recientemente el litigio.
El lunes, el mandatario pidió investigar el móvil del asesinato para saber si está relacionado con esa denuncia pero advirtió que “no se puede, en automático, vincular una demanda de tipo laboral a un crimen, no es responsable adelantar ningún juicio”. También afirmó que tras la petición de la reportera se le ayudó aunque no especificó cómo. En una entrevista de julio, Maldonado explicó que sus quejas ante el presidente hicieron que los jueces tomaran en serio su caso.
“Se encontraba en mucho peligro”, aseguró Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés). “No sabemos de dónde venía ese peligro, no sabemos quién pudo haber sido el autor intelectual o el autor material, pero obviamente nos cuenta que la situación es muy seria tanto en Tijuana como en todo el país”.
El CPJ afirma que México es el estado más violento del hemisferio occidental para la prensa. El principal problema es la impunidad, reconocida públicamente por miembros del gobierno, como el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, aunque el presidente la niegue o la atribuya a la gestión de sus predecesores.
“Más del 95% de los asesinatos y desapariciones de periodistas en México nunca llegan a un juicio oral y menos a una sentencia”, afimó Hootsen. Según su recuento —el más conservador de todas las ONG—, en lo que va de esta administración, desde diciembre de 2018, han sido asesinado al menos 32 informadores y hay 15 desaparecidos.
Muchos de estos crímenes suceden en zonas de gran actividad del crimen organizado y con una violencia generalizada, como Tijuana, porque en esos lugares cualquiera puede contratar un sicario o atacar a un periodista sin que haya consecuencias.
Según los datos del gobierno federal, en diciembre Baja California fue el segundo estado con más homicidios por cada 100 mil habitantes. Solo en Tijuana fueron asesinadas casi dos mil personas.
Seis días antes del homicidio de Maldonado, en un hecho no vinculado, fue baleado el fotógrafo Margarito Martínez en la puerta de su domicilio. Veterano periodista con más de dos décadas a sus espaldas cubriendo temas policiacos, había recibido amenazas recientemente y una asociación local pidió protección para él.
Según Leopoldo Maldonado, de Articulo 19, sus compañeros lograron que tuviera “una línea directa con la Guardia Nacional”, pero ese teléfono de emergencia no le evitó la muerte.
Justo horas antes de que mataran a Martínez, se había confirmado oficialmente la muerte de otro comunicador, José Luis Gamboa, director de un portal de internet, el 10 de enero en Veracruz, en el Golfo de México. Aunque los primeros indicios apuntaban a un asalto con arma blanca, Reporteros Sin Fronteras pidió que no se descartara su labor periodística como presunto móvil porque “había denunciado y criticado fuertemente a autoridades locales por su relación con el crimen organizado”.
Desde hace diez años, México dispone de un mecanismo federal de protección en el que de están inscritos en torno a 500 periodistas y unos mil defensores de derechos humanos. Además hay sistemas similares en la mayoría de los estados. Las medidas que se pueden otorgar van desde el botón de pánico y esquemas de monitoreo a vigilancia en su casas o escoltas pero muchas veces fallan por falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno o los afectados no se sienten seguros porque no confían en las personas encargadas de protegerles.
Según el CPJ, en los últimos cinco años, diez periodistas que estaban en algún tipo de de protección han sido asesinados. Hootsen recordó, además, que hay cientos de casos de intimidaciones, de robo de equipo y de privación temporal de la libertad que nunca se investigan o ni se denuncian.
Periodistas de Tijuana alistaban el lunes protestas en esa ciudad fronteriza y el gremio entero preparaba acciones para el martes em distintos lugares del país.
“La única vía es alzar la voz”, dijo Hootsen, aunque recordaba que las protestas del pasado provocaron promesas de los gobernantes que nunca se cumplieron. Ahora confía en que el gobierno las tome en cuenta porque si no, “los siguientes dos o tres años van a ser brutales”.