Mientras en las calles los venezolanos reclaman su libertad, la comunidad internacional exige recuento de votos, resolución de las denuncias
de irregularidades en el proceso y parar la persecución y violencia
contra opositores y ciudadanos.
Hablar de Venezuela actualmente es hablar de crisis económica, social y política. Para muchos analistas ese país se ha convertido en el epicentro de numerosos problemas latinoamericanos e internacionales: en poco más de una década ha pasado de ejercer un cierto liderazgo regional e incluso internacional con Hugo Chávez (1999-2013), a convertirse en un Estado cuasi fallido bajo la presidencia de Nicolás Maduro.
Muchos expertos lo califican como un narcoestado con un régimen crecientemente autoritario y un actor internacional contrario al statu quo, sin elecciones justas, transparentes e igualitarias.
De hecho, durante décadas los sucesivos gobiernos de Venezuela y el Consejo Nacional Electoral (CNE) han presumido de contar con un sistema de votación impecable, pero la desconfianza no radica en el sistema, sino en quienes lo manejan y en lo que ocurre antes y después de la votación.
Ejemplo de ello es que el presidente del CNE, Elvis Amoroso, anunció poco después de la media noche del 29 de julio que el actual presidente, Nicolás Maduro, ganó su reelección con 51.2% de los votos, mientras que el candidato opositor, Edmundo González, recibió 44.2 por ciento.
Las cifras contrastan con las encuestas de salida y la documentación que la oposición había recopilado en alrededor de 40% de los centros de votación, las cuales mostraban que González ganó con 70% de los votos.
Por este motivo, el resultado es calificado de fraude por la oposición y por numerosos países de la comunidad internacional.
Proceso
En Venezuela el voto es automatizado desde 2004. La empresa a cargo de las máquinas era Smartmatic, pero tras las elecciones a la Asamblea Constituyente en 2017 la compañía aseguró que “hubo manipulación del dato de participación” de al menos un millón de electores y señaló que “una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación”. Luego de la declaración, fueron despedidos por el gobierno venezolano.
Así, desde 2017 ExClé, una transnacional de origen argentino, trabaja con el ente electoral en el suministro de estas máquinas parecidas a una computadora personal.
El proceso para votar es sencillo. El elector acude a un centro de votación, presenta su documentación y una vez verificada acude a la mesa correspondiente que tendrá una máquina de voto. En una pantalla aparecen todos los candidatos disponibles y se pulsa sobre el elegido. Por cada voto la máquina emite una papeleta del sufragio que registró y el elector la deposita en una urna.
De esta forma, por un lado, cada máquina registra los votos que envía a los centros de totalización en Caracas; y, por otro, a cada máquina le corresponde una urna donde se recogen estos mismos votos en papel. Por lo tanto, los votos se encuentran registrados tanto digitalmente como en papeletas.
Sin embargo, Amoroso afirmó que durante la jornada electoral hubo un ataque “terrorista” cibernético que demoró la transmisión de datos, lo que provocó dudas ante las denuncias opositoras sobre el resultado.
Pero los expertos en el sistema electoral venezolano explican que es casi imposible un hackeo a las 30 mil máquinas del CNE. Exponen que las máquinas no transmiten los datos por internet, sino a través de líneas telefónicas encriptadas. Entonces, para hacer un hackeo de esa naturaleza se tiene que hackear línea por línea y máquina por máquina.
Actas
Durante la votación los partidos tienen derecho de colocar personas conocidas como testigos de mesa. Estos son fundamentales no solo para vigilar que durante la jornada electoral no se cometa ninguna irregularidad, sino también para tener acceso a las actas de escrutinio final, esenciales para auditar el resultado.
Según datos de la oposición, lograron testigos en 95% de las mesas. Cada testigo de mesa que se tiene es un acta que se puede pedir y, por lo tanto, se puede auditar. Pero la oposición denunció que solo tuvo acceso a 40% de las actas.
Según analistas esto se debió a que el gobierno movilizó el llamado Plan República —el despliegue militar que ocurre durante los procesos electorales— para no permitir que los testigos tuvieran una copia del acta de escrutinio.
Entre las medidas del Plan República se encuentra el cierre de centros de votación que aún no han emitido la copia del acta y el retiro forzado de los testigos de mesa para que no haya auditoría de mesa por mesa. De tal forma que si no hay actas o no aparece el resultado que anunció el CNE no es auditable y no se tiene cómo comparar.
Coerción y fraude
La maquinaría del fraude electoral en Venezuela nació con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Entre las medidas implementadas se encuentra el financiamiento electoral. La oposición no cuenta con presupuesto público y se persigue a quienes la apoyan económicamente, mientras el gobierno dispone de todos los fondos y logística del Estado. Por otro lado, los medios de comunicación no afines al gobierno son perseguidos y bloqueados en internet y otros foros.
Para el politólogo y experto electoral venezolano Jesús Castellanos Vásquez “las ventajas del chavismo se plantean en la etapa preelectoral, electoral y poselectoral con elementos que son transversales, como la parcialidad de la administración electoral, el dominio del resto del aparato institucional y el manejo preferencial del marco jurídico”.
Lo ocurrido el domingo 28 de julio, agrega, “retrata a la perfección hasta dónde llega la ingeniería fraudulenta para sumar votos a favor del gobierno y restárselos a la oposición: funcionarios y militares en los centros trabajando para ello, la famosa Operación Remate para obligar y acarrear votantes en los centros, el uso y abuso de las herramientas de control social para que su ‘público’ vote por el candidato oficialista, entre muchos otros”.
Castellanos destaca el tema del voto de los venezolanos en el exterior. “Apenas 69 mil personas pudieron participar desde los países donde residen. Un número sumamente bajo en comparación a los casi siete millones de migrantes venezolanos que hay repartidos por el mundo”.
A ello se suma que Amoroso inhabilitó meses antes de la contienda a María Corina Machado de forma ilegal y anticonstitucional porque se trataba de la gran favorita para las elecciones primarias de la oposición.
Así preparó un resultado amañado y lo presentó al mundo, pero sin ningún tipo de actas que lo confirmaran. La publicación detallada de los resultados es un paso previo necesario para proclamar al presidente electo, pero eso no fue problema y Amoroso declaró ganador a Maduro como presidente electo tan solo un día después de las elecciones.
“Más de 26% de los niños de cero a 17 años no va a la escuela”.
Pruebas
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, y el candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, han mantenido un rechazo rotundo a los resultados anunciados por el CNE.
Machado asegura que gracias al trabajo de simpatizantes lograron rescatar, con la ayuda de muchos voluntarios, 73.2% de las actas de votación. “Tenemos cómo probar la verdad”, sostiene.
El desglose de esos votos, según Machado, acreditaría un triunfo de la oposición. Una victoria, afirma, “inequívoca, fehaciente, irreversible matemáticamente”: según las actas en poder de la oposición Maduro tiene dos millones 759 mil votos y González seis millones 275 mil sufragios.
La líder opositora afirma que pudo rescatar ese material gracias a información que se filtró de los miembros de mesa y la exigente pesquisa de sus propios testigos electorales.
Al mismo tiempo, Machado desestima las acusaciones del fiscal general, Tarek William Saab, en torno del presunto ataque cibernético que supuestamente ella organizó contra el CNE el día de las elecciones y por los cuales anunció una investigación penal.
Movilización
El descontento por el resultado provocó multitudinarias protestas de los venezolanos. Un día después de la jornada electoral la gente se lanzó a las calles acusando al gobierno de fraude. Hordas de jóvenes rodearon el Palacio de Miraflores, la residencia presidencial, en Caracas, a pesar de que la ciudad estaba tomada por las fuerzas de seguridad del gobierno.
Y no solo en Caracas, en otras ciudades también se lanzaron a las calles en rechazo al resultado. En cinco de los 23 estados de Venezuela se derrumbaron estatuas de Hugo Chávez. A medida que pasaron las horas la situación en la capital subió de tono hasta derivar en enfrentamientos con la policía. Los colectivos, grupos callejeros chavistas expertos en confrontaciones, se enfrentaron también a los manifestantes, con disparos de bala en algunos casos.
Al menos 16 personas —incluyendo un soldado— murieron y más de mil 200 personas fueron detenidas como resultado de las protestas, según grupos de derechos humanos, funcionarios del gobierno y familiares de las víctimas.
Reacciones
Luego de darse a conocer los resultados de las elecciones gran parte de la comunidad internacional anunció abiertamente que desconfía de los números presentados. En primer lugar, porque hasta el momento el oficialismo no ha ofrecido los datos concretos registrados en cada centro electoral. Y en segundo, al no haber demostrado que el retraso en el anuncio del conteo se debió a un hackeo proveniente de Macedonia del Norte, como denunció el fiscal general.
Los países preocupados por la situación venezolana —de Estados Unidos a la Unión Europea; o naciones latinoamericanas como Brasil, Colombia y México— pidieron al gobierno de Maduro realizar un recuento transparente, de la mano de auditores independientes, que despeje todas las dudas.
En tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció que solicitará a la Corte Penal Internacional (CPI) que ordene el arresto de Maduro, a quien acusó de haber cometido un “baño de sangre” contra los manifestantes tras las elecciones.
Y en una clara muestra de rechazo al resultado, el jueves 1 de agosto el gobierno de Estados Unidos anunció que reconoce al opositor González Urrutia como el ganador de las elecciones.
El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, afirmó que dada la abundante evidencia “es claro para Estados Unidos y, más importante, para el pueblo venezolano, que González obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales del 28 de julio”.
Un país en crisis
Más de 9.3 millones de venezolanos sufren de inseguridad alimentaria de moderada a grave: un tercio de la población.
De acuerdo con Naciones Unidas siete millones de venezolanos necesitan asistencia humanitaria urgente.
Más de siete millones de venezolanos han huido de su país.
El Programa Mundial de Alimentos informa que 59% de los hogares en Venezuela no tiene ingresos para comprar alimentos suficientes.
En esta década la economía venezolana cayó 75 por ciento.
La falta de electricidad y agua potable merma los servicios hospitalarios.
El deterioro de las infraestructuras y la falta de servicios básicos en las zonas rurales han empujado a la población a trasladarse a los centros urbanos.