Cuando agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) allanaron el complejo residencial propiedad del expresidente norteamericano Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, se encendieron las alarmas sobre un cerco que se cierra en torno del magnate por una investigación del Departamento de Justicia sobre cómo eliminó documentos oficiales de alta confidencialidad durante su mandato.
Una indagatoria que inició desde mayo de 2021, cuando Archivos Nacionales y Administración de Documentos (NARA, por sus siglas en inglés) se puso en contacto con el equipo de Trump para avisarle que tendría que resguardar y en su caso devolver diversos documentos importantes que no se entregaron antes de concluir el cargo en la Casa Blanca.
Para diversos funcionarios y congresistas integrantes del Partido Demócrata se trata de un paso esperado por el posible encubrimiento de información relacionada con la seguridad nacional.
Es además, dicen, la prueba de que nadie, ni siquiera un expresidente, es legalmente intocable para la justicia estadunidense.
La investigación para confirmar si se llevó documentos secretos de la Casa Blanca a su residencia en Florida la ordenó Merrick Garland, fiscal general de EU, pero también el FBI había pedido al Departamento de Justicia abrir una investigación sobre estos hechos para demostrar que documentos secretos fueron a parar a Mar-a-Lago en cajas de archivo de la Casa Blanca.
Y el martes 9 se recuperaron 15 de esas cajas con documentos que Trump se llevó cuando dejó la presidencia en enero de 2021.
La recuperación de las cajas con documentos generó dudas entre la clase política norteamericana y los especialistas sobre la violación de Trump a las Leyes de Registros Presidenciales promulgadas en 1978.
Estas normatividad se dio después del escándalo Watergate —cuando se descubrió una trama de espionaje que llevó a cabo Richard Nixon durante la campaña electoral de 1972— y exige que los ocupantes de la Oficina Oval conserven los registros en NARA.
Por el momento, los especialistas señalan que el exmandatario y sus aliados republicanos tratan de presentar el allanamiento a su casa como un abuso político por parte de los demócratas en colaboración con el sistema de justicia para supuestamente frenar sus aspiraciones a un nuevo periodo presidencial en 2024.
Según los especialistas consultados esta incursión a la residencia de Trump por parte del FBI crea una enorme polarización: para unos es un primer paso hacia un juicio por sus diversas violaciones a la ley; para otros, es una persecución política en medio de una gran división social cuando considera volver a ser candidato a la Casa Blanca.
Estos expertos determinan que la investigación del material clasificado en Mar-a-Lago ha puesto el foco en la ley penal que prohíbe la eliminación de registros oficiales, entre cuyas sanciones incluye la inhabilitación para ocupar cualquier cargo federal.
Pesquisas
Las pesquisas contra el expresidente son por el supuesto manejo de documentos oficiales cuando estuvo en la Casa Blanca, lo que se suma a varias investigaciones que existen en su contra.
En concreto, las instancias judiciales lo acusan de haberse apropiado de algunos documentos institucionales durante su presidencia y destruir otros más, ya que la ley establece que todos los papeles oficiales del gobierno se envíen a NARA.
Además, estas investigaciones revelan cómo el propio Trump destruía documentos durante su presidencia, ya que durante años varios exasesores de la Casa Blanca informaron que muchos papeles fueron triturados por orden del expresidente.
Esto se hizo público cuando Axios, un organismo de información política con sede en Washington, publicó fotografías que mostraban los restos de varios documentos que, según se decía, habían sido tirados por el inodoro por el propio Trump.
Estas imágenes son parte del libro Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America, publicación de la reportera del área política de The New York Times, Maggie Haberman.
Se muestran en placas que obtuvo la periodista de manera exclusiva pedazos de papel escritos con la letra de Trump en el fondo de dos inodoros.
El libro de Haberman —que se publica en EU en octubre— incluye declaraciones de funcionarios de la Casa Blanca que presenciaron la destrucción de documentos.
De acuerdo con fuentes consultadas por Haberman, se asegura que una de las fotografías era de un baño de la Casa Blanca, mientras que otra se tomó en un viaje del expresidente al extranjero.
En esos papeles puede observarse la letra escrita de Trump y sobre uno de ellos se puede leer el nombre de la congresista republicana Elise Stefanik, partidaria de Trump e integrante de la dirección del Partido Republicano.
Pendientes con la ley
De manera conjunta a esta investigación, existen diversas indagatorias que involucran al expresidente norteamericano.
Es por ello que varios fiscales y legisladores investigan cuestiones que van desde su papel potencial en el ataque contra el Capitolio hasta prácticas comerciales desleales de su empresa familiar.
Por ejemplo, se le relaciona con la invasión del Capitolio, por lo que luego de una serie de audiencias de la Cámara de Representantes que investigó la trágica toma de este centro político por parte de cientos de partidarios de Trump el 6 de enero de 2021, este organismo parlamentario ofreció una hoja de ruta para acusar potencialmente al magnate republicano del delito de “conspiración criminal”.
Los congresistas señalaron que Trump sabía que había perdido las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden, pero insistió con sus acusaciones de fraude y finalmente instó a sus partidarios en Washington para una manifestación que terminó con un violento asalto al Congreso que dejó cinco muertos.
Según legisladores, el trabajo del comité de la cámara va a la par de la investigación criminal que el Departamento de Justicia inició sobre los involucrados en el asalto a este centro parlamentario, por lo que el fiscal federal Garland ha dicho que su equipo investiga a Trump.
Otra indagatoria en su contra versa sobre cómo Trump presionó a funcionarios electorales de Georgia para incorporar los votos que necesitaba para ganarle a Biden en 2020, lo que llevó a la fiscal de ese estado a investigar la denuncia.
Al respecto, la fiscal de Distrito del condado de Fulton, Fani Willis, formó un gran jurado especial y sus investigadores entrevistaron a decenas de testigos sobre el caso con la finalidad de obtener pruebas al respecto.
Por el momento, la investigación analiza las llamadas telefónicas a los funcionarios electorales y la supuesta presión de Trump sobre las autoridades, incluido al gobernador de Georgia, Brian Kemp.
Sobre este caso en particular la fiscal Willis tuvo que solicitar escolta de seguridad reforzada del FBI luego de que Trump se defendió en enero pasado alegando una “mala conducta de la fiscalía” en un mitin en Texas en el que convocó a protestar contra “fiscales radicales, crueles y racistas”.
En materia económica, sobre el desarrollo de sus empresas, las autoridades del estado de Nueva York investigan a su vez las prácticas comerciales de la Organización Trump.
Sus pesquisas van enfocadas a evidenciar si este grupo corporativo engañó a prestamistas y autoridades fiscales sobre los valores de sus propiedades inmobiliarias.
El proceso de investigación busca determinar si Trump sobrevaloró de manera fraudulenta múltiples activos para garantizar préstamos y luego los subvaloró para minimizar los impuestos.
No obstante, los fiscales que llevaban este caso en la ciudad de los rascacielos tuvieron que renunciar a las indagatorias. En este sentido, Mark Pomerantz, fiscal que abandonó la investigación contra el exmandatario, publicó una carta de renuncia en un diario estadunidense donde denunció: “Donald Trump es culpable de numerosos delitos, incluido fraude financiero”.
Las acusaciones de estos funcionarios hacían referencia a las presiones políticas que los llevaron a renunciar al caso. En los extractos de la carta publicada se confirmó que abandonaron sus funciones en protesta por la decisión del nuevo fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, “de no acusar al político republicano”.
Abierta
Otra investigación que sigue abierta la lleva a cabo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien impulsa una revisión sobre las prácticas del conglomerado empresarial de la familia Trump en materia de valoración de propiedades y falsedad en declaraciones fiscales.
James dirige dos procesos (uno civil y otro penal) contra el emporio corporativo de Trump cuyos casos han derivado en años de acusaciones por su riqueza inflada.
La oficina de James presentó varias demandas donde acusó a la Organización Trump —con sede en esa ciudad— de prácticas fraudulentas y engañosas, incluida la alteración repetida del valor de sus activos “para obtener una serie de beneficios económicos que incluyen préstamos, cobertura de seguros y deducciones fiscales”, dice una denuncia.
Cerco
En este cerco jurídico que se ha entablado contra Trump varios políticos del ala demócrata y autoridades judiciales consideran que el también empresario debe pagar por sus actos políticos y financieros fraudulentos.
Sobre la incursión en su casa de Florida, la actual administración se deslindó del caso. El presidente Biden dijo que no tuvo conocimiento previo del hecho, además de que el actual director del FBI, Christopher Wray, fue designado por Trump hace cinco años, e incluso fue un alto funcionario del Departamento de Justicia dirigido por los republicanos.
La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, advirtió sobre el caso que “nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente de EU”. Como la mayoría de los demócratas, Pelosi lleva años pidiendo que el magnate rinda cuentas.
El congresista Eric Swalwell publicó: “Estamos siendo testigos de la diferencia entre un sistema honesto y uno corrupto. En 2020 Donald Trump nos acercó de forma peligrosa a un EU permanentemente corrupto. El Estado de Derecho toma forma. Y se avecina la rendición de cuentas”.
Ted Lieu, otro demócrata de la Cámara de Representantes, publicó en la misma red social: “Nadie está por encima de la ley”.
El Proyecto Lincoln —un grupo contra Trump— indicó en un comunicado: “Nunca antes se había producido el allanamiento a la casa de un expresidente en el marco de una investigación penal. Aunque esta orden de registro aparentemente se relaciona con el mal manejo de material clasificado, se trata de un delito grave que debe investigarse en su totalidad”.
Y remarcó la organización: “El cateo supone el primer paso para la aplicación de la ley, o para el Congreso, de hacer que Donald Trump rinda cuentas por la orquestación de una conspiración para permanecer en el poder que resultó en el ataque del 6 de enero contra la capital de nuestra nación”.
La responsable en el Congreso de la Comisión de Secretos Oficiales, Carolyn Maloney, congresista demócrata por Nueva York, emitió un comunicado en el que recordó que “los presidentes tienen el deber solemne de proteger la seguridad nacional de EU y las acusaciones de que el expresidente Trump puso en riesgo nuestra seguridad al manejar indebidamente información clasificada merecen el mayor escrutinio”.
Situación legal
El jueves 11 de agosto Merrick Garland aseguró que él tomó personalmente la decisión del allanamiento a la casa de Trump, por lo que pidió a un juez que le permita hacer pública la orden de registro por ser de interés público.
Incluso reveló que el FBI realizó el registro con autorización judicial después de considerar que Trump incumplió un requerimiento para entregar documentos clasificados y comprometedores para la seguridad de EU.
“La orden de registro la autorizó un tribunal federal tras la necesaria constatación de causas probables de indicios de delito. La orden de registro es un documento que la ley federal exige que los agentes de la ley dejen al dueño de la propiedad. El Departamento de Justicia presentó una moción para hacer pública la orden, la confirmación pública del expresidente sobre el registro, las circunstancias circundantes y el interés público sustancial en este asunto”, dijo Garland.
Destacó que la falta de explicaciones alentó todo tipo de críticas y hasta amenazas contra el Departamento de Justicia y el FBI por tomar una decisión tan drástica y sin precedentes.
Garland defendió su actuación y dijo que “sin miedo y sin favores, todos los estadunidenses tienen derecho a la aplicación uniforme de la ley, al debido proceso legal y a la presunción de inocencia”.
Y añadió: “Primero, aprobé personalmente la decisión de solicitar una orden de registro en este asunto. Segundo, en el Departamento no se toma esa decisión a la ligera. En la medida de lo posible, la práctica habitual es buscar medios menos intrusivos como alternativa a un registro y limitar el alcance de cualquier registro que se lleve a cabo”.
En tercer lugar, agregó, “permítanme abordar los recientes ataques infundados a la profesionalidad de los agentes y fiscales del FBI y del Departamento de Justicia. No me quedaré callado cuando se ataca injustamente su integridad. Los hombres y mujeres del FBI y del Departamento de Justicia son servidores públicos patrióticos y dedicados todos los días”.
Al pedir al juez hacer pública la orden de registro, dijo, se mostrará cómo la autoridad puso la orden de registro en conocimiento de los representantes de Trump. “El Departamento de Justicia pide que, si no hay oposición por parte de Trump, no solo se levante el secreto sobre la orden, sino también algunos anexos y el recibo con el listado de documentos incautados y entregados al juzgado”, explicó.
Finalmente, Garland destacó que en la investigación del material clasificado en Mar-a-Lago la clave estará en si los documentos que se encuentren son material desclasificado por Trump durante su mandato, una facultad presidencial que usó para defenderse de las acusaciones de corrupción.
“Tenemos que responsabilizar a toda persona que sea penalmente responsable de una acción ilegítima. Ninguna persona está por encima de la ley”, concluyó el fiscal.
Ley de Registros Presidenciales
Se promulgó el 4 de noviembre de 1978. Es una ley del Congreso de EU que rige los registros oficiales tanto de presidentes como de vicepresidentes y exige la preservación de los registros presidenciales.
Esta norma cambió la propiedad legal de los registros oficiales del presidente de privados a públicos y estableció una nueva estructura estatutaria bajo la cual los mandatarios deben administrar sus registros.
Se modificó en 2014 para incluir la prohibición de enviar registros electrónicos a través de cuentas no oficiales, a menos que se copie una cuenta oficial en la transmisión o se reenvíe una copia a una cuenta oficial poco después de su creación.
¿Allanamiento o registro autorizado?
El FBI estableció que contó con un permiso judicial para el registro de Mar-a-Lago. De acuerdo con la normatividad de esta agencia, los funcionarios federales piden órdenes de allanamiento cuando necesitan avanzar rápidamente en una investigación criminal o cuando les preocupa que los materiales confidenciales estén en peligro de ser movidos, escondidos, alterados o destruidos.
La solicitud la realiza el FBI si los funcionarios concluyen que la información relacionada con una investigación criminal se puede encontrar en la residencia, negocio, automóvil u otra propiedad de alguien.
Quién denunció a Trump
Archivos Nacionales y Administración de Documentos (NARA, por sus siglas en inglés) confirmó el viernes 5 de agosto que había denunciado ante el Departamento de Justicia que el expresidente se llevó documentos clasificados cuando dejó el cargo.
Luego de 72 horas el FBI consiguió un permiso judicial —que pidió el Departamento de Justicia a un tribunal de Florida— y entró en la mansión de Trump el martes 9 de agosto.